La jueza investiga ya a Muñoz y Sevilla por la presunta trama de corrupción en el Puerto de Cartagena
Admite la denuncia de la Fiscalía y ve indicios de delito en 8 actuaciones de la entidad de 2014 a 2021, como la adjudicación de contratos y de empleos
La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por una presunta trama de corrupción en el Puerto de Cartagena y ha iniciado el proceso para tomar declaración como investigados a la actual presidenta, Yolanda Muñoz, su predecesor, Antonio Sevilla, otras siete personas y los representantes legales de dos empresas contratistas. La causa incluye el aparente favorecimiento a empresas y personas afines a estos altos cargos en la adjudicación de contratos, tanto menores como a través de concursos públicos (de hasta un millón de euros) y de empleos públicos entre los años 2014 y 2021. Muñoz y Sevilla han negado cualquier irregularidad.
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Según informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la magistrada ha acordado incoar diligencias en relación con la denuncia de la Fiscalía de la Región de Murcia sobre irregularidades y tratos de favor en contrataciones.
El auto, notificado este miércoles a la Fiscalía, ordena que se dé traslado a nueve investigados y representantes de dos mercantiles para que sean informados de los hechos que se le atribuyen, así como de su derecho a examinar las actuaciones, a actuar en el proceso y a designar abogado antes de que se les tome declaración.
«Las diligencias de investigación del Ministerio Público se habrían iniciado hace un año a la vista de la indagación preliminar realizada por agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional tras la denuncia de tres particulares», indicó el TSJ. Y añadió que, «según la fundamentación del auto, los hechos que resultan de las denuncias presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos muy diversos», Citó «los de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos/uso de información privilegiada, negociaciones y actividades prohibidas y falsedad de documentos públicos».
Los sindicatos preparan su tercera comunicación de irregularidades y alertan sobre un clima de «miedo a represalias»
En concreto, la resolución relaciona ocho hechos que «revisten indicios mínimos y suficientes de la presunta comisión de varios ilícitos penales y que justifican la necesidad de incoar Diligencias Previas en aras a esclarecerlos», indica el auto.
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UGT y Comisiones Obreras tienen previsto presentar esta semana la tercera denuncia en dieciséis meses sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obras y servicios y en la asignación de empleos públicos en la Autoridad Portuaria de Cartagena entre los años 2014 y 2021.
Amigos y vinculados al PP
Las denuncias de estos sindicatos, aprobadas por el Comité de Empresa de la institución, sirvieron de base para la reciente denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra la presidenta del Puerto, Yolanda Muñoz, su predecesor Antonio Sevilla y varios altos cargos y empresas contratistas. Ahora, los representantes de los trabajadores preparan su personación en las diligencias y una comunicación adicional de hechos presuntamente delictivos.
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Según confirmaron ayer a LA VERDAD fuentes portuarias, los sindicatos han recopilado información sobre la posible intervención de Muñoz y otros responsables del organismo en el favorecimiento a compañías y personas con las que compartirían amistad e intereses privados y políticos. Sobre esto último, se trata de vínculos con el Partido Popular, formación de la presidenta portuaria y del Gobierno regional, que la propuso para el cargo en diciembre de 2019. El Ministerio Público indaga ya si Muñoz alteró el concurso de selección de un jefe de Explotación para colocar a Borja Fernández-Pacheco, hermano de Ramón Fernández-Pacheco, exalcalde de Almería y consejero de Sostenibilidad y portavoz de la Junta de Andalucía.
Además, UGT y CC OO planean dirigirse por escrito a los trabajadores de esta entidad pública, para ofrecerles su apoyo en caso de recibir «presiones» para no colaborar con la Justicia.
Fuentes sindicales aseguraron que hay un «clima interno de miedo a represalias», acrecentado por «la decisión de la presidenta de no dimitir». La denuncia incluye aparentes presiones de Muñoz y el director del Puerto a trabajadores para «conocer» el contenido de las declaraciones de varios testigos ante la Policía e «influir» en otras.
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Antonio Sevilla dice que cumplió la ley y tiene la «conciencia tranquila»
El expresidente del Puerto de Cartagena Antonio Sevilla afirmó ayer que tiene la «conciencia tranquila», que está «bien» y tranquilo y que lo peor de la denuncia presentada contra él por la Fiscalía es la preocupación de su familia, al conocer lo que publican los medios de comunicación sobre una presunta trama de corrupción.
En conversaciones con asistentes a un foro sobre gestión del agua celebrado ayer en Cartagena, el también exconsejero regional de Obras Públicas, del PP, aseguró que su actuación se ajustó siempre a la legalidad y que el clima laboral en esos años también era normal. La Fiscalía señala a Sevilla por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada o revelación de secretos.
Arroyo discrepa de Castejón
En el mismo acto, la alcaldesa, Noelia Arroyo, mostró su desacuerdo con la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, quien días atrás exigió la dimisión de la actual presidenta portuaria, Yolanda Muñoz. «Si le hubiera pasado a ella [a Castejón], yo no se la habría pedido», dijo Arroyo. Y lamentó que su compañera de gobierno no esperara a escuchar a Muñoz.
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