López Miras busca en la Asamblea un aval jurídico para el plan urbanístico provisional

Ante las discrepancias surgidas entre las consejerías de Fomento y de Medio Ambiente, al sostener esta última que las modificaciones serían de tal calado que exigen la tramitación de un nuevo Plan, el presidente del Ejecutivo regional no quiere dar un paso en falso. Antes de aprobar en el Consejo de Gobierno el texto, al que también han puesto reparos los letrados de la administración regional, sobre todo en lo relativo a la ampliación del espacio industrial en Escombreras, Fernando López Miras quiere disponer de las «máximas garantías legales».

Según confirmaron a 'La Verdad' fuentes de la administración autonómica, el jefe del Ejecutivo ha encargado a los servicios de Presidencia que analicen el encaje de las normas en las leyes actuales. De forma simultánea, López Miras ha puesto en manos del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea realizar otra consulta jurídica. Se trata de conocer si, a juicio de la Cámara, también conocida como la segunda ley de simplificación administrativa, ampararía que Cartagena tuviera una reglamentación extraordinaria. Esta permitiría la construcción de viviendas en suelos urbanos consolidados, así como la instalación de nuevas industrias en el distrito de Escombreras.

Las fuentes consultadas indicaron que, en la exploración de esta garantía parlamentaria, que podría verse reflejada en «un informe jurídico», los populares van de la mano con Ciudadanos. De este movimiento también está informada la patronal regional Croem, que promueve junto a los dos partidos de centro-derecha la nueva ley.

Se da la circunstancia de que los letrados del Parlamento han advertido, en un informe, de que la proposición de ley invade competencias estatales y municipales, además de generar «inseguridad jurídica». PSOE y Podemos presentaron enmiendas a la totalidad del texto para tumbar lo que PP y Cs consensuaron con los empresarios de Croem y los proponentes de la ley registrarán, a su vez, enmiendas parciales, que serán debatidas y votadas en el Pleno. Pretenden corregir lo que los letrados de la Asamblea ponen en duda y que la ley salga con el mayor consenso posible.

Las acciones del Ejecutivo regional van encaminadas a evitar problemas administrativos posteriores, así como pleitos judiciales como el que, a instancias del empresario Tomás Olivo, acabó con la anulación del Plan General de 2012. Después, tras un recurso de la inmobiliaria Cecop -dueña de terrenos en Los Urrutias-, los tribunales anularon la reforma 'exprés' del Plan aprobada por el Pleno cartagenero en 2016.

Con la única oposición del grupo Podemos, las administraciones local y regional optaron por aprobar una normativa provisional, e iniciar entre tanto la redacción de un nuevo Plan General, adaptado las nuevas exigencias medioambientales. El problema es que esta solución lleva atascada en Murcia desde finales del año pasado y tanto las autoridades municipales como los empresarios temen una fuga de inversiones inmobiliarias e industriales por valor de 130 millones de euros.