Yolanda Muñoz se resiste a dejar el Puerto de Cartagena pese a la presión del PP por la investigación judicial
La presidenta espera que el juzgado la llame pronto para «aclarar» la presunta corrupción, pero Arroyo le pide que dimita ya y la Comunidad la invita a ello
«Yo soy la primera interesada en que se esclarezcan las dudas que hayan podido generarse tras las denuncias. Espero tener pronto la oportunidad de dar todas las explicaciones que aún no he podido, para poner blanco sobre negro y aclarar todos los hechos que se investiguen. Espero que la Justicia actúe con celeridad, para no seguir manchando el buen nombre de la Autoridad Portuaria y del gran personal de la casa». Estos fueron tres de los argumentos a los que se aferró este jueves públicamente Yolanda Muñoz para hacer oídos sordos a las peticiones de que dimita como presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, por su presunta implicación en una trama de corrupción en este organismo. Y ello, a pesar de que la presión para que renuncie al cargo llegó desde su propio partido, el PP, empujado a un giro de guion por los efectos políticos de la denuncia de la Fiscalía y de la apertura de diligencias penales contra Muñoz por parte de un juzgado de la ciudad.
«Me mantengo en mis declaraciones del pasado lunes», indicó en un comunicado la responsable portuaria, investigada por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por el posible amaño de contratos y de selecciones de personal para favorecer a amigos y personas vinculadas al Partido Popular. Y, además de remitirse al formalismo de que no ha recibido ninguna notificación de la Justicia, reiteró que colaborará con ella y que ha encargado dos auditorías sobre la gestión que está bajo sospecha. «Todos los procedimientos de la Autoridad Portuaria se realizan conforme a ley, supervisados por informes técnicos y jurídicos y bajo la tutela de la Abogacía del Estado», remarcó, desoyendo las insinuaciones y peticiones expresas de que se marche.
En la misma mañana en que el comité de empresa del Puerto le exigió de nuevo su salida inmediata, Muñoz miró al retrovisor y se remitió a cuatro días atrás, cuando el Juzgado de Instrucción 1 de Cartagena aún no había dictado un auto en el que apreció indicios de delito en ocho actuaciones protagonizadas por nueve personas (entre ellas Muñoz y su predecesor y exconsejero de Obras Públicas Antonio Sevilla) y dos empresas contratistas. Sin embargo, el Gobierno regional y el de Cartagena solo miraban ya al frente.
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En ese horizonte aparecen las elecciones locales y autonómicas de mayo, donde el municipio portuario es clave para los populares y, en particular, para su presidente Fernando López Miras, de cara a alcanzar la mayoría absoluta y no depender de un pacto de gobernabilidad con Vox.
Marcos Ortuño: «Tomará la decisión adecuada»
«La presidenta de la Autoridad Portuaria estará a la altura de las circunstancias y tomará la decisión más adecuada», le mostró por la mañana la puerta de salida el consejero portavoz, Marcos Ortuño, preguntado por los periodistas en Murcia tras la reunión del Consejo de Gobierno. Este órgano de la Comunidad propuso, precisamente, para el Puerto en diciembre de 2019 a Muñoz, exalto cargo en las consejerías de Obras Públicas y Educación, pero con escaso peso en el PP. Es secretaria de Transportes del Comité Ejecutivo en la Región de Murcia y presidenta del partido en Las Torres de Cotillas.
En medio de crecientes exigencias al jefe del Ejecutivo para que forzara la marcha de Muñoz, los populares dejaron clara su voluntad de soltar lastre; máxime en una etapa de precampaña electoral que esperaban favorable por la citación judicial de febrero al delegado del Gobierno y líder autonómico del PSOE, José Vélez, para que declare como investigado en otra causa de presunta corrupción, en este caso por su etapa de alcalde de Calasparra.
Ese propósito de dejar caer a Muñoz se hizo explícito cuando, tras comparecer Ortuño, el gobierno municipal de Cartagena, liderado por la alcaldesa, Noelia Arroyo, apoyó en Pleno una moción de Unidas Podemos IU Equo para reclamar el cambio de sillón en el Puerto.
«Lo mejor para los intereses de Cartagena es que se separe, para preparar su defensa», dijo sobre Muñoz el concejal portavoz del PP, Diego Ortega, con Arroyo presidiendo la sesión y tras un receso que puso a prueba el equilibrio de la coalición local, donde está Ciudadanos y los exediles expulsados del PSOE. Con una enmienda de adición, el ejecutivo incluyó la solicitud de dimisión de Vélez, imputado por prevaricación y malversación en la gestión de la plaza de toros, y del portavoz de MC y exalcalde José López, condenado por coacciones leves a un funcionario y por maltrato de obra a un dirigente autonómico del PP.
La pirueta de los populares, solo un día después de que Arroyo afeara a la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, haber pedido la dimisión de Muñoz al conocer la denuncia de la Fiscalía, llevó a Podemos a abstenerse. Igual hizo Vox. Los concejales MC abandonaron la sala, por el «esperpento» y el «incumplimiento» del reglamento, resumió Jesús Giménez Gallo.
Su grupo iba a apoyar la iniciativa de Podemos, «no solo porque Muñoz esté investigada sino por su despotismo y nepotismo» durante años. Y citó el audio donde, según informó la Policía al fiscal, Muñoz afirma que no permitiría la contratación como agente de la Policía Portuaria de la hija de un sindicalista, pese a ser la primera en la bolsa de trabajo, salvo que él se lo pidiera «de rodillas».
Del «esperpento» al «y tú más»
Ortega había dicho que, hasta el miércoles, era «tremendamente precipitado» reclamar el cese, pues solo había «una información en prensa acerca de una denuncia de la Fiscalía que no tenía ningún tipo de confirmación oficial». «Ayer se produjo una novedad: que el Tribunal Superior de Justicia confirmó que el juzgado llamará a ocho personas [nueve] como investigadas», dijo. En realidad, la Fiscalía confirmó ya el viernes la remisión de su denuncia.
La portavoz de Podemos, Leli García, salió con sabor agridulce. Lo condensó así: «Me alegro de que el PP haya entrado en razón y pida el cese de Yolanda Muñoz, aunque haya sido empujado por la decisión del juzgado. Pero lamento que, una vez más, el gobierno de Cartagena y, sobre todo, la parte del PP haya utilizado el argumento del 'y tú más' para desvirtuar el trabajo de la oposición».
PSOE, UGT y CC OO denunciaron el fichaje de tres personas ligadas a los populares
La investigación de la Fiscalía sobre la presunta trama de corrupción en el Puerto, que ha asumido ya un juzgado de Cartagena, no se basó solo en dos denuncias del comité de empresa del organismo y de los testimonios de trabajadores recabados por la Policía Nacional.
El Ministerio Público también recibió información del Partido Socialista en la Región de Murcia (PSRM), admitieron a LA VERDAD fuentes del partido. Los servicios jurídicos de la formación presentaron una denuncia en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia el 15 de junio de 2022, cuatro meses después del registro efectuado en la sede portuaria por la Policía Nacional.
Los socialistas expusieron «una posible irregularidad» en el concurso para contratar a un jefe de área de Explotación. «Uno de los miembros del tribunal es, además, candidato en el proceso selectivo», indicó el PSRM. E instó al Ministerio Público a pedir la suspensión del proceso selectivo hasta aclarar lo sucedido.
La Fiscalía ha incluido en su denuncia ante el juzgado presuntas maniobras de la presidenta del Puerto, Yolanda Muñoz, para dar esa plaza a Borja Fernández-Pacheco, hermano del exalcalde de Almería y consejero portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, del PP.
Ya el 4 de julio, el PSOE informó a la Fiscalía de Área de Cartagena de «irregularidades» en el nombramiento como responsable de Dominio Público del Puerto de B.M.M., exedil del PP en Ricote.
Comisiones Obreras y UGT también han pedido investigar la contratación «como telefonista» de la hermana del alcalde de San Javier y secretario general del PP en la Región, José Miguel Luengo, a través de una empresa externa. La Fiscalía no ha tomado aún una decisión sobre estas denuncias
