La Guardia Civil denuncia a 50 agricultores por usar gasóleo B de manera fraudulenta

Un agricultor ve pasar a un tractor por un camino asfaltado del trasvase, en una foto de archivo. / G. C. / AGM
Un agricultor ve pasar a un tractor por un camino asfaltado del trasvase, en una foto de archivo. / G. C. / AGM

La patronal COAG ve un acoso de la Benemérita y la Agencia Tributaria por emplear combustible agrícola en caminos rurales asfaltados

Antonio López
ANTONIO LÓPEZ

cartagena. Si no tenían bastante con los bajos precios y las escasas ventas que están obteniendo por algunos de sus productos, como por ejemplo los cítricos, ahora los agricultores está siendo sancionados por parte de la Guardia Civil y de inspectores de la Agencia Tributaria, por usar de manera indebida Gasóleo B o agrícola. Así lo denunció ayer el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), en Cartagena, Vicente Carrión.

Los empresarios del Campo de Cartagena dicen sentirse «perseguidos», porque «nos sancionan por usar gasóleo rojo cuando circulamos por caminos rurales asfaltados», cuenta Carrión. Su protesta se debe a que la mayoría de los viales que comunican las explotaciones agrícolas están arreglados de esa forma y la normativa dice que el combustible B solo puede ser utilizado en labores agrícolas y durante el recorrido de ida y vuelta de la zona de trabajo.

En ocasiones, los inspectores multan porque se está utilizando alguna máquina en un almacén o en actividades complementarias, pero si se acredita que esta actividad forma parte de la tarea agraria, el gasóleo agrícola puede ser utilizado.

Caminos del Trasvase

Carrión denunció que paran a los agricultores, incluso en los caminos asfaltados del Trasvase, y les hacen las pruebas. «No puede ser, porque si nos tenemos que trasladar con el tractor no podemos estar cambiando el gasoil cada vez que lo hagamos», añadió este representante de COAG.

El gasóleo B, agrícola o bonificado, es el combustible usado, principalmente, en tractores y maquinaria agrícola, para las labores del campo. También puede ser utilizado en aquellos artefactos y motores de vehículos especiales que no hayan sido autorizados para circular por vías y terrenos públicos. «Los inspectores debería ser más razonables y entender esta circunstancia que se da diariamente en varias explotaciones del Campo de Cartagena, porque la gran mayoría de caminos son de asfalto», insistió Carrión.

La ley 38/92 de Impuestos especiales dice que solo se puede utilizar gasóleo con aplicación del tipo reducido en los motores de tractores y maquinaria agrícola, autorizados para circular por vías y terrenos públicos empleados en la agricultura, incluida la horticultura, la ganadería y la silvicultura, entre otros.

Multas de hasta 12.000 euros

Los agricultores, que pueden presentar alegaciones, se enfrentan a multas que dependiendo del tamaño y potencia del vehículo utilizado, pueden llegar a los 12.000 euros. También se podría precintar e inmovilizar el vehículo entre un mes y un año.

El precio del limón y de la naranja sigue por los suelos

Los precios del limón y de la naranja del Campo de Cartagena continúan por los suelos. La competencia de países extracomunitarios como Turquía y Sudáfrica está provocando una de las peores crisis del sector. Por estas fecha, tanto uno como otro producto deberían estar cogidos, pero la mayoría de la producción continúa en el árbol. Las organizaciones agrarias comarcales calculan que se está viendo afectada más de la mitad de la producción. Esto les ha llevado a exigir soluciones a las autoridades de la Unión Europea, así como a pedir que el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas tomen medidas para paliar las pérdidas económicas de los agricultores, además de exigir un cambio en la política agraria que aplica la Unión Europea respecto a los acuerdos comerciales agrarios con países terceros. Todas las producciones españolas y europeas están siendo castigadas en precio por los productos de fuera, que compiten de forma desigual en costes de producción, costes salariales y sin exigencia de garantías de seguridad alimentaria y de sanidad vegetal.