La Fiscalía advierte del «grave riesgo» de un vertedero ilegal y reclama precintarlo

Vista del vertedero de Los Segados, a escasos metros de la rambla de Benipila, en el paraje de Los Segados. La fotografía fue tomada ayer por la mañana. / j. m. rodríguez / agm
Vista del vertedero de Los Segados, a escasos metros de la rambla de Benipila, en el paraje de Los Segados. La fotografía fue tomada ayer por la mañana. / j. m. rodríguez / agm

La montaña de escombros y residuos peligrosos supera ya los dos metros en Los Segados y amenaza la salud de los vecinos y la rambla de Benipila

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ

Cuando los inspectores de la Consejería de Medio Ambiente se presentaron el 9 agosto del año pasado en Los Segados, un paraje rural situado entre el barrio de Los Dolores y La Aljorra, se toparon con que la montaña de restos de la construcción, plásticos, maderas y residuos peligrosos, como trozos de uralita rotos, alcanzaba ya magnitudes apabullantes. Un recorrido por la zona lindera a la rambla de Benipila que, desde al menos un año antes, se había convertido en una escombrera clandestina, por la actividad de tres empresa sin licencia para el transporte de mercancías y de otra sin título habilitante para trasladar mercancías peligrosas, les hizo tomar buena nota del alcance del problema.

«En dicha inspección se pudo comprobar por los agentes que las dimensiones del vertedero ya supera los dos metros de altura en superficie, teniendo que añadir a ello otra parte enterrada en el suelo, lo que arroja un mínimo de entre 25.000 y 30.000 metros cúbicos de residuos y un peso de entre 27.500 y 45.000 toneladas», constató en noviembre el especialista en medio ambiente de la Fiscalía de Área de Cartagena Fulgencio Pérez.

En su denuncia, que asumió el Juzgado de Instrucción 2, Pérez determinó la existencia de indicios suficientes para imputar a las tres personas a cuyos nombres figuran las mercantiles, tres de las cuales tienen sede en Cartagena y una en Fuente Álamo, según fuentes conocedoras del caso. Les atribuye el ser presuntos autores de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Así, el fiscal dejó claro que «las actuaciones realizadas por los denunciados suponen, además de una flagrante vulneración» de la Ley de Residuos y suelos contaminados y de los reales decretos sobre traslado de residuos y sobre aguas, una «conducta» presuntamente constitutiva de las citadas infracciones penales. En consecuencia, solicitó la apertura de diligencias previas de averiguación de los hechos y de sus aparentes responsables.

Las descargas sin licencia siguen, pese a las continuas denuncias de la Policía Local desde hace dos años

Tan evidente conculcación de la normativa ambiental observó el Ministerio Público (que actuó a instancias del Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación de Naturalistas del Sureste -ANSE-) que reclamó a la autoridad judicial actuar con la mayor contundencia y celeridad posibles. Además, advirtió sobre el potencial peligro para la población, en especial por el «grave riesgo que supone la dispersión del amianto» contenido en los materiales depositados en la zona.

Así, según la documentación aportada por ANSE, la Policía Local y el Servicio de Inspección y Control Ambiental de la Comunidad, los residuos inertes de la construcción están mezclados «con otros peligrosos para las personas y el medio ambiente, y altamente contaminantes». Ejemplos son azulejos, tuberías, fibras de vidrio, diversos tipos de aceite, disolventes, planchas de uralita y placas de fibrocemento.

Amianto y disolventes

«El Ministerio Fiscal insiste en la extrema importancia y urgencia de la adopción, en este caso, de medidas cautelares, en orden a evitar que se cause un perjuicio irreparable al bien jurídico protegido: el medio ambiente y la salud de las personas». También consideró importante el fiscal «garantizar que pueda restaurarse en el futuro el orden jurídico violado», razón por la cual instó al instructor del caso acordar, «a la mayor urgencia», el «inmediato cese de la actividad de transporte y depósito de residuos peligrosos» por parte de los investigados».

La Fiscalía también pidió oficiar a la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia para precintar la zona, y si fuera necesario también los dos camiones portacontenedores supuestamente empleados para arrojar los residuos. Asimismo, solicitó tomar declaración a los investigados e imponerles el pago de una fianza, en una cantidad que cubriera los perjuicios ambientales. Para garantizar las posibles responsabilidades civiles, planteó incluso embargar bienes.

Transcurridos siete meses desde la interposición de la denuncia, la Fiscalía ha redoblado su actividad para conseguir la orden de precinto del área afectada, así como nuevos datos sobre el alcance de los daños al medio ambiente. Según las fuentes consultadas, la fiscal encargada en la actualidad del caso ha contactado con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, para conocer la situación actual de la escombrera.

Entre tanto, en la causa consta también ya un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), a la que pidieron «determinar si el vertedero ilegal se encuentra en la zona de policía de la rambla de Benipila», así como «los riesgos y perjuicios para el medio ambiente».

La CSH no aclara si es su zona

Fuentes del organismo de cuenca se limitaron a informar ayer a 'La Verdad' de que el expediente administrativo fue paralizado, al tener preferencia la instrucción del procedimiento judicial. Fuentes municipales indicaron que la Policía notificó hace unos días a un investigado, en plena descarga de materiales, una resolución del área de disciplina ambiental del Ayuntamiento sobre la suspensión de actividad de su empresa. Añadieron que, dos veces, sintiéndose impune alguien retiró el cordón colocado por los agentes para impedir el paso de los vehículos.

«Os voy a hacer trizas la cámara, os la vais a tragar»

En los siete meses transcurridos desde la denuncia sobre el vertedero clandestino de Los Segados, los efectivos de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de Cartagena han ratificado sus numerosas denuncias sobre el vertedero ante el juzgado, cuya titular también tiene en su poder el testimonio escrito de los funcionarios autonómicos.

Según consta en la denuncia presentada por la Fiscalía, los funcionarios del Servicio de Inspección y Control Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente afirmaron que, en su inspección del mes de agosto de 2018, uno de los investigados, conductor habitual de un camión, les obligó a suspender la revisión de la zona.

Según los agentes ambientales, al sorprender al conductor cuando iba a «realizar una nueva descarga en el vertedero, y tras identificarse como inspectores», el sospechoso «se negó a identificarse». A continuación, con «actitud amenazante», les dijo: «Os voy a hacer trizas la cámara, os la vais a tragar».

Según el fiscal, los escombros afectan ya a cuatro parcelas, situadas dentro del denominado Polígono 12 del término municipal de Cartagena. Los investigados, relata, fueron «aplanando el terreno con una pala retroexcavadora», dejaron los residuos «estratificados en diversas capas» y siguieron vertiendo materiales. Y lo hicieron sin una licencia que, además, es «imposible de obtener», por «ser especialmente peligroso» para «el lugar concreto donde se realiza»: el entorno de un cauce público. Este desemboca en el Mediterráneo tras atravesar varias poblaciones, entre ellas el casco urbano de Cartagena.