El Ministerio sopesa otra vez construir la Ciudad de la Justicia de Cartagena frente al Santa Lucía

Fuentes municipales y estatales confirmaron a LA VERDAD que el Ministerio de Justicia y el Ayuntamiento han retomado en las últimas semanas las conversaciones para cerrar un acuerdo, que permitiría desbloquear este proyecto estratégico para el municipio y para el conjunto del partido judicial de Cartagena tras diez años de retraso.

Dentro de estos contactos, la alcaldesa, Noelia Arroyo, mantuvo el 14 de octubre una reunión con representantes del ministerio que dirige Pilar Llop. El encuentro, que tuvo lugar en la sede de este departamento estatal, permitió abordar, entre otros asuntos, la planificación de la urbanización de la parcela, incluidos los accesos por carretera.

Según fuentes conocedoras del expediente, el Ministerio ha venido planteando la posibilidad de que sea el Consistorio el que asuma el coste de estas obras. Y las autoridades locales han insistido en que Justicia debe incluir estos trabajos en el proyecto que saque a licitación.

Tanto el gobierno local como el estatal evitaron informar sobre esta cuestión. No obstante, a preguntas de este periódico Arroyo mostró su expectativa de que pronto haya un pacto que permita empezar a «hacer realidad un proyecto fundamental para Cartagena». Así, este inmueble solucionará la falta de espacio en el actual Palacio de Justicia (en la calle Ángel Bruna), acabará con la dispersión de órganos judiciales en locales alquilados en varias zonas de la ciudad y permitirá la apertura de nuevos tribunales.

En enero, el ministerio, entonces con Juan Carlos Campo al frente, cambió sus planes y alegó que necesario encontrar la solución «más óptima» para esta infraestructura «estratégica». Eso pasaba, argumentó, por garantizar su entrada en funcionamiento «con la mayor rapidez posible» y con un coste «razonable», en función de la disponibilidad presupuestaria en plena pandemia.

En enero pasado, fuentes estatales mostraron su temor a que los trámites urbanísticos previos a la construcción impidieran disponer del campus judicial al menos en cuatro años, un plazo que según sus cálculos sería mayor si la concesión de la licencia se retrasaba por decisiones judiciales relativas al convenio urbanístico Novo Carthago, al que está ligada la parcela. En la institución municipal aseguraron que la tramitación podría ser rápida.

Al final, tras desechar Cabezo Beaza, como antes descartó la Factoría de Subsistencias de la Armada (el Ayuntamiento iba a comprar a Defensa esta finca de la Avenida Reina Victoria por 7 millones de euros y cederla), Justicia ha reconsiderado Santa Lucía. Y cada día que pasa crecen las críticas a nivel político, ciudadano y de los profesionales del sector, que lamentan la demora y los continuos contratiempos.

Para encargar la redacción del proyecto, el Ministerio dispone de la partida de 50.000 euros incluida en los presupuestos Generales del Estado de 2021. El proyecto de las cuentas estatales de 2022 también recoge una cifra similar. Y, previa petición de la alcaldesa a los senadores de su partido, el PP ha presentado una enmienda para elevar la cifra a un millón.

La plataforma integrada por el Colegio de Abogados, el Colegio de Procuradores, la Federación Vecinal, la Cámara de Comercio, COEC y la Asociación de Graduados Sociales, así como el Grupo Municipal MC, han reclamado que Arroyo convoque ya la Mesa de la Justicia, cuya reunión urgente pidieron en junio. La regidora espera a que el Ministerio se defina y haya «cuestiones concretas de las que informar» a los integrantes de este órgano de participación.

«Cartagena ha perdido otro año en materia de justicia y Arroyo se esconde», afirmó este miércoles el portavoz adjunto de MC, Jesús Giménez. Y añadió: «Ojalá sea porque su plan es anunciar que ya hay acuerdo con el Ministerio, aunque incluso eso llegará con retraso».