El Ministerio busca nuevas ubicaciones para la Ciudad de la Justicia de Cartagena y continúa sin dar fechas

Uno de los últimos movimientos realizados por los técnicos del ministerio que dirige Juan Carlos Campo ha sido inspeccionar una parcela ubicada en el barrio de Santa Lucía, a escasos metros de los terrenos que el Consistorio puso a su disposición en noviembre pasado. Además, según confirmaron a LA VERDAD fuentes estatales el Ministerio ha pedido a la Administración local y a entidades de Cartagena que aporten más sugerencias para situar los nuevos juzgados, llamados a acabar con el colapso del actual Palacio de Justicia en la calle Ángel Bruna y con la dispersión de cuatro órganos judiciales por locales alquilados en la ciudad.

Estas fuentes explicaron que el Gobierno de España pretende hallar la solución «más óptima» para esta infraestructura «estratégica» para el municipio. Y eso pasa, a su juicio, por garantizar su entrada en funcionamiento «con la mayor rapidez posible» y con un coste «razonable» para el Estado, en función de la disponibilidad presupuestaria existente en el actual escenario de crisis por la pandemia.

En el caso de los terrenos que el Ayuntamiento brindó al Ministerio, que ocupan 50.000 metros cuadrados, Justicia ya explicó en enero que, según sus cálculos, los trámites urbanísticos impedirían disponer del campus judicial hasta pasados cuatro años. Y añadieron que el plazo sería mayor si la concesión de la licencia se retrasaba por decisiones judiciales relativas al convenio urbanístico Novo Carthago, ligado a la parcela.

Las fuentes consultadas añaden que es importante contar con los mejores accesos posibles, razón por la cual estudian un solar ubicado cerca de allí. Evitaron precisar la ubicación.

Respecto a la opción de comprar dos edificios en Cabezo Beaza, en concreto en la zona de Parque Mediterráneo, a la empresa Sociedad Industrial Cartagenera de Desarrollo (Sicad), indicaron que las obras de adaptación no serían tan sencillas como se creía en un primer momento y que se prefiere una ubicación más cercana a la ciudad. Los dos inmuebles, característicos por su color amarillo, ocupan 25.000 metros cuadrados repartidos en sendos edificios de seis plantas; y al lado hay 5.500 plazas de aparcamiento, compartidas con la galería Espacio Mediterráneo y otros establecimientos comerciales, como Leroy Merlin y Media Markt. La propiedad de los bloques ofertados a Justicia corresponde a los empresarios José Luis Sánchez y Gerardo de la Torre.

El nuevo retraso y el hecho de que Justicia no dé plazos para desbloquear el proyecto llevaron ayer a la alcaldesa, Ana Belén Castejón, a enviar una nueva carta al ministro. «Cartagena no puede seguir esperando. Las instalaciones de las que dispone nuestro partido judicial son obsoletas y claramente insuficientes. A esto se suman las dificultades por la pandemia. Necesitamos saber si tenéis previsto aceptar el terreno que hemos puesto a vuestra disposición», reclama la regidora a Campo.

«Desde el Ayuntamiento hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, buscando alternativas, ofreciendo terrenos municipales e incluso apoyando las iniciativas que habéis planteado para adquirir o alquilar instalaciones privadas», recuerda Castejón sobre el respaldo municipal a Cabezo Beaza.

Ayer, el Grupo Municipal MC pidió la convocatoria urgente de la Mesa de la Justicia, órgano que reúne a representantes del Ayuntamiento y de instituciones y colectivos judiciales. «La Ciudad de la Justicia suena a broma pesada, pues no se sabe nada» de ella, criticó el portavoz adjunto de MC, Jesús Giménez. Y criticó que el equipo de gobierno «ofrece a los festeros de Carthagineses y Romanos el traslado inminente a terrenos situados junto al Mandarache que fueron ofrecidos en 2017 al Ministerio para la Ciudad de la Justicia».

Ésta, afirmó, es «una operación que han boicoteado y que en 2020 afirmaron que era imposible». Y añadió que en la zona hay espacio suficiente para el campus judicial y para el campamento y que, en ambos casos, es necesaria una tramitación urbanística para que el suelo pase a ser municipal.

A través de una portavoz, la alcaldesa y concejal de Urbanismo respondió que Mandarache «no se ofreció al Ministerio, porque éste nos dijo que quería una parcela que se le pudiera ceder de manera inmediata, para redactar el proyecto e iniciar las obras de la Ciudad de la Justicia». «Se les ofreció la parcela que hay frente al Hospital de Santa Lucía, que en noviembre manifestaron que era una idónea pero que, por ahora, no han aceptado definitivamente».

Tras no cuajar el uso judicial (que la exalcaldesa Pilar Barreiro planteó, junto al proyecto del coso multiusos, en 2007), el Ejecutivo de Castejón ha planteado el aprovechamiento de los terrenos a la Federación de Tropas y Legiones.

«La complejidad del sector, por los múltiples embargos a propietarios que están en concurso de acreedores, hace muy complejo tener la posesión. Pero el Ayuntamiento se ha acogido a un precepto legal de ocupación directa de los terrenos, que puede tardar en tramitarse unos meses si Carthagineses y Romanos decide que los quiere» emplear a partir del año 2022, concluyeron. MC exige aclarar ya si el trámite de urgencia serviría también para la Ciudad de la Justicia. Y recuerda que hay 6 millones de euros para urbanizar la zona, gracias a la ejecución de unos avales en su etapa de gobierno.