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Ana Belén Castejón. v. vicéns
Imputan a la alcaldesa de Cartagena por bloquear el derribo parcial de la antigua cárcel

Imputan a la alcaldesa de Cartagena por bloquear el derribo parcial de la antigua cárcel

La juez admite la querella del Perpetuo Socorro contra Castejón por presunta prevaricación y archiva la que el hospital dirigió contra José López

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Jueves, 26 de septiembre 2019, 03:21

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La alcaldesa y concejal de Urbanismo, Ana Belén Castejón, tendrá que declarar en calidad de investigada (lo que antes se denominaba imputada) en un juzgado de Cartagena, para explicar la decisión del Ayuntamiento de paralizar la concesión de la licencia urbanística necesaria para derribar parte de la antigua cárcel de San Antón. La Fiscalía advirtió en julio indicios de un posible delito de prevaricación administrativa, a raíz de una querella presentada por el Hospital Perpetuo Socorro, propietario del viejo penal, y el Juzgado de Instrucción 1 ha acordado ahora que la regidora sea citada para aclarar lo sucedido.

En un auto dictado el 9 de septiembre, y al que ha tenido acceso 'La Verdad', la titular del juzgado, Nerea Cavero, acuerda asimismo requerir al Ayuntamiento «para que remita copia del expediente administrativo de solicitud de demolición» del edificio penitenciario ubicado en la calle Recoletos. Además, pide a la institución municipal «que por el organismo competente se expresen las razones que han impedido la concesión de dicha licencia».

«Una vez practicadas las anteriores», diligencias, «recíbase declaración en calidad de investigada a Ana Belén Castejón Pérez», concluye la jueza en su resolución. En ella, expone que durante el tiempo en que Castejón ocupó la condición de alcaldesa y concejal de urbanismo en la anterior legislatura, «se mantuvo la suspensión de la autorización de demolición cuando ya la Dirección de Bienes Culturales [de la Comunidad Autónoma] había autorizado la misma en aquellas unidades que no estuviesen afectadas por la protección otorgada por resolución de 22 de marzo de 2017».

El fiscal quiere aclarar «las razones» de no otorgar la licencia urbanística pese a que Cultura no puso reparos

En un escrito fechado el 15 de julio, y dirigido al juzgado, el fiscal especial de Urbanismo de la Región, Miguel de Mata, pidió precisamente lo que ha acabado solicitando la jueza. Según razonó el fiscal, la instrucción del caso «ha de aclarar las razones o argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento para no autorizar la demolición parcial de la antigua prisión de Cartagena cuando ya les constaba la inexistencia de obstáculos al proyecto por parte de la Dirección General de Bienes Culturales». Añadió que Cultura «en fecha de 27-12-2018, dictó resolución en la que se autoriza la intervención de demolición de la cárcel en aquellas unidades de obra que no se consideren afectadas por la protección recaída en la resolución de 22-3-2017 cuando ya habían sido desestimados los recursos de alzada interpuestos».

Asimismo, el fiscal indicó que «la ausencia de la totalidad del expediente municipal entre los documentos aportados en la querella impide el examinar la actuación municipal desde el momento en que ya se resuelve por la Dirección General autorizar la intervención en las partes de la cárcel no afectadas por la protección de bien inventariado». Por eso, es necesario dilucidar en el juzgado si Castejón actuó con «arbitrariedad», en el sentido de adoptar una resolución injusta a sabiendas de que lo era.

En San Antón

En ese mismo informe, el fiscal instó a que no se admitiera a trámite la querella presentada también por el Perpetuo Socorro contra el concejal de MC, exalcalde y exconcejal de Urbanismo José López, «por no ser los hechos constitutivos de delito». A juicio del Ministerio Fiscal, «no se aprecia un actuar prevaricador» por parte de López «por suspender el procedimiento de concesión de licencia mientras se tramitaba el expediente de declaración de bien inventariado solicitado por el grupo político 'Cartagena Sí Se Puede'» ante la Comunidad Autónoma. López precedió a Castejón al frente de Urbanismo.

Un tribunal mantiene en suspenso las obras y el hospital recurre

Se da la circunstancia de que, en una resolución dictada en mayo y en otra de este mes de septiembre, la Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia dio la razón al Ayuntamiento y acordó suspender la demolición de la cárcel, hasta decidir si la Comunidad debe incluir el pabellón de presos como elemento protegido. Posteriormente, según fuentes judiciales el Consistorio se dirigió al TSJ para advertirle de que había cometido el error material de indicar que la Comunidad Autónoma tiene incoado desde el 11 de abril de 2018 un procedimiento para la declaración de la cárcel como Bien de Interés Cultural (BIC), cuando en realidad lo tiene abierto para catalogarla como bien inventariado. Fuentes del Perpetuo Socorro, cuya defensa corresponde a Manuel Abadía, exmagistrado del propio TSJ, anunciaron que preparan un recurso para solicitar la inmediata variación de las medidas cautelares, porque la suspensión de las licencias urbanísticas solo está prevista para los bienes en proceso de ser declarados BIC y no para los bienes inventariados, caso de la cárcel cartagenera, construida en 1935 y comprada por el hospital al Estado en 2017 por 563.500 euros, para construir un aparcamiento.

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