El AVE obligará a poner 3,4 kilómetros de pantallas antirruido junto a 226 casas

Estas barreras, de 3,5 metros de altura, son imprescindibles para cumplir con el Real Decreto 1367/2007, que fija unos límites de 60 decibelios por la mañana (a partir de las siete) y por la tarde, y de 50 por la noche (a partir de las once). Para alcanzar esta «calidad acústica», habrá que destinar 150 euros por metro cuadrado de pantalla, sin incluir la cimentación. Así lo establece el análisis de impacto ambiental del estudio informativo para la conexión por alta velocidad Murcia-Cartagena, recién publicada en el Boletín Oficial del Estado tras cuatro años de parón en el Ministerio de Medio Ambiente.

El estudio señala que el trazado propuesto (llamado 'Alternativa Este') es, de los tres planteados, el que afecta a menos edificaciones. Las otras dos opciones eran la centro, que preveía soterrar la línea a la altura del aeropuerto de Corvera y hacer un supertúnel en la Sierra de Carrascoy, cerca del Puerto de la Cadena, y la oeste, que habría pasado por Fuente Álamo.

En todo caso, se ha planificado la elaboración de estudios de detalle, para valorar la instalación de medidas de atenuación acústica, incluidas pantallas, en los tramos que crucen espacios de interés natural protegidos. El objetivo es preservar la fauna.

Como ejemplos, el estudio de impacto ambiental recoge el Corredor Este, que atraviesa el espacio de interés natural protegido Monte del Valle-Sierras de Altaona y Escalona, catalogado como Zona de Especial Protección de Aves (Zepa).

El itinerario escogido para la alta velocidad, cuyas obras siguen sin fecha de inicio, puesto que aún queda licitar el proyecto constructivo, abarcará 45,3 kilómetros. Y, a partir de las exigencias de Medio Ambiente, que ha analizado las propuestas de distintas administraciones públicas, también se prestará especial atención a la protección del medio natural y de los yacimientos arqueológicos.

En el primer caso, el Gobierno central prevé dedicar 288.000 euros para la vigilancia ambiental durante las obras y los tres primeros años posteriores a su recepción provisional; y en el segundo, habrá una partida de 72.000 euros para la realización de catas superficiales y el seguimiento de los yacimientos. En ambos casos, habrá una unidad de control cada diez kilómetros.

Protección del patrimonio

En el área ambiental, habrá varios millones de euros para medidas como la plantación de árboles y arbustos (1.556.220 euros); la revegetación e integración paisajística, mediante la hidrosiembra de taludes con especies herbáceas y los riegos de mantenimiento (952.380); la restauración de vertederos (667.620), adonde se llevará 933.380 metros cúbicos, procedentes de los desmontes; el tratamiento de suelos (476.100); la restauración por las obras de embocamiento de túneles (260.000); y la apertura de pasos para la fauna (46.800 euros).

Asimismo, para salvar «la zona de relieve más accidentado» de la Sierra de Altaona, a la altura del puerto de San Pedro, será necesario abrir un gran «túnel en mina, de vía doble». Tendrá 2.189 metros de longitud y costará casi 35 millones de euros. La opción centro, un corredor de 45,9 kilómetros, planteaba «un largo túnel» 15 kilómetros, para atravesar la Sierra de Carrascoy y salir después del aeropuerto de Corvera, lo que habría costado 332,3 millones de euros.

Esta alternativa fue propuesta por el Gobierno regional y plasmada en planos en el año 2010. El retraso en desechar esta superestructura, por su inasumible cuantía, ha contribuido a a la demora en los trámites administrativo del AVE, cuyas obras siguen sin fecha de inicio. El Ejecutivo autonómico asegura que empezarán el próximo año.

En cuanto al ámbito arqueológico, a raíz de la solicitud de la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad, la administración central del Estado ha establecido que, «como no se ha realizado prospecciones específicas en el ámbito de los trazados, se deberá profundizar en el estudio de los puntos del patrimonio histórico artístico que pudieran verse afectados por las obras». Lo mismo regirá para la eventual presencia de bienes de interés paleontológico, etnográfico e histórico.

Habrá que «reducir el riesgo de destrucción o alteración de los posibles restos», antes de «efectuar cualquier movimiento de tierras, particularmente en las áreas en las que se proyecta la ejecución de nuevas explanaciones y la apertura de viales y caminos de servicio, así como en las instalaciones auxiliares de obra, vertederos y subestaciones» eléctricas. Y en la Hacienda de los Vidales, en la diputación de La Palma, se respetará «las edificaciones con protección especial de patrimonio cultural».