La jueza del 'caso Puerto' ordena la búsqueda de información en los ordenadores de la Autoridad Portuaria de Cartagena
La instructora reclama los expedientes de varios de los contratos que están bajo la lupa, la bolsa de trabajo de la policía portuaria y el acceso a los correos corporativos de Muñoz, Sevilla y Rol
La titular del Juzgado de instrucción número 1 de Cartagena, que indaga en una presunta trama de corrupción en el seno de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), ordenó este viernes la búsqueda de información en los ordenadores de la sede de este organismo, según confirmaron fuentes judiciales.
Una letrada de la administración de justicia, junto a varios miembros de la Policía Nacional, se desplazaron este viernes por la mañana a la sede de la APC con un mandamiento de la instructora para acceder a todos los dispositivos necesarios en la búsqueda de una información que la magistrada considera importante en el curso de esta investigación por una presunta trama de amaño de contratos y de adjudicaciones de empleos a personas vinculadas al Partido Popular desde el año 2014 al 2021.
En el procedimiento que se sigue en este juzgado cartagenero está siendo investigado tanto el director general de la entidad, Fermín Rol, como los expresidentes de la Autoridad Portuaria de Cartagena Antonio Sevilla y Yolanda Muñoz. La instructora, en su auto, desgrana con detalle la documentación que pretende recabar en la sede de la APC y la relación que esta guarda con algunos de los investigados.
Reclama, por ejemplo, el expediente de la semana cultural Vive tu Puerto, en relación con el periodo en el que Muñoz -defendida por el penalista Raúl Pardo-Geijo Ruiz- estuvo al frente de la institución. La jueza solicita, asimismo, los expedientes de varios de los contratos que están bajo la lupa en este caso y la bolsa de trabajo de la policía portuaria. La instructora demanda, además, el acceso al correo corporativo de once personas, entre ellas Muñoz, Rol o Sevilla.
Las autoridades del puerto, según explicaron las fuentes, facilitaron el acceso a la letrada de la administración, por lo que no fue necesario que la juez emitiese una orden de registro.
