La Fiscalía archiva la denuncia por un presunto fraude en los contadores del agua corriente

Operarios de Hidrogea, reparando canalizaciones en 2016. / A. G. / AGM
Operarios de Hidrogea, reparando canalizaciones en 2016. / A. G. / AGM

Concluye que «no existe delito» en las tasas de Hidrogea, pero abre la puerta a la vía administrativa por el posible desvío de dinero

EDUARDO RIBELLES y JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ

La Fiscalía del Área de Cartagena ha decretado el archivo de las diligencias de investigación abiertas por un «presunto fraude» en las tasas por la instalación y el mantenimiento, entre 2012 y 2016, de los contadores del servicio municipal de aguas, que administra la empresa Hidrogea. Considera que los hechos denunciados por un ciudadano «no son constitutivos de delito». El Ayuntamiento gira los recibos.

El archivo tuvo lugar tras once meses de pesquisas sobre una supuesta responsabilidad penal que esta persona apreció, tras no lograr de la Administración local la información que pidió para cotejarla. No obstante, la Fiscalía abre la puerta a acudir a la vía administrativa por posibles desvíos de dinero, tras constatar que ya existe una reclamación del Ayuntamiento por medio millón de euros. En los años referidos gobernaron el PP, en solitario, y PSOE y MC, en coalición.

El decreto de archivo fechado el 30 de septiembre , al que ha tenido acceso 'La Verdad', recuerda que el contrato del servicio municipal de aguas fue adjudicado, en 1992 y por 25 años, a la concesionaria Aquagest, ahora llamada Hidrogea. En él se incluía el compromiso de «sustituir 30.000 contadores de más de 15 años» y cambiar «3.000 más que permanecían parados», aunque «sin plazo alguno» para ello.

El Ayuntamiento queda libre de responsabilidad por el cobro a los usuarios entre 2012 y 2016

La denuncia tomada en consideración por la Fiscalía, el año pasado, indicaba que podía haber «un enriquecimiento ilícito» por la presunta renovación de menos contadores de los exigidos por contrato y por la supuesta colocación de muchos de precio y clase superior a los habituales en el mercado. También incluía la presunción de que se hizo con unas tarifas excesivas de mano de obra y desplazamientos. Todo ello habría generado, según el denunciante, una responsabilidad de los supervisores municipales.

A juicio del Ministerio Público, «no es posible considerar acreditada la concurrencia de indicios racionales de criminalidad», tras la «contradicción entre los datos del denunciante y la documentación acreditada por la mercantil». Según esta última, Hidrogea «modificó 54.108 de los 113.000 contadores del municipio solo entre 2012 y 2016».

El hecho de que la mayor parte fueran de una gama superior a la que el Ayuntamiento consideró adecuada, a partir de 2017, tampoco es motivo de imputación penal, según el escrito. En él se considera justificado el precio facturado (123,73 euros), porque incluía «una instalación compleja más costosa» y con algunos artefactos auxiliares, pese a que la compra a los proveedores se hizo por 33,15 euros la unidad. Eso sí, la Fiscalía certifica que, hasta 2015, Hidrogea decidía el tipo y el número de contadores a renovar, con la consiguiente facturación, «lo cual revela su grado de autonomía».

No hubo «engaño»

Sin embargo, «ninguna de esas cuestiones puede ser constitutiva de delito», añade. «Tampoco ha sido posible acreditar que haya engaño previo a la contratación del servicio, ni por tanto estafa», según la el decreto de archivo, que descarta «imputar responsabilidades a los funcionarios supervisores del contrato».