La oposición descalifica la negociación del Plan Rambla y de la Ciudad de la Justicia

LV

Las negociaciones de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, para desbloquear el Plan Rambla, por una parte, y para hacerse con unas instalaciones en las que ubicar la Ciudad de la Justicia, por otra, fueron ayer muy criticadas por el PP y MC. En el primer caso, ambos partidos dudan de la viabilidad del convenio urbanístico que sustenta la operación. En el segundo, consideran respectivamente que es «un bulo electoralista» y una operación demasiado costosa que no tendría por qué pagar el Ayuntamiento.

El equipo de gobierno local llegó a un acuerdo con Defensa anteayer para hacerse con la parcela de la Factoría de Subsistencias de la Armada para albergar la futura Ciudad de la Justicia. La tasación provisional es de entre seis y siete millones, que tendrán que salir de las arcas municipales. Posteriormente la propiedad pasaría al Ministerio de Justicia, que es el encargado de construir las instalaciones. La firma del protocolo que establecería el calendario de pagos está prevista en marzo. No obstante, ahora está todo supeditado a la posible convocatoria de elecciones generales. Castejón sigue trabajando en ese plan y espera rebajar el precio, dado que Defensa, dijo, le debe un millón de euros al Ayuntamiento.

Para el portavoz municipal del PP, Francisco Espejo, «no se puede hablar de una negociación brillante, cuando se trata de comprar por tanto dinero una instalación que luego habrá que ceder». «Castejón vuelve de cada acuerdo con más facturas y más cargas para los cartageneros», indicó y dudó de «su capacidad para acordar ahora con el Ministerio de Justicia unas obras que no tienen plazos ni presupuesto». A su juicio, la regidora demuestra unas «prisas» más propias de «un bulo electoralista».

Por su parte, MC destacó que la instalación nacerá «pequeña» . Su presidente, Jesús Giménez, censuró que no hayan buscado terrenos que ofrecían más posibilidades y de los que, según indicó, podrá disponer el Ayuntamiento sin pagar un euro, como los del detrás del Centro Comercial Mandarache. «Además, compraremos un solar a un Ministerio para cedérselo a otro. Eso en otras partes no pasa», añadió.

En el caso del Plan Rambla, su parque y sus 1.670 viviendas, Francisco Espejo anunció que pedirá «los informes jurídicos sobre la vigencia del convenio urbanístico» reflotado en la negociación entre su promotor, Tomás Olivo, y la alcaldesa. Espejo manifestó sus dudas sobre la vigencia de ese convenio «que no recoge los contenidos ni establece los plazos que exige la ley».

Por su parte, el portavoz de MC, José López tacho de «ilegal» el pacto, por la misma razón. La fecha tope para actualizar el convenio y que siga activo durante cuatro años es el 1 de octubre de 2020.