El fiscal señala otras presuntas maniobras de Muñoz para dar contratos del Puerto de Cartagena a empresas afines

En el escrito, al que LA VERDAD ha tenido acceso, el Ministerio Público reclama a la jueza que incorpore a la causa nueva documentación que, a su entender, aunque alude a otros expedientes, guarda relación con contratos que ya están bajo lupa. Este nuevo paso del fiscal se produce después de que, tal y como anunciaron, los representantes del Comité de Empresa del Puerto, que destaparon el caso, le hicieran llegar nuevos documentos vinculados a presuntas conductas irregulares de Muñoz orientadas a la asignación de empleos en el organismo y a facilitar la adjudicación de contratos de servicios a amigos y empresas con las que compartían intereses.

Uno de los expedientes que el fiscal reclama que se incorpore a la causa es el 27/2022, que aborda la renovación del servicio de control de accesos a las instalaciones portuarias. Este contrato guarda relación con otro que ya está indagando la instructora y en el que Muñoz, que está siendo defendida por el letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, presuntamente habría favorecido a la empresa Salzillo Seguridad S.A. en la licitación de un expediente del servicio de mantenimiento para las instalaciones de seguridad de la APC.

El fiscal explica en su escrito que la empresa que se encargaba previamente de este servicio comunicó a la APC que los equipos no estaban obsoletos y que solo necesitaban un actualización de software cuyo mantenimiento estaba dispuesto a realizar por 16.000 euros. Ese expediente se paralizó por un recurso de la firma, que fue desestimado por la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Los denunciantes sostienen que el 4 de octubre de 2022 se anunció la anulación de ese proceso de licitación alegando un problema formal y que ese día se volvió a publicar con los mismos pliegos y tramitación urgente. El fiscal destaca que en la Mesa de Contratación incorporaron entonces a Borja Fernández-Pacheco, hermano del exalcalde de Almería y actual consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco.

La contratación de este alto cargo como jefe de explotación está siendo también objeto de investigación. El Ministerio Público hace hincapié en que, según alertan los denunciantes, Fernández-Pacheco como personal eventual no podía formar parte de ese órgano de contratación. Estos sostuvieron además que Muñoz trató nuevamente en este contrato de favorecer a la empresa Salzillo Seguridad.

Lozano también solicita a la jueza que incorpore a la causa un contrato menor con el que se hizo la misma empresa por 39.696 euros. Este iba dirigido a la sustitución de las cámaras analógicas del circuito cerrado de televisión de la APC por otras digitales. El fiscal explica que este contrato se trató como de obra y no de suministro, como debería haber sido, con la presunta intención de poder utilizar la figura del contrato menor.