«En Justicia, somos ciudadanos de segunda»

Antonio Navarro Selfa, en el Colegio de Abogados de Cartagena. / Antonio Gil / AGM
Antonio Navarro Selfa, en el Colegio de Abogados de Cartagena. / Antonio Gil / AGM

«Siento mucha rabia e indignación, porque este año el Ministerio no creará ningún juzgado en Cartagena, y en Murcia y Molina de Segura sí», señala Antonio Navarro Selfa, Decano del Colegio de Abogados de Cartagena

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ CARTAGENA

Lleva catorce meses al frente del Colegio de Abogados de Cartagena y, aunque ha tenido que restar aún más horas a su familia para atender esta institución y su despacho profesional, se siente satisfecho. «Disfruto mucho», afirma Antonio Navarro Selfa (Cartagena, 1964), quien no oculta sin embargo su «rabia e indignación» por el trato del Ministerio de Justicia a la comarca en asuntos como el retraso en la creación de nuevos juzgados, la demora en el proyecto de la Ciudad de la Justicia y la obligación de ir a Murcia para asuntos hipotecarios.

- ¿Qué resumen hace de su primer año al frente del Colegio? ¿Cómo lo compagina con su despacho profesional y con su vida personal?

- Estamos intentando cambiar el funcionamiento interno y la proyección a la sociedad. Implicándonos en la vida de la ciudad, cumplimos con una de nuestras funciones esenciales, además de la defensa de la profesión. Se ha avanzado mucho. El primer año me ha exigido trabajar muchísimas horas al día, e incluso los fines de semana y vacaciones, si bien disfruto mucho ambas cosas. Mi familia me ha apoyado mucho.

«Para disponer de la Ciudad de la Justicia, hablamos de años. Se podría crear un espacio provisional» «Es irracional no tener un juzgado hipotecario, y que en ciudades con 4 veces menos población sí lo haya»

- ¿Qué grado de implicación observa en los colegiados?

- Creo que bastante. Desde las comisiones de trabajo que estamos creando, sobre materias profesionales y jurídicas, la respuesta está siendo muy buena. En general, el Colegio es muy utilizado por los colegiados.

- La denuncia de los retrasos en el pago a los abogados del turno de oficio tuvo un eco nacional gracias a la protesta de un centenar de letrados durante la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Cartagena. ¿Cuál es la situación del servicio a día de hoy?

- Una parte importante de la deuda fue pagada posteriormente. Pero el problema es la dignificación del turno de oficio. En gran medida, existe el Estado de Derecho porque nosotros asumimos, por una muy exigua retribución, la defensa de cualquier ciudadano que carezca de medios. Si nosotros no la garantizamos, cae. Pero el Ejecutivo, gobierno tras gobierno, parece ajeno a esta situación. Todos los ministros de Justicia se llenan la boca con la defensa de quien no tiene medios, de las víctimas de violencia de género, de los detenidos, pero los abogados llevamos retrasos de muchos meses en el cobro, y por cantidades insignificantes.

- ¿Qué le pareció la negativa de Sánchez a acercarse a los manifestantes? El delegado del Gobierno, Diego Conesa, prometió a los manifestantes que después hablaría con ellos. ¿En qué quedó el asunto?

- Creo que el presidente se equivocó. Él tiene a gala ser una persona muy dialogante y, en este caso, no lo fue. En cuanto al delegado, nos recibió a los dos días. Fue su última reunión como delegado, y la primera del delegado entrante, en la sede de la Delegación en Canales del Taibilla. Ellos expusieron sus razones y nosotros las nuestras, en un ambiente muy cordial, pero muy reivindicativo. La situación para nosotros es insostenible. Los letrados que no dependen del Ministerio de Justicia, sino de sus comunidades autónomas, perciben hasta tres veces más por su trabajo. Eso no tiene ningún sentido.

- ¿Qué ejemplos pondría de atención a personas sin recursos?

- Cualquier tipo de procedimiento judicial de cualquier clase: detenidos por una causa penal, víctimas de violencia de género, asuntos matrimoniales, cualquier clase de reclamación civil o laboral, reclamaciones a las administraciones y temas de cláusulas suelo o bancarias. En esta materia, resulta increíble pero cierto que el justiciable no solo tiene que ir a Murcia capital para litigar, sino también para tener un abogado de oficio. Es un ejemplo claro de alejamiento de la justicia del consumidor, del ciudadano, que resulta injustificable.

- La legislatura estatal acaba sin un anteproyecto ni presupuesto para construir la Ciudad de la Justicia. Hay un compromiso del Ministerio de ubicar el edificio en la actual Factoría de Subsistencias de la Armada.

- Llevamos años y años con la misma cuestión. Se han aprobado mociones en la Asamblea Regional y el Pleno del Ayuntamiento, y el TSJ no sabe ya cómo pedirlo. Pero, a día de hoy, la clase política no ha sabido solventar el problema y ya estamos fuera de plazo, dando lugar a que el sistema se haya colapsado. La ubicación está consensuada con todos los operadores jurídicos y agentes sociales, e igualmente en la mesa municipal de la justicia. Esta ubicación me parece excelente, la mejor, pero ya no se puede esperar más. Si no puede ser aquí, pues a otro sitio, pero no se puede demorar más. El Ayuntamiento ha manifestado que ha firmado un protocolo para la compra del edificio de Subsistencias de la Armada. Espero que pueda cumplirse el mismo. Sería muy bueno para Cartagena, aunque va a depender de distintos factores.

-¿Qué datos tiene sobre la saturación de espacio para los juzgados?

- La saturación es total. Tras pelear meses para un nuevo juzgado de Familia, cuando vino, con mucho retraso, por falta de espacio no había ni sitio para el despacho de la magistrada. En el edificio de Ángel Bruna no queda un metro. Como para tener la Ciudad de la Justicia hablamos de años, se podría dar una solución urgente, con la creación de un espacio provisional para ubicar nuevos juzgados e instalaciones. No es tan difícil, solo cuestión de voluntad política, y desde luego de más medios.

- El Ministerio ha desoído las peticiones de crear otro juzgado de Primera Instancia en Cartagena este año. Solo abrirá nuevas sedes en Murcia y Molina de Segura.

- Esta situación es sangrante para el partido judicial y sus ciudadanos. El TSJ pidió, como absolutamente necesarios para la Región, cinco nuevas plazas judiciales. Un primera instancia en Murcia, otro en Molina de Segura y otro en Cartagena. Una plaza más para la Audiencia de Provincial de Murcia y un juzgado de Lo Mercantil en Cartagena. El TSJ indicó que a los tres primeros no se podía renunciar, por la crítica situación. Pues bien a día de hoy, si nadie lo remedia, la Región tendrá tres nuevas plazas: las dos de Murcia ciudad y la de Molina de Segura. Cartagena no tendrá ninguna. Siento mucha rabia e indignación y espero que la ciudadanía, también. En materia de justicia, somos ciudadanos de segunda. No me cabe otra lectura de unos datos y hechos objetivos.

- ¿A qué atribuye que ni PP y PSOE hayan atendido desde el Ministerio la demanda judicial, de los vecinos, del Ayuntamiento y de la Asamblea Regional para abrir un juzgado hipotecario en Cartagena?

- Hemos denunciado el colapso por activa y por pasiva. Alguien definió los juzgados provinciales de hipotecas, que están en Murcia, como un cementerio de demandas. Me parece muy acertado. No tiene explicación que nuestro partido judicial, con los 215.000 habitantes de Cartagena más los de La Unión y Fuente Álamo, no tenga un juzgado hipotecario y que ciudades y provincias con cuatro veces menos población, sí. El criterio de capital de provincia, y no de población, no puede ser más irracional e injusto. Provincias con poco más de 125.000 habitantes tienen un juzgado y de Murcia, con más de 1.400.000 habitantes, dos. Obviamente, la solución no pasa por hacer otro juzgado en Murcia, sino por crearlo en Cartagena. Además, lo lógico es que los juzgados de Instancia recuperen el fuero natural del consumidor, que es su lugar de residencia.