Los padres piden sellar primero dos balsas mineras junto a colegios en La Unión y Cartagena

Su presión, la de la comunidad escolar y la del Ayuntamiento, así como la intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil llevaron a la Comunidad Autónoma a hormigonar la zona afectada por residuos procedentes de la histórica actividad minera de la Sierra de Cartagena y La Unión. Esta cesó unas tres décadas antes, dejando tras de sí un panorama de abandono a lo largo de cerros y poblaciones, en medio de la inacción de distintas empresas y la pasividad de las administraciones en cuanto al sellado y la restauración ambiental de escombreras, balsas y ramblas. Todo ello, además, en la cuenca vertiente del Mar Menor, que tiene en esta tóxica herencia industrial uno de sus focos de contaminación.

Con 12 años, al igual que este mes hará su hermana, Andrea, Hugo Ortuño pasó al Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Sierra Minera, situado en La Unión, a escasos cuatro kilómetros de su pueblo. La historia se repitió porque en el patio de este centro, que también es de carácter público, las autoridades detectaron concentraciones de arsénico, plomo, zinc y cobre por encima del nivel legal de prevención.

De nuevo, tras un rosario de denuncias vecinales y del edafólogo cartagenero Peñas, actual investigador de la Fundación Séneca en la Universidad de Limoges (Francia), la Consejería de Educación actuó como en el Llano. Y tras encargar un análisis de riesgo, cubrió el terreno con una solera de hormigón. Lo mismo hizo el Gobierno regional en ese septiembre de 2019 en el Instituto María Cegarra y en el estío de 2020 en el colegio de educación especial Enrique Viviente, ambos en La Unión.

Un lustro después, lejos de haber acabado, la batalla de Juan Ortuño, de la Plataforma de Afectados por los Metales Pesados (de la que es portavoz) y de otros colectivos, como la asociación Ecologistas en Acción, sigue en varios frentes, entre ellos el administrativo y el judicial. Porque millones de toneladas de residuos mineros, dispersados por el viento y la lluvia en forma de partículas contaminantes, siguen presentes dentro y fuera de las poblaciones, con un riesgo «inadmisible» para la salud pública y el medio ambiente.

Así lo han probado múltiples estudios científicos y reconocido las administraciones, que han comprometido en los últimos meses inversiones por más de 75 millones de euros para obras en ramblas, depósitos y zonas urbanas en los próximos tres años. Eso incluye también la Sierra de Mazarrón.

Estas intervenciones, que podrían empezar a partir del último trimestre del año, marcarán el punto de inflexión reclamado por vecinos y padres de alumnos, que exigen rapidez y cuestionan el orden de prioridades establecido por la Comunidad y el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

Exigen iniciar los trabajos en la Balsa San Agustín, un depósito de residuos ubicado a escasos diez metros del colegio del Llano, y en la terrera que linda con el colegio unionense Enrique Viviente. En un círculo vicioso, los hermanos Hugo, quien ya tiene 15 años, y Andrea fueron a la primera de esas escuelas y ahora van al instituto situado cerca de la segunda. Entre ambos centros está el 'gachero' donde se amontonan los restos de la antigua fundición de plomo El Porvenir.

Juan Francisco Ortuño recuerda que los análisis de sangre realizados por la Consejería de Salud, a través de dos programa de control, arrojaron la presencia de plomo en la sangre de su hijo y de su mujer. Por ello, instó a los políticos a «que den preferencia a las obras en los núcleos habitados» y que, en particular, «tengan sensibilidad con los niños y se empiece de una vez a arreglar el entorno de los centros educativos». Al Enrique Viviente acuden menores y jóvenes de hasta 21 años con alguna discapacidad intelectual.

La Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Comunidad mantiene, en todo caso, su decisión de llevar a cabo como primeros trabajos la estabilización y seguridad estructural del depósito El Lirio. En este departamento, que dirige Horacio Sánchez, insisten en que los estudios revelan el especial riesgo para la salud pública, el medio ambiente y la seguridad de las personas y de los bienes de esta balsa, ubicada en Los Belones, junto al complejo turístico La Manga Club. Los trabajos costarán cerca de 6 millones de euros, de los cuales 4 proceden de una subvención del Ministerio para la Transición Ecológica. Después, la Administració tratará de recuperar el dinero, pasando la factura al dueño de la terrera, la empresa Tuscola Port.

En otra ejecución subsidiaria de obras, al incumplir los titulares sus obligaciones, la Dirección General acometerá el sellado, la estabilización y la restauración ambiental de la balsa San Cristóbal I, en Mazarrón. Para ello, espera recibir 1,3 millones de euros del Ministerio antes de que acabe 2022. Ya en 2018 inyectó 1,6 millones en la balsa San Cristóbal II, donde los técnicos regionales han visto que «la instalación se está mimetizando con el paisaje y que se está revegetando la zona».

Dentro de los numerosos expedientes que la Dirección General asegura estar tramitando para forzar a los dueños de los terrenos a actuar, en la Sierra de Cartagena y La Unión están los de El Descargador I y II. Ambos están bloqueados, a la espera de que los juzgados resuelvan los recursos planteados por la empresa Portmán Golf, que declinó aportar su visión del asunto a este diario. En todo caso, en el informe de julio sobre los avances en el «Marco de Actuaciones prioritarias para la recuperación del Mar Menor», el Ministerio incluyó estas dos balsas entre los «emplazamientos mineros peligrosos abandonados» que prevé restaurar.

Es más, ha puesto ya fecha al «inicio de la contratación» de los proyectos: marzo de 2023. Para El Descargador I prevé un presupuesto de 4,46 millones de euros y para El Descargador II, de 3,04 millones. También en seis meses espera licitar el plan de Pocilgas, con 1,6 millones. En total, el departamento que dirige Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno, ha planificado 26 grupos de actuaciones, sobre una superficie de 200 hectáreas y un ámbito de restauración hidrológico-forestal de 490 hectáreas.

Para todo ello dispone de 70 millones, de los que 40 serán para balsas y 30 para cauces. Dentro de este segundo subgrupo, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ya ha encargado a la empresa estatal Tragsa la restauración y reducción del riesgo de inundación en las ramblas de Las Matildes, Beal, Ponce y La Carrasquilla. A ellas dedicará 7,7 millones.

Para acometer este elevado volumen de inversiones, el Miteco aprovechará la llegada de fondos de la Unión Europea, entre ellos los de la recuperación tras la pandemia. Paradójicamente, los efectos de la Covid -19 y de la degradación del Mar Menor beneficiarán a la Sierra y a sus habitantes. Al menos en la parte que da a la laguna.

En la Oficina Técnica del Mar Menor, que coordina Francisca Baraza, destacan el esfuerzo del Gobierno de España por dar soluciones, aunque recuerdan: «Las competencias continúan siendo de la Comunidad Autónoma». En este caso, al tratarse del entorno de la laguna, explicaron, «las obras de restauración mineras han sido declaradas de interés general por Real Decreto, para habilitar a la Administración General del Estado» a actuar. Según fuentes conocedoras de los expedientes, ya hay conversaciones con los propietarios de los terrenos, para su cesión, adquisición o expropiación. Y están siendo redactados algunos proyectos «para que la tramitación administrativa y, en su caso ambiental, arranque en noviembre o diciembre», indicaron en la Oficina.

Respecto a las peticiones vecinales, señalaron que «para definir con la mayor precisión posible las zonas de mayor sensibilidad ambiental y social, se han puesto en marcha talleres participativos». En ellos, «a las instalaciones definidas en la Ley 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor, se han incorporado otros terrenos, como varios aledaños a Llano del Beal». «Se está trabajando con las principales instituciones científicas nacionales y regionales para definir las soluciones más eficaces», destacaron.

Precisaron que «una vez que se cuente con los resultados de los estudios, se realizarán nuevas jornadas participativas para acabar de definir el ámbito y las soluciones de forma conjunta». Y concluyeron: «Las actuaciones serán sometidas a los trámites de participación e información reglados y, en caso de que sea preceptiva, a la evaluación de impacto ambiental». No precisaron fechas, algo que inquieta a los vecinos.

Sobre Portmán, cuyos vecinos han pedido que esta zona no sea excluida de las inversiones por estar en la vertiente del Mediterráneo [la regeneración de la bahía de Portmán es un proyecto aparte], la consejera de Empresa, Valle Miguélez, señaló que este verano envió una carta a Ribera. Le expuso «el malestar de los vecinos» de este núcleo de La Unión y le pidió incluir balsas de la zona en sus planes. Según Miguélez, el Ministerio respondió que «no le consta el malestar», que no varía su criterio y que «apela a la colaboración entre administraciones». La Comunidad, dijo la consejera, seguirá «con los requerimientos a los titulares para que ejecuten obras de estabilidad».

En la Consejería de Medio Ambiente, que dirige Antonio Luengo, aseguran que van a someter a evaluación ambiental el Plan de recuperación ambiental de suelos afectados por la minería (Prasam). Es un requisito para que tenga validez jurídica. En 2018, el Gobierno regional anunció que este programa movilizaría una inversión de 85 millones, a través de la colaboración público-privada.

Medio Ambiente también hará una campaña de medición de la concentración de metales en el aire. Lo hará durante 15 semanas en Mazarrón, La Unión y Cartagena, donde instalará captadores. El presupuesto es de un millón.

«Vivimos esta situación muy al límite. Vemos que estamos luchando y luchando y que no hay movimiento ninguno. Y los críos, mientras, están ahí día tras días, año tras año, respirando las partículas contaminadas que salen del 'gachero' que hay pegado al colegio cuando sopla el viento».

Lo denuncia Pedro Hoyos, padre de Juan Pedro, alumno de 11 años de la escuela pública Enrique Viviente, a las afueras de La Unión y a pocos metros del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Sierra Minera. Ante los residuos ennegrecidos, Paqui González respira hondo. Recuerda que, como le ocurrió a Juan Pedro, un análisis reveló la presencia de plomo en el organismo de su hijo, David.

Además, el crío, de 15 años, sufre poliquistosis renal. Solo le funciona un riñón. Paqui clama: «No quiero más palabras y promesas de los políticos, sino hechos. Me quema la sangre ver que pasa el tiempo y no quitan la montaña de residuos, ni la cubren, ni plantan árboles, ni nada. Entiendo que hay muchas balsas en la Sierra Minera donde actuar, pero la salud de los niños debe ser lo primero».

«Como padre y esposo, sientes desesperación, impotencia y rabia al ver que tu hijo y tu mujer tienen plomo en la sangre y que vivimos expuestos al polvo tóxico y a las escorrentías mineras, por el abandono de las empresas y la pasividad de las administraciones públicas», lamenta Juan Ortuño, vecino de Llano del Beal. Junto a sus hijos, Hugo y Andrea, Ortuño muestra la balsa San Agustín, a pocos metros del colegio público. Y lamenta los cinco años de retraso en sellar esta terrera. La mitad es del Ayuntamiento de Cartagena y la otra, de la empresa Portmán Golf.

Le duele «haber sufrido críticas e incluso insultos de otros vecinos del pueblo por decir la verdad y reclamar lo que es justo, y el desamparo de fiscales y jueces», cuando la plataforma ciudadana de la que forma parte ha invocado el derecho a la protección de la salud y del medio ambiente. Menciona la excepción del Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena, que ha ordenado obras urgentes en el solar de la vieja Balsa Jenny, de la Comunidad Autónoma, por los vertidos al pueblo y al Mar Menor.

Ortuño pide que la Consejería de Salud retome el seguimiento médico de los vecinos, pues «ningún valor de plomo es seguro». Fuentes de Salud se limitaron a indicar que «el Proyecto Centinela continúa» y que «se realizan análisis de metales a los ciudadanos que lo solicitan».