El Ministerio sopesa hacer la Ciudad de la Justicia de Cartagena en otros terrenos de Santa Lucía o en San Ginés
Encarga una valoración propia de los costes de urbanización de la parcela próxima al hospital, que el Ayuntamiento calculó en 1,8 millones de euros
Una década y media después, el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cartagena sigue dando tumbos en los despachos. Mientras abogados, procuradores, vecinos, ... empresarios, jueces, fiscales y otros colectivos reclaman que se concrete una ubicación definitiva e iniciar la construcción del complejo, el Ministerio de Justicia sigue sin decantarse por ningún emplazamiento. Uno de los últimos movimientos realizados por el departamento que dirige Pilar Llop consiste en estudiar la posibilidad de edificar el inmueble en terrenos del barrio de Santa Lucía distintos a los ofrecidos por el Ayuntamiento o en el entorno de San Ginés y la barriada Virgen de la Caridad (Las Seiscientas). Ya sopesó y descartó el polígono Cabezo Beaza, el antiguo Hospital Naval y la Factoría de Subsistencias de la Armada.
El Gobierno central no ha descartado la opción de aceptar la cesión de una parcela municipal situada frente al Hospital Santa Lucía, pero tampoco dice «sí». Sondea otras opciones, con dos premisas esenciales: que el suelo ofrezca «facilidades» técnicas y administrativas de urbanización y que, si debe comprarlo, el precio sea «razonable». Todo ello, en un proyecto que Llop cifró en febrero en 38 millones de euros.
La institución municipal calculó en 1,8 millones de euros el dinero necesario para dotar de servicios a la parcela cercana al centro sanitario. Sin embargo, Justicia ha encargado su propio informe económico, ante las «dudas» surgidas sobre esa cantidad. Así lo aseguraron a LA VERDAD fuentes de la Administración estatal, que pusieron como ejemplos la construcción de los accesos por carretera y las instalaciones de suministro eléctrico.
Tiene «dudas» sobre posibles problemas técnicos y administrativos relativos a los accesos y a la instalación eléctrica
Asimismo, el Ministerio está realizando consultas sobre la posible contaminación del suelo por residuos industriales, dado que en esta zona de la ciudad hubo hasta hace unas décadas actividades industriales asociadas a la fundición de plomo.
La alternativa de otro solar, de propiedad privada o pública, en Santa Lucía, San Ginés o, eventualmente, otra zona de la ciudad pasa por garantizar suficiente espacio para albergar todos los juzgados que hay ahora en Cartagena y para futuros órganos, así como un aparcamiento de vehículos.
La parcela que el Ayuntamiento puso sobre la mesa en noviembre de 2020, y que el Ministerio llegó a considerar viable, tiene 25.000 metros cuadrados. Está calificada en el Plan General vigente, de 1987, como sistema general, lo que permite su ocupación para servicios públicos. Las autoridades locales destacan que el planeamiento urbanístico no establece condiciones específicas de edificabilidad, alturas o retranqueos, por lo que la parcela puede adaptarse al proyecto que se fije. Pero en Justicia revisan con lupa la documentación disponible.
El 24 de marzo, la Mesa de la Justicia de Cartagena aprobó una declaración institucional donde pidió que el Ministerio se pronunciara con urgencia sobre la idoneidad de la parcela municipal, que la acepte de manera oficial y que inicie los trámites para edificarla. La alcaldesa, Noelia Arroyo, destacó que el Ayuntamiento había remitido ya catorce escritos a los tres últimos ministros y solicitó «una solución urgente» al Gobierno central, de PSOE y Unidas Podemos.
La resolución de la Mesa fue respaldada por el gobierno local (formado por PP, Ciudadanos y no adscritos), MC, Vox, Unidas Podemos, Colegio de Abogados, Colegio de Procuradores, Asociación de Graduados Sociales, COEC, Cámara de Comercio y Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena.
Juzgado Mercantil
La Mesa también reclamó a la ministra que «comience de forma inmediata la actividad del Juzgado de lo Mercantil, en la sede cedida por el Ayuntamiento el año pasado en el Palacio de Molina, una vez acabadas las obras de acondicionamiento». Hace unos días, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Pascual del Riquelme, calculó que empezará a funcionar entre junio y septiembre.
Los abogados reclaman estudiar todas las opciones y elegir ya el lugar que permita construirla antes
Cinco días después de la reunión de la Mesa de la Justicia, el Colegio de Abogados de Cartagena pidió formalmente al Ministerio de Justicia que, «de forma inmediata, se estudien las distintas opciones existentes» para ubicar la Ciudad de la Justicia, «entre las que se encuentra la parcela ofrecida por el Ayuntamiento, y cuantas otras hubieran llegado al conocimiento» de esta institución.
Asimismo, reclamó que por parte del ministerio que dirige Pilar Llop «se acepte la parcela que ofrezca mayores garantías de celeridad y cumpla los requisitos exigibles, de cara a acometer el proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia forma inmediata y que la misma esté terminada en el menor tiempo posible».
«Insistimos en que la ciudad de Cartagena necesita que se adopte la decisión urgentemente», señaló el colectivo de letrados, en un escrito enviado al delegado del Gobierno, José Vélez, el 29 de marzo. En el documento, firmado por el decano del Colegio, Ángel Méndez, en representación de la Junta de Gobierno de su entidad insta a Vélez a «comunicar al Ministerio de Justicia la acuciante necesidad de adoptar la decisión», para empezar las obras cuanto antes. Y recuerda que «este proyecto acarrea ya más de quince años de retraso, desde que se empezara a poner de manifiesto su necesidad por las distintas instituciones, agentes sociales y sociedad civil».
Se trata de una necesidad que, «a estas alturas, es precio solucionar de manera inaplazable», recalcaron. Y aludieron así a la falta de espacio en el Palacio de Justicia, la dispersión de juzgados en locales alquilados y la ausencia de un lugar donde albergar los órganos de futura creación.
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