Los letrados de la Asamblea también rechazan las normas transitorias urbanísticas de Cartagena

Un obrero, en un solar del centro de Cartagena. / P. MARTÍNEZ / agm
Un obrero, en un solar del centro de Cartagena. / P. MARTÍNEZ / agm

PP y Cs intentan validarlas incluyéndolas en la ley de Aceleración Empresarial y la Secretaría de la Cámara advierte de que va contra la legislación básica

Gregorio Mármol
GREGORIO MÁRMOL

La Asamblea Regional también pone reparos a que la Comunidad Autónoma intente aprobar las normas transitorias urbanísticas de Cartagena incluyéndolas en la ley de Aceleración Empresarial, o segunda ley de simplificación administrativa, que está en fase de enmiendas parciales antes de su previsible aprobación definitiva el próximo jueves. Los servicios jurídicos de la Cámara no recomiendan su inclusión en el texto normativo, como pretenden el PP y Ciudadanos a través de una enmienda parcial. Advierten de la posible vulneración de la legislación española sobre evaluación ambiental. En concreto, aseguran que dichas normas «no pueden sustraerse, por razón de su objeto, del trámite de evaluación ambiental estratégica, bien sea ordinaria o bien sea simplificada», según recoge el informe firmado ayer por la letrada Irene Bas.

Las normas transitorias son un conjunto de reglas que introducirán excepciones al Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena durante dos años. En ese plazo, el Ayuntamiento tiene previsto elaborar un nuevo plan que supla al de 1987, vigente de nuevo tras la anulación judicial en 2016 del que aprobó cuatro años antes el equipo de gobierno de Pilar Barreiro. Esas normas transitorias urbanísticas evitarán un parón urbanístico, legitimando nuevas viviendas en núcleos urbanos e industrias en Escombreras. Están en el aire inversiones cercanas a 130 millones de euros, calculan en el Ayuntamiento.

La inclusión en estos momentos de esa enmienda relativa a normas transitorias tiene como objetivo 'legalizar' las excepciones que Ayuntamiento y Comunidad pactaron para el Plan General de Cartagena. No obstante, una vez aprobada la Ley de Aceleración Económica sería aplicable a cualquier otro municipio de la Región que se vea afectado por ese tipo de figura reguladora del planeamiento.

Trabajo conjunto

PP y Cs llevan las normas transitorias de Cartagena a la Asamblea después de que la Comunidad no vea clara su aprobación por parte del Consejo de Gobierno. Tras un trabajo conjunto de técnicos municipales y regionales, la Concejalía de Urbanismo envió el pasado febrero a San Esteban el texto final para su validación definitiva. Pero en la revisión final surgieron discrepancias entre las consejerías de Fomento y de Medio Ambiente, al sostener la segunda que las modificaciones serían de tal calado que exigen la tramitación de un nuevo Plan. Los letrados de la Administración regional también pusieron reparos en lo relativo a la ampliación del espacio industrial en Escombreras. Ante esa tesitura, el Gobierno de Fernando López Miras decidió que fuese la Asamblea la que aprobara las normas urbanísticas temporales de Cartagena. Y para ello ha recurrido a su partido, el PP, y a Cs.

Pero llegados a este punto, los letrados de la Cámara tampoco ven clara esta tramitación. De hecho, advierten en su informe: «La consecuencia de esta previsión [de las normas transitorias en la ley] es la exención del trámite de evaluación ambiental estratégica de una categoría específica de planes (en este caso unas normas transitorias), y por ende una reducción del nivel mínimo de protección ambiental con respecto al fijado por el Estado». Recuerdan, además, que el Tribunal Constitucional ya ha fallado en casos similares que solo se pueden excluir de la evaluación ambiental estratégica los planes y programas que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de emergencia; y los de tipo financiero o presupuestario.

«La enmienda presentada afirma que las normas transitorias no tendrán la consideración de planes a los efectos ambientales cuando cumplan una serie de requisitos, lo que vulnera la definición establecida en la legislación básica estatal en este sentido. Las normas transitorias son por su propia naturaleza instrumentos de planeamiento, pues su fin no es otro que sustituir la ausencia de dichos instrumentos», razona la letrada que firma el informe.

«Inseguridad jurídica»

No son nuevas las dudas de los servicios jurídicos de la Asamblea respecto a la proposición de ley elaborada por el PP y Ciudadanos con el respaldo de la patronal regional Croem. En su primera revisión del texto ya advirtieron por escrito de que invadía competencias estatales y municipales, además de generar «inseguridad jurídica».

Algunos de los artículos cuestionados por los abogados de la Cámara han sido variados por los proponentes de la ley, pero sin demasiado éxito. Aunque en casos como el de la disposición adicional primera, para la regularización de actividades, mejoran la redacción, «no se subsanan los aspectos fundamentales del procedimiento regulado que afectan a los principios de igualdad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos», insisten.

El PSOE y Podemos, que presentaron sin éxito enmiendas a la totalidad a la proposición de ley de PP y Cs, han anunciado que registrarán sendos recursos de inconstitucionalidad.

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