El Ministerio limita a un estudio su actuación en la Sierra Minera

Protesta por los metales pesados en Lo Poyo, en 2018. / J. M. RODRÍGUEZ
Protesta por los metales pesados en Lo Poyo, en 2018. / J. M. RODRÍGUEZ

La CHS encarga a la UPCT un informe del origen de los metales pesados que llegan a las ramblas de La Carrasquilla, Ponce y El Beal y al Mar Menor

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ

El Gobierno de España limitará este año su intervención en la Sierra Minera de Cartagena y La Unión a la realización, por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de un estudio sobre el origen exacto de los aportes de aguas con metales pesados a las ramblas de La Carrasquilla, Ponce y El Beal. En especial cuando hay lluvias torrenciales, estos cauces públicos arrastran residuos procedentes de las inmediaciones de antiguas explotaciones mineras, pendientes de sellado y restauración ambiental y desembocan en el Mar Menor.

A preguntas de 'La Verdad', un portavoz de la Confederación Hidrográfica -integrada en la estructura del Ministerio para Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera- indicó que el estudio sobre las ramblas ha sido encargado a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). En concreto, el Grupo de Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas recibirá en torno a 15.000 euros para analizar, en un plazo de seis meses, la situación de esta zona.

La CHS busca que el equipo de científicos liderado en la escuela de ingenieros agrónomos por Ángel Faz «deje claro el origen de los aportes a la sierra». El organismo que preside Mario Urrea sostiene que «habrá que esperar a que finalice dicha investigación para actuar de forma adecuada y eficaz» en estas ramblas, que pasan junto a Llano del Beal, Los Belones, Los Nietos, Islas Menores y otros pueblos.

La Asamblea Regional aprobó en septiembre una moción de Podemos en la que instó a la CHS a elaborar y ejecute un plan de intervención sobre las ramblas de la vertiente norte de la Sierra. El parlamento incluyó también las ramblas de Las Matildes, El Duende y El Descargador, para evitar los efectos de las escorrentías de agua y de la erosión por el viento.

La Plataforma de Afectados por los Metales Pesados de la Sierra Minera y el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena también han reclamado la implicación del Gobierno central, del PSOE. Asimismo, han solicitado que el Gobierno regional, del PP, ponga en marcha ya el Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (Prasam). En él, la Consejería de Medio Ambiente prevé una inversión público-privada de 84,8 millones de euros en diez años.

Además de alcanzar la laguna, un espacio natural protegido por leyes nacionales e internacionales, las 'aguas rojas' (por el color que le dan la oxidación del hierro, el plomo y el zinc) llegan también a un área amparada por la Unión Europea. Se trata del humedal de Lo Poyo, incluido la Red Natural 2000 y cuya descontaminación fue vinculada al fallido proyecto de urbanización Novo Carthago por parte de la promotora alicantina Hansa Urbana.

Sin fecha para Lo Poyo

Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente indicó a este diario que, tras una alegación al Plan de Gestión Integral del Mar Menor, la Comunidad ha pedido a los propietarios de los terrenos de Lo Poyo que realicen un análisis de riesgos. Después, «se realizará una evaluación para determinar qué actuaciones procede llevar a cabo». El coste de la descontaminación fue calculado, en el año 2012, en 31 millones de euros.

Castejón pide a Madrid fondos para esta zona y el Mar Menor

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y el delegado del Gobierno, Diego Conesa, han mantenido en las últimas semanas conversaciones con responsables del Ministerio de Medio Ambiente para impulsar medidas de regeneración en la Sierra Minera. Además, trabajan en la presentación de enmiendas, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019. Se trata de incluir una partida sobre la Sierra y ampliar las inversiones en el Mar Menor (cifradas por el Ministerio en 12 millones de euros), a través de un Plan Especial.

En una visita a Llano del Beal a finales de agosto pasado junto a Castejón, con motivo de las fiestas patronales, Conesa puso de manifiesto «el absoluto apoyo del Gobierno central y su implicación en la lucha contra la descontaminación».

Cinco meses después, el probable fracaso de la aprobación de las Cuentas estatales, por los desacuerdos entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes, aboca a que el Gobierno central envíe dinero mediante otras fórmulas. Así lo ha exigido también el Gobierno regional.