Hansa Urbana y Adif elevan en 32,5 millones las reclamaciones contra Urbanismo en Cartagena

Imagen de archivo de los terrenos reservados para la construcción de la urbanización Novo Carthago, al borde del Mar Menor. / ANTONIO GIL / AGM
Imagen de archivo de los terrenos reservados para la construcción de la urbanización Novo Carthago, al borde del Mar Menor. / ANTONIO GIL / AGM

La promotora de Novo Carthago exige desbloquear su plan y Castejón afronta recursos del anterior mandato del PP por otros 10 millones

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ y EDUARDO RIBELLES

La reciente sentencia por el incumplimiento de un convenio urbanístico referido al Plan Parcial El Vivero de La Manga, por importe de 5,5 millones de euros, ha sacado a la luz reclamaciones contra el Ayuntamiento por valor de unos 43 millones más. Así lo detalló ayer el equipo de gobierno, del PSOE, en la Comisión Informativa de Urbanismo. Varios trámites objeto de controversia tienen más de cuatro años de antigüedad, es decir, son de la época del PP, que guardó silencio. Ciudadanos exigió de nuevo el listado completo de los convenios suscritos por los populares.

Entre las dos últimas reclamaciones administrativas destaca una que puede amenazar la estabilidad financiera del Ayuntamiento. Hansa Urbana exige 30 millones de euros por la decisión que tomó en 2018 la Junta de Gobierno Local, presidida por la alcaldesa y concejal de Urbanismo, Ana Belén Castejón, de suspender la tramitación administrativa de Novo Carthago mientras la Justicia aclara el caso de presunta corrupción en torno a este proyecto. El plan prevé la urbanización de 6.000 viviendas y dos campos de golf en San Ginés de la Jara, junto al Mar Menor.

El otro caso es también una reclamación administrativa de 2,5 millones por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), del Ministerio de Fomento. Esta sociedad quiere la compensación que se le prometió, en 2010, cuando cedió los terrenos de la antigua vía del tren, convertida en una senda verde entre Los Barreros, Barrio Peral y Virgen de la Caridad. El acuerdo caducó cuando las funciones las ejercía Francisco Espejo, actual portavoz del PP, que ayer acudió a la comisión.

La empresa alicantina confía en retomar su 'resort', tras haber sido exculpada en una causa por corrupción

Prescripción para Rafael Galea

En el caso de Novo Carthago, Hansa Urbana registró su solicitud hace una semana, impulsada por el criterio favorable de la Fiscalía de archivar las imputaciones de la empresa y de su presidente, Rafael Galea Expósito, por presunta corrupción en la recalificación de terrenos protegidos a orillas del Mar Menor. Lo que no se esperaba la promotora alicantina es que, solo unas horas después, el 20 de febrero, el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Murcia iba a decretar el sobreseimiento para Hansa y para Galea, por considerar prescritos los hechos atribuidos.

El juez Ángel Garrote, en una resolución a la que accedió 'La Verdad' ayer y contra la que cabe recurrir, da carpetazo al procesamiento de la empresa al entender que «el delito de cohecho sobre el que se asentaba su responsabilidad civil ya estaría prescrito en el momento en el que la investigación se dirigió contra el señor Galea Expósito y esta entidad».

Respecto a Galea, el magistrado concluye, teniendo en cuenta los informes del fiscal, que el presunto delito estaría prescrito cuando fue imputado en 2013. Además, indica que «no obran en la causa indicios con la intensidad suficiente que permitan concluir que el señor Galea Expósito hizo entregas en metálico a la señora Fernández, o de que participó en el trato de favor al señor Marqués». El juez alude así, en primer lugar, a los supuestos ingresos injustificados por importe de 125.000 euros recibidos entre marzo de 2003 y junio de 2006 por María Antonieta Fernández, exasesora personal de Antonio Cerdá cuando este era consejero de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma y para quien el fiscal pide 3 años y 8 meses de prisión por prevaricación y blanqueo de capitales. En segundo lugar, el juez se refiere al «supuesto trato de favor» al exconsejero de Medio Ambiente Francisco Marqués (del PP como Cerdá) por la venta de una casa en 2006.

Galea alegó que «habían transcurrido sobradamente» los 5 años de prescripción y que, en todo caso, ni hizo ingresos en una cuenta bancaria de Fernández ni intervino en la compra de la casa por parte de Marqués. Y fuentes de Hansa manifestaron ayer a este periódico la «satisfacción» del empresario y de la compañía por una decisión judicial que estaban «convencidos» de que tendría lugar «antes o después». Añadieron que, durante trece años, el promotor y la mercantil han «sufrido un injusto desgaste a nivel de reputación, económico y mediático», por el gasto en abogados y otros efectos negativos.

Respecto a la reclamación patrimonial de 30 millones de euros presentada ante el Ayuntamiento, estas fuentes indicaron que si el Consistorio la rechaza, Hansa se irá a los tribunales. Lo hará «en defensa de sus intereses legítimos», ante lo que considera una decisión «arbitraria» de la Junta de Gobierno Local.

La reclamación de Hansa Urbana se basa en un informe pericial encargado por la promotora, que dice que ya ha subsanado las deficiencias que detectó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región en el proyecto de reparcelación. La mercantil, como desveló 'La Verdad', ya anunció en octubre ante la administración local que pediría una indemnización. Entonces, la empresa dio la cifra aproximada de 140 millones de euros.

El equipo de gobierno municipal solicitó un informe al Consejo Jurídico de la Región de Murcia y pidió al Gobierno regional que anule el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 2003, sobre el cual apoyó el Ayuntamiento en 2005 la recalificación de suelos en San Ginés de la Jara.

En la Comisión de Urbanismo salieron a relucir otras cuentas pendientes. Entre ellas, el convenio de El Vivero (La Manga), que obligará a pagar en plazos de 900.000 euros anuales la deuda con una empresa ligada al empresario Mariano Roca. También se habló de los 2,37 millones de un convenio en terrenos junto a Ángel Bruna y de los 3,5 de una licencia suspendida de manera presuntamente irregular en La Azohía, un caso que decidirá el Tribunal Supremo. También hay dos propietarios de terrenos junto a la Ronda Norte que reclaman 600.000 euros entre ambos.

Una «hipoteca» para el futuro

Cs, que solicitó la revisión de los convenios desde 1995, culpó al PP de «hipotecar el futuro de Cartagena durante los próximos seis u ocho años» y le reprochó que «ni pide perdón, ni depura responsabilidades internas». Podemos también censuró que «nadie asuma responsabilidades por esta permanente sangría». El PP omitió estos casos en su comunicado. MC mencionó Novo Carthago y dijo que Castejón «paralizó, de forma dudosa, el trámite administrativo».

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