El CSN insiste en que los suelos del Hondón no son un riesgo para los vecinos

Un grupo de vecinos, en los terrenos de El Hondón, en octubre pasado, antes de la colocación del vallado permitral en la finca. / antonio gil / agm
Un grupo de vecinos, en los terrenos de El Hondón, en octubre pasado, antes de la colocación del vallado permitral en la finca. / antonio gil / agm

El Consejo de Seguridad Nuclear ve suficiente impedir el paso a la finca y estudiará la radiactividad cuando reciba el proyecto de descontaminación

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha reiterado que los vecinos del entorno de El Hondón no están sometidos a peligros derivados de la contaminación radiactiva de los terrenos. En consecuencia, ha rechazado la petición de Ecologistas en Acción de realizar una nueva evaluación de la zona, incluido el impacto en el medio ambiente. El organismo estatal considera que es suficiente con haber vallado la parcela donde se ubicaba la fábrica de abonos y fertilizantes Potasas y Derivados y con que los propietarios tomen medidas para impedir el trasiego de personas y vehículos en la zona, afectada por la presencia de uranio -238.

Frente a la solicitud de nuevos estudios realizada por Ecologistas en Acción, el organismo estatal ha optado por esperar a que la Comunidad Autónoma le remita un nuevo proyecto de restauración ambiental de esta zona de Cartagena. Solo después de ello actualizará el estudio pormenorizado de los suelos que hizo hace cuatro años. El Consejo no ha dado un plazo máximo para recibir el nuevo proyecto, si bien el Ayuntamiento de Cartagena, copropietario de la finca e impulsor de la descontaminación, se ha comprometido a presentar un documento a finales de año.

El grupo empresarial Ercros, causante de la contaminación como antiguo propietario de Potasas, logró que la Consejería de Medio Ambiente le ampliara hasta otoño el periodo de alegaciones. Y, dentro del expediente de declaración de suelos contaminados iniciado por la Comunidad, también ha presentado alegaciones el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) del Ministerio de Fomento. En definitiva, la burocracia mantiene sin fecha el plan de recuperación de esta parcela, que abarca un millón de metros cuadrados en plena entrada a la ciudad por la autovía de Murcia y donde Potasas terminó su actividad en el año 2001.

Deniega a Ecologistas en Acción un estudio sobre el gas radón y otro sobre el acuífero, pero Fiscalía estudia ya ambos temas

En un escrito de respuesta a Ecologistas en Acción, el secretario general del CSN, Manuel Rodríguez Martí, resume así la postura de esta institución nacional: «En la situación actual, la restricción de acceso a la parcela mediante el vallado perimetral, junto con las actuaciones necesarias para garantizar que éste se mantenga íntegro y que no se desarrollen en la parcela actuaciones no previstas, es suficiente para garantizar que el impacto a la población no sea significativo desde el punto de vista de la protección radiológica».

La carta, fechada en Madrid el 24 de julio, recuerda que la organización naturalista instó en mayo de este año al Consejo a realizar, en coordinación con la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia, un informe sobre la contaminación originada por las partículas con radionucleidos, incluidas las afecciones a la calidad del aire y los acuíferos. En enero, el colectivo había reclamado también al CSN un estudio en profundidad de las emisiones de gas radón y sobre la posible afección de fosfatos contaminados por uranio -238 a las aguas subterráneas.

Ecologistas dio este paso a raíz, entre otros motivos, del comunicado que el Consejo emitió en octubre de 2018 acerca del listado de emplazamientos afectados por radiactividad en España. En esa relación, El Hondón figura como una de las seis áreas del país afectadas por este tipo de residuos y por la falta de un marco regulador específico, consecuencia según el CSN del retraso del Ministerio para la Transición Ecológica en modificar la Ley de Energía Nuclear, a través de las Cortes Generales.

En un comunicado, el Consejo afirmó que en El Hondón «no existe riesgo radiológico significativo», pero en sintonía con las asociaciones de vecinos del entorno (Los Mateos, Santa Lucía, Sector Estación, San Ginés y Torreciega) y con el grupo político Podemos, Ecologistas en Acción decidió reclamar nuevos estudios radiológicos.

La respuesta a esta petición ha sido desfavorable. El CSN recuerda que ya estableció en 2015 la necesidad de acometer el vallado y añade que la Comunidad le informó en abril de que había iniciado un procedimiento de declaración de suelos contaminados. Si los dueños de la finca no lo hicieran, correspondería a la Comunidad la ejecución subsidiaria: efectuar las actuaciones y pasar la factura a los afectados.

Las tres administraciones

En su escrito de hace un par de semanas, el Consejo indica que la Comunidad ha requerido a los causantes de la contaminación que presenten «un proyecto técnico con las operaciones de limpieza y recuperación del emplazamiento». Y avanza que «cuando se presente este nuevo proyecto», el CSN «exigirá todos y cada uno de los estudios necesarios» para evaluar la propuesta. Lo hará, según precisa, «de acuerdo con la normativa vigente y la mejor tecnología existente», a fin de «asegurar la protección radiológica de los trabajadores, el púbico y el medio ambiente».

El Consejo llama a la tranquilidad, pues «conviene señalar que si bien el proyecto técnico con las operaciones de limpieza y recuperación del emplazamiento tendrá un alcance general, el CSN actuará en las materias que son de su competencia y llevará a cabo la evaluación de los aspectos de protección radiológica». Eso incluye emitir dictámenes sobre los planes de mitigación de los terrenos y de los recursos hidrológicos.

Durante dieciocho años, la fórmula del proyecto de descontaminación voluntaria, en el que participó la propia Comunidad como cotitular del suelo, fracasó. Y esta pasividad ha llevado ya a la Fiscalía a plantearse, entre otras cosas, si las administraciones públicas han incurrido en posibles responsabilidades penales o civiles.

Así, el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera afirmó a principios de agosto que la Fiscalía del Área de Cartagena ha tomado ya declaración «a los posibles responsables», a raíz de sendas denuncias de las asociaciones vecinales y de Podemos por presuntos delitos contra el medio ambiente y la salud de las personas. Por ahora, no ha trascendido la identidad de los comparecientes, si bien desde finales del año pasado la Fiscalía ha venido pidiendo abundante documentación a distintas instituciones. También ha solicitado informes periciales a la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, incluida la afección a las viviendas cercanas por el gas radón y el estado de los acuíferos y ramblas.

«El problema que se plantea es determinar realmente el posible peligro que se está produciendo para el medio ambiente y la salud de las personas y, sobre todo, determinar quién es el responsable. Hay que ir indagando quiénes son los titulares de esa actividad potencialmente contaminante, para entonces dirigir el procedimiento contra ellos», dijo Díaz Manzanera en una entrevista con 'Onda Regional', en referencia a funcionarios y cargos políticos.

Defensor del Pueblo

Díaz Manzanera añadió que «la vía penal suele ser muy restrictiva», y que, «si no prosperase, se abriría otras vías, como la responsabilidad patrimonial de la administración o la responsabilidad civil. En esta, «se podría plantear responsabilidades de tipo económico». El Defensor del Pueblo ha instado también a las administraciones a actuar sin más dilaciones.

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