Un informe oficial achaca gastos de 330.000 euros por pleitos cuando José López era alcalde

El documento, al que ha tenido acceso LA VERDAD, enumera a petición de la alcaldía los casos en los que considera que López tiene responsabilidad por tomar decisiones contra el criterio de los servicios jurídicos. Revela que en varias ocasiones se le aconsejó el pago de cantidades reclamadas judicialmente al Ayuntamiento y evitar sobrecostes. «De igual forma se deben adoptar medidas encaminadas a que, en las siguientes certificaciones no vuelva a ocurrir lo de estas, pues se ocasionan intereses, gastos y costas totalmente innecesarios», advirtió reiteradamente el servicio en 2016 y 2017.

El informe se refiere, en primer lugar, al contrato con la unión temporal de empresas formada por Gestípolis GH SL y Sonora Producciones SL, que administra El Batel por 562.000 euros al semestre desde su inauguración en 2011. Detalla que los impagos de cinco de esas certificaciones generaron unos intereses de 103.933 euros, ganados en los tribunales por la concesionaria y que hubo que pagar. Igual que los 82.497 euros de costas judiciales. Según el documento, quedan por abonar al menos 22.842 euros de intereses de otra certificación más.

Los cuatro primeros periodos semestrales del Auditorio fueron pagados sin problemas en época de Pilar Barreiro como alcaldesa. Pero en primavera de 2014, el Tribunal de Cuentas puso en duda el procedimiento y los dos cobros siguientes quedaron bloqueados. La concesionaria reclamó y ganó el caso en el Juzgado de Lo Contencioso de Cartagena y Barreiro anunció el ingreso en febrero de 2015. Sin embargo, eso no ocurrió. Es más, la Asesoría Jurídica interpuso un recurso contra el pago de la cantidad principal y de 10.340 euros de intereses. El informe no menciona a Barreiro ni ubica en su etapa de alcaldesa parte de lo que achaca a su sucesor.

Cuando José López accedió a la alcaldía se encontró con esa deuda sin pagar y recurrida, tal y como informó la Asesoría Jurídica a la concejal de Hacienda, Isabel García, también de MC. López tuvo que hacer frente además a una nueva sentencia, en este caso de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, que reclamaba el quinto semestre del contrato, es decir, el otro con pago retenido.

El informe indica que el 6 de abril de 2016 su autor, el jefe de los letrados, Francisco Pagán, solicitó a Isabel García un cambio de estrategia. Pidió que «se proceda al inmediato pago» y la adopción de «medidas encaminadas a que en las siguientes certificaciones no vuelva a ocurrir lo que en esta». Sin embargo, «se hizo caso omiso», tanto entonces como varias veces más hasta 2017. La reclamación de la séptima y última certificación del 'periodo Barreiro' (de 15 de mayo 2014 a 15 de mayo de 2015) y la falta de respuesta de López sobre el pago de las anteriores y de las cuatro siguientes agrandó la deuda. Los intereses de demora subieron hasta los 209.000 euros.

El segundo acreedor del Ayuntamiento en cuyos asuntos la Asesoría Jurídica ve responsable a López es Mantenimientos y Custodias SL, propiedad del expresidente de la Junta Vecinal de La Puebla, Carlos Rosique, del PP. En el informe aparecen 120.000 euros en minutas de letrados y procuradores, sin específicar por qué. Lo cierto es que una sentencia de 2013, también en tiempos de Barreiro, obligaba a pagar 200.000 euros de fondos municipales.

El informe también contiene referencias a dos casos en los que MC llevó a los tribunales al Ayuntamiento tras salir del gobierno. Uno lo perdió, tras una decisión de la alcaldesa Ana Belén Castejón de no dejarle acceder a una sesión plenaria por su comportamiento. El otro lo ganó, por la aprobación de una tarifa del agua que el juzgado dice que se hizo de forma incorrecta. En ambos casos, las costas están entre 3.000 y 4.000 euros.