La Fiscalía archiva la denuncia vecinal por los ruidos en el centro histórico de Cartagena pero pide más control

En un decreto fechado el 7 de enero y que no había trascendido, la Fiscalía concluye que la administración local actuó conforme a la legislación, entre otras cosas mediante el cumplimiento de la Ley de Ruidos y de la Ordenanza Municipal sobre protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones. Y descarta que los hechos comunicados por la Asociación Sin Ruido, una plataforma de vecinos del centro de la ciudad, puedan ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente.

Tampoco advierte la Fiscalía indicios de prevaricación administrativa en las autorizaciones concedidas a actividades en las calles Honda, Ignacio García, Jara, Callejón de Bretau, Aire, Escorial, Cuesta de la Baronesa y Cañón. Ejemplos son «la ampliación de las terrazas»; los conciertos en establecimientos y en la vía pública (como los de Carthagineses y Romanos); y las aglomeraciones de personas para consumir alcohol, hasta la madrugada, en fiestas como Navidad. «Procede acordar el archivo de las actuaciones, por entender que de las diligencias realizadas no ha sido posible acreditar que los hechos objeto de denuncia tengan relevancia penal», concluyó la fiscal jefa de Cartagena, Carmen de la Fuente.

En su resolución, comunicada a ambas partes y a la que ha accedido LA VERDAD, relata las decenas de intervenciones del servicio de Medio Ambiente y la Policía Local en 5 años: inspecciones, intervenciones por quejas vecinales, multas y órdenes de suspensión de la actividad.

Entre las prácticas irregulares de al menos 25 bares y pubs figuran carecer de licencia de actividad, organizar conciertos sin permiso, poner la música a volumen excesivo, no usar el limitador y retirar el precinto de éste. En los expedientes municipales también aparecen el dejar las puertas abiertas, incumplir el horario de cierre, alterar la potencia de los equipos de sonido y permitir a los clientes el consumo de alcohol en la calle. Según fuentes municipales, a veces el cobro de las multas choca con el cambio de titularidad de los negocios (modificación constatada en la investigación judicial).

Para garantizar el «derecho a la vida privada y familiar y al domicilio», Fiscalía considera «conveniente que la Policía Local contara con aparatos de medición de decibelios». Podrían «captar las inmisiones de ruidos» en las casas, «en el mismo momento en que se estuvieran produciendo y fueran requeridos» los agentes «por los vecinos perjudicados».

El Ministerio Público recordó la «obligación de colaboración de la administración local para el mantenimiento del orden en la vía pública». El fin es evitar «la formación de aglomeraciones que incumplan la normativa vigente en materia de consumo de alcohol en vía pública», por ejemplo los botelleos, o «supongan una infracción del orden público o en materia de limpieza en las calles».

Acerca de las molestias por los «numerosos actos culturales, musicales y lúdicos» en esta «zona residencial» [suspendidos desde marzo de 2020 por la pandemia],, la fiscal apuntó que los vecinos pueden pleitear en la vía contencioso adminisrativa. Compete a ésta evaluar la «competencia» municipal «para organizar eventos de promoción social o cultural en diversos espacios de la ciudad».

De la Fuente apuntó que el Consistorio, al organizar eventos donde suspende los objetivos de calidad acústica de la Ley, «está actuando al amparo del marco legal y de su propia iniciativa o intención política en cuanto al modelo de ciudad y cultura que considere oportuno promocionar». Y no advirtió la «contradicción» con la ley que exige la prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas).

«A lo sumo», explica la fiscal, la gestión municipal «implicará una irregularidad en la aplicación de la norma relativa a la tramitación de autorizaciones». Ello «deberá ser objeto de control por la jurisdicción contencioso administrativa, a quien corresponde el control de legalidad de la actividad de la administración». De ahí puede «derivarse una responsabilidad municipal por vía de la responsabilidad patrimonial», lo que generaría el pago de indemnizaciones.