Un juzgado ultima el desalojo de decenas de okupas en las calles San Vicente y Serreta

Un furgón de la Policía Nacional pasa junto a una unidad móvil de Iberdrola, que ayer anuló un enganche ilegal a las viviendas ocupadas en la calle San Vicente. / PABLO SÁNCHEZ / AGM
Un furgón de la Policía Nacional pasa junto a una unidad móvil de Iberdrola, que ayer anuló un enganche ilegal a las viviendas ocupadas en la calle San Vicente. / PABLO SÁNCHEZ / AGM

El Ayuntamiento, Hacienda y la Policía Nacional se coordinan para evitar problemas durante el desahucio

Eduardo Ribelles
EDUARDO RIBELLES

Dos operarios de Iberdrola cortaron ayer la corriente a un bloque de viviendas situado en el número 37 de la calle San Vicente, en el que viven al menos seis familias sin permiso del propietario. El desenganche de un enlace ilegal al tendido eléctrico es uno de los pasos previos a su desalojo, previsto para antes del verano. La ocupación irregular de ese edificio se prolonga desde hace cuatro años y medio. No es el único en el vecindario. Lo mismo sucedía en el edificio anexo del número 5 de la calle Parque, que ahora está vacío. También hay personas que viven sin autorización alguna en una casa de la Plaza del Sevillano, en al menos dos edificios más, uno frente al otro, en la calle Serreta (portales 11 y 18), y en otros tres en un vial perpendicular (calle Macarena).

La Administración del Estado es la propietaria de los alrededor de 120 pisos que integraban el patrimonio inmobiliario de un vecino fallecido hace cuatro años. Aunque ha vendido dos, el cambio de titular no ha sido registrado. Los responsables del organismo público llevan años preparando un caso que ya está judicializado. Solo falta la orden para el desalojo, con todas las garantías de que eso no pondrá en la calle a personas desamparadas, sin darles alternativas. Quienes sean acusados de delitos contra la propiedad o de cualesquiera otras actividades ilegales en esos inmuebles tendrán que afrontar responsabilidades penales. Pero para el resto, el Ayuntamiento prepara ya un protocolo de asistencia social.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 acogió, a finales de la semana pasada, una reunión preparatoria, a la que acudieron mandos de la Comisaría de la Policía Nacional y también personal de la Concejalía de Asuntos Sociales. El objetivo es poner fin, de la manera más organizada posible, a un problema que se enquista en el corazón del casco histórico desde el verano de 2015. Su origen está en la herencia sin cobrar de uno de los patrimonios particulares más importantes de toda la zona. En él figuraban muchas viviendas alquiladas a personas mayores, que llevaban toda la vida residiendo en ellas.

Iberdrola cortó ayer la luz a las viviendas, que fuero usurpadas tras el fallecimiento de su propietario en 2015

La Delegación de Hacienda en Cartagena se encontró, hace cuatro años, con que nadie se presentaba para reclamar las propiedades como legítimo heredero, ni asumía la consiguiente obligación de pagar el Impuesto de Sucesiones. En consecuencia, pasado el plazo legal correspondiente, la Administración del Estado ejecutó un embargo y se quedó con todas las propiedades, en cumplimiento de la normativa fiscal.

Presión para los vecinos

Esos inmuebles han ido quedando sin ocupantes con permisos en regla. Pero eso no quiere decir que allí no haya habido movimiento. Las viviendas de los número 5 de la calle Parque y 37 de la de San Vicente empezaron a tener nuevos inquilinos irregulares de inmediato. Los pocos legales que permanecían en ese y en el resto de inmuebles han desaparecido, bien por haber muerto, bien tras hacer la mudanza por temor a quienes habían entrado a vivir en ellos sin autorización.

En el número 37 vive un matrimonio con cuatro hijos, otro con dos, una pareja que tiene un niño y al menos otras dos familias cuyo número de miembros no quedó acreditado ayer. Estas personas se procuraron los medios para entrar en ese bloque (llaves y cerraduras nuevas) y han convertido esos pisos en su hogar.

La Administración del Estado ha vendido ya dos edificios y espera que la Justicia permita registrar las fincas

Sin embargo, varias de las propiedades han cambiado de manos en los últimos años. Hacienda vendió esos pisos a sociedades que no podrán darles ningún aprovechamiento hasta que estas familias salgan de allí. Los compradores no se han estado quietos. Antes del verán, los que adquirieron el edificio del número 37 intentaron hacer una reforma del bajo y solicitaron a Hidrogea y a Iberdrola un suministro especial para llevar a cabo la obra. Ambas empresas descubrieron enganches ilegales, que proporcionaban agua corriente y electricidad a los inquilinos irregulares. Rápidamente, cortaron el servicio y desinstalaron los contadores, para evitar más manipulaciones. Ayer, la compañía eléctrica inutilizó una nueva conexión indebida. Los operarios eliminaron un enlace a la red en la esquina de la Plaza de López Pinto, entre las calles San Vicente y Serreta.

Más degradación urbana

Familiares de quienes han dejado alguna de esas viviendas han indicado que la presión era insostenible. Sus seres queridos llegaron a tener miedo de sus nuevos vecinos y a unos hábitos y unos medios de vida que, indicaron, podían involucrar conductas ilegales. Sin embargo, nunca ha habido denuncias con suficiente peso probatorio ni un soporte judicial que justifique una actuación policial integral.

Con todo, en la Comisaría de la Policía Nacional tienen controlados a todos estos inquilinos irregulares y esperan la orden judicial para actuar. La Policía Local ha hecho inspecciones, para pasar informes que permitan conocer la situación social en esta parte del casco histórico. Los servicios sociales del Ayuntamiento tiene mucho interés en mantener el control de las personas sin hogar, que le ha permitido reducir a cero el número de quienes viven en la calle. Por eso, se ocupará de actuar sobre los inquilinos que sean desalojados y no sean acusados de ningún delito, para que no queden desamparados.

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