La Intervención rechaza auditar los contratos bajo sospecha del Puerto de Cartagena

«Mi afán es arrojar luz en todos los asuntos y puedo trabajar desde dentro para aclararlo todo y trabajar con la Justicia«, afirmó Muñoz. Su propósito de defenderse desde el cargo de la imputación por varios presuntos delitos (como prevaricación y tráfico de influencias) se vio frustrado rápidamente por la presión política y sindical. Y dos meses después, en marzo, la Intervención estatal ha cerrado la puerta a uno de los exámenes anunciados por Muñoz para »aclarar cualquier punto de la investigación y poner negro sobre blanco«.

«La Autoridad Portuaria solicitó a la Intervención General de la Administración del Estado la auditoría, pero la respuesta reciente de dicho organismo ha sido denegarla, al considerar que esos contratos están siendo investigados por vía judicial», indicaron a LA VERDAD fuentes oficiales del Puerto. Respecto a la realización de un estudio por parte de una empresa especializada, no aclararon si finalmente fue formalmente encargado, a qué compañía y por qué importe. Sobre ambos trabajos, Muñoz afirmó en su día: «Se despejarán dudas, sobre todo de aquellos que quieren hacer daño y aprovechar este asunto como rédito político».

En la actualidad, las indagaciones sobre las presuntas irregularidades cometidas en el Puerto desde 2014 a 2021 están en manos del Juzgado de Instrucción 1 de Cartagena. A raíz de una denuncia de representantes de UGT y Comisiones Obreras en la entidad y de otras dos del PSOE, asumidas de forma parcial por la Fiscalía Anticorrupción, el juzgado investiga la posible alteración de concursos públicos para favorecer a empresas y personas vinculadas a Muñoz, al Partido Popular y al expresidente portuario Antonio Sevilla.

Estos dos expresidentes ya declararon como investigados, y negaron las acusaciones de participar en una trama criminal, si bien Muñoz acusó a varios trabajadores y sindicalistas de supuestas irregularidades en contratos y procesos selectivos de personal. Y la magistrada encargada del caso, Virginia Urrea, ha citado como investigado el próximo 17 de abril a Fermín Rol, destituido el pasado día 3 como director general del Puerto por el Consejo de Administración.

«Tanto los miembros del Consejo como yo lo hacemos convencidos de que es la mejor decisión para el Puerto de Cartagena, en unos momentos donde debemos ser ejemplares en el desarrollo de nuestra actividad y donde no podemos permitir ninguna sospecha en lo que se refiere a la gran labor que realiza esta institución», dijo el presidente en funciones, Pedro Pablo Hernández.

Simultáneamente, la Fiscalía General del Estado -a través del fiscal especial anticorrupción en la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano- está analizando la eventual relevancia penal de nuevos hechos. Estos fueron comunicados en una segunda denuncia por UGT y CC OO, que esperan que el juzgado les readmita en la causa como acusación popular, tras haber abonado la fianza de 15.000 euros que les exigió.

Fuentes conocedoras del procedimiento indicaron que directamente o, si fuera necesario a través del Ministerio Público, los representantes de los trabajadores del Puerto reclamarán que la instrucción aclare todas las cuestiones incluidas en sus denuncias y en los atestados de la Policía Nacional.

Agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Comisaría de Cartagena recabaron los testimonios de distintos empleados, algunos de los cuales incriminaron a Muñoz, Sevilla, Rol y otras personas y empresas. También recopilaron documentos escritos (entre ellos correos electrónicos) y audios que apuntan a posibles amaños de contratos de hasta 800.000 euros.