El juzgado archiva la causa contra Cartagena Parque por la contaminación de Zinsa

El magistrado Miguel Ángel González Felipe cierra la puerta a llevar a juicio a la compañía respecto a los hechos investigados tras una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), a la que se sumaron en la fase de instrucción la Asociación de Vecinos de Torreciega y la Fiscalía.

Según el juez, «los resultados de las pruebas practicadas durante la fase de instrucción no permiten la formulación de una imputación fundada en derecho». «La conducta de la mercantil investigada y las actuaciones llevadas a cabo por ésta excluyen la contravención de disposiciones reguladoras del medio ambiente, o una actitud pasiva ante las obligaciones impuestas por la Administración que haya permitido la producción de contaminación desde una perspectiva penal». Ello, al margen de eventual responsabilidad administrativa, indica. La causa arrancó con una denuncia de la Benemérita por la muerte de aves acuáticas protegidas en las balsas de residuos líquidos con metales pesados.

En el auto, comunicado ayer a las partes del procedimiento, el juzgado deja también sin efecto las medidas cautelares adoptadas en agosto de 2024 (entonces con el magistrado Ignacio Munítiz al frente del juzgado): el sellado «inmediato» de las balsas de residuos peligrosos de la antigua fábrica de Zinsa, que cerró en 2008. El objetivo era «garantizar la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, hasta la ejecución del proyecto de descontaminación» de la parcela que alberga los depósitos.

Otra cautelar fue que la Consejería de Medio Ambiente le informara en diez días de qué medidas tenía previstas para garantizar la retirada de los materiales contaminantes de la parcela y la contención de escorrentías, dentro del expediente (aún en tramitación) por el que impuso a la empresa la obligación de descontamina la finca, como titular actual.

Asimismo, el juzgado desecha imputar delitos de prevaricación a la Comunidad Autónoma «por su participación en los hechos, relacionada con la ausencia de controles». Y ello, porque «cabría apreciar la prescripción desde que se dictó la resolución de declaración de suelos contaminados de los terrenos», en 2009, y la fecha de la causa penal. La decisión judicial no es firme, pues cabe recurso ante el juzgado y la Audiencia Provincial.

Respecto a Cartagena Parque, el juzgado concluye que «los resultados de las pruebas practicadas durante la fase de instrucción, en las que se han analizado todos los documentos, se han efectuado declaraciones en sede judicial y se han recabado expedientes administrativos y resoluciones judiciales, una vez valoradas las múltiples diligencias, no permiten la formulación de una imputación fundada en derecho». «No aparece suficientemente justificada la perpetración por la entidad investigada de los delitos objeto de instrucción», señala el magistrado.

Y explica que «la obligación de descontaminar asumida por la adquisición de la propiedad surge al amparo de una norma de contenido administrativo». Y apunta que constan en las diligencias «todas las medidas adoptadas por la mercantil investigada para llevar a cabo el cumplimiento de la obligación de descontaminación (así como gastos y facturas acreditativas de tales actuaciones), incluyendo medidas adecuadas en materia de protección de aves, tales como colocación de cañones espantapájaros previamente autorizados por la propia administración, vallado de las balsas». También figura «la presentación de un proyecto de descontaminación (de remediación) del subsuelo presentado ante la Consejería de Medio Ambiente, medidas éstas debidamente ratificadas y confirmadas por la Administración, tal y como resulta del informe emitido por la Consejería».

El juzgado añade que «debe ponerse de relieve que los hechos objeto de las presentes actuaciones ya fueron objeto de instrucción y enjuiciamiento», y que fueron absueltos en 2018 en un juzgado de Cartagena dos directivos de Zinsa y, como responsables civiles, dicha mercantil y Quorum Capital Investment, que adquirió en su día la finca. Años después, la firma de Olivo se hizo con los terrenos en una subasta tras las que llegó la causa penal que ahora queda en un cajón.