Fiscalía ve dos posibles delitos de la Comunidad en el 'caso Balsa Jenny'

Panorámica de la terrera Los Blancos I, a la derecha, en el paraje de El Sabinar. La fotografía es de octubre. / j. m. rodríguez / AGM
Panorámica de la terrera Los Blancos I, a la derecha, en el paraje de El Sabinar. La fotografía es de octubre. / j. m. rodríguez / AGM

Apunta a Medio Ambiente por presunto riesgo ecológico y prevaricación dado el retraso de 10 años en el sellado del depósito con los restos mineros

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ

La reactivación del 'caso Balsa Jenny' ha puesto definitivamente el foco de la Justicia sobre la Comunidad Autónoma, por desentenderse presuntamente, durante diez años, de su obligación de proteger la salud de las personas y el entorno natural de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión y del Mar Menor. La Fiscalía ha establecido que hay «indicios de la posible comisión un delito contra el medio ambiente y/o de un delito de prevaricación» por parte de la Dirección de Calidad Ambiental y de su Servicio de Vigilancia y Control, por el retraso en el sellado y la restauración del depósito Los Blancos I. Para indagar en las omisiones respecto al traslado y el almacenamiento de una tonelada de residuos mineros que amenazaban con sepultar Llano del Beal, el Ministerio Público ha pedido abrir una pieza separada de la causa donde investiga a Portmán Golf, propietaria de la corta. En la actuación de esta empresa ve también «indicios racionales suficientes de la comisión de presuntos delitos contra el medio ambiente».

En un escrito que lleva fecha de 8 de noviembre y que ha sido comunicado a las partes esta semana, la fiscal del área de Cartagena, Carmen de la Fuente, no solo se opone a la petición de archivo solicitada por la compañía, sino que pide avanzar en las pesquisas. En concreto, explica que una vez examinada la documentación remitida al Juzgado de Instrucción 3 por la Consejería de Medio Ambiente, es pertinente por un lado tomar testimonio al representante legal de la sociedad, en calidad de investigado; y, por otro, «la inhibición de las actuaciones en lo relativo a la actividad de la Administración, para su reparto al juzgado de instrucción que por turno corresponda de los de Murcia».

En esta ciudad, explica la fiscal, tuvo su sede «la en su día existente Consejería de Agricultura, Agua y Medio ambiente» y la tiene «la actual Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente», incluida la Dirección de Calidad Ambiental y las secciones que dependen de ella. Además, considera que los hechos «no deben considerarse conexos» a los de la causa de Portmán Golf y que mantener en esta la investigación de la actividad de la Administración pública «no haría más que aumentar la complejidad de las presentes actuaciones y dilatar el proceso».

Cree que no supervisó la clausura de Los Blancos y que eso puso en peligro la naturaleza y a la población

Solicita una pieza separada

Acerca de la actuación autonómica, la Fiscalía apunta a la aparente comisión de delitos contra el medio ambiente, tipificados en los artículos 328 y 329 del Código Penal, y otro de prevaricación, del 404. Y, aunque por ahora no da nombres, señala que ambas infracciones serían imputables a «las personas físicas» responsables de «la autorización, la vigilancia y el control de la actividad desarrollada en la corta Los Blancos I». La Fiscalía pidió el año pasado a la Consejería «identificar» a «las personas responsables» del «seguimiento» del expediente y de informar del cumplimiento». La respuesta autonómica fue, sin embargo, genérica.

La Fiscalía entiende acreditado «que desde el año 2005, en que se realizó la primera fase, consistente en el movimiento de los residuos de la balsa Jenny a la corta Los Blancos I, hasta el año 2015, en que se lleva a cabo la estabilización del terreno (fase II), el vertido estuvo expuesto a la intemperie, sin sellar, a la erosión hídrica y eólica». Eso implicó un «peligro para el medio ambiente y la población más cercana»: la del distrito de El Beal.

Fue en 2013 cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil alertó sobre la situación del vertido, pues había «escorrentías y lixiviados en el terreno». Calidad Ambiental envió, entonces, requerimientos a la mercantil para que realizara «las obras necesarias» y abrió «expedientes sancionadores por el incumplimiento observado».

Hasta entonces, relata la Fiscalía, «a sabiendas de las obligaciones impuestas por la Declaración de impacto ambiental», en 2002, y reiteradas en 2004 en el acta provisional de puesta en marcha y funcionamiento del depósito, los representantes legales de la empresa Portmán Golf SA «no llevaron a cabo las actuaciones necesarias de sellado y restauración del espacio del vertido». Eso ocasionó «el riesgo de causar grave perjuicio al medio ambiente y a la salud de las personas».

La compañía tampoco desarrolló «el proyecto postcierre necesario para asegurar la vigilancia y el control del vertedero en condiciones adecuadas», según el escrito. «Semejante actuación contravenía igualmente la normativa vigente» sobre eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, afirma la Fiscalía. Esta añade que la mercantil pidió la autorización de gestora de residuos inertes no peligrosos, pero según la normativa europea los residuos pueden ser considerados peligrosos.

La fiscal pide ampliar el plazo máximo para completar la instrucción, incluida la declaración como investigado del representante legal de Portmán Golf hasta 2011. También insta a requerir a la mercantil la presentación de un «seguro de responsabilidad civil o ambiental, que tuviera en vigor por posibles daños a terceros como consecuencia del depósito de vertidos entre los años 2008 y 2013». Y solicita nuevos informes al Instituto Geológico y Minero de España, la Confederación Hidrográfica del Segura y la Fiscalía de Sala.

Una acusación se retira

El periodista y exsecretario general del PP en la Región José Juan Cano Vera ha renunciado a seguir con la acusación particular. En 2014 denunció, a través del abogado Diego de Ramón, una posible malversación, por el desembolso en Jenny de 6,5 millones de euros de dinero público, repartidos a partes iguales entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Medio Ambiente.

Sí mantiene la acusación Ecologistas en Acción. Defiende que hay contaminación superficial en el antiguo emplazamiento de Jenny, cuya restauración asumió la Comunidad, y en Los Blancos, por clausuras deficientes. También habla de escorrentías al acuífero y al Mar Menor.

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