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José Antonio Alonso y Pilar Barreiro, en 2003 en la presentación de Puerta Nueva. A la izquierda, Agustín Alonso. j. m. rodríguez / agm
El fiscal pide cárcel para cuatro directivos de Puerta Nueva y que paguen a Casco Antiguo

El fiscal pide cárcel para cuatro directivos de Puerta Nueva y que paguen a Casco Antiguo

Afirma que acordaron la «descapitalización» de la promotora del barrio universitario, para no entregar el 30% del beneficio a la sociedad municipal

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Jueves, 5 de julio 2018, 01:15

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«A sabiendas» de la obligación de «entregar anualmente» a la Sociedad Municipal Casco Antiguo un 30% del incremento de los beneficios que se obtuvieran, respecto a la previsión inicial», y «con el objetivo de no dar cumplimiento a la misma, los acusados Jesús Espelosín Atienza, Agustín Alonso Conesa, Antonio Lleó García y Santiago López García, actuando de común acuerdo como consejeros delegados de la empresa Residencial Puerta Nueva, iniciaron un proceso de descapitalización» de la compañía privada. Lo hicieron «mediante la concesión de elevadísimos préstamos a empresas de su grupo (por importe de 9 millones de euros), que en realidad enmascaraban reparto de beneficios».

Así ha resumido el fiscal del 'caso Puerta Nueva' el 'modus operandi' que siguieron presuntamente cuatro directivos de la empresa adjudicataria del proyecto municipal de reurbanización del barrio universitario, para cada uno de los cuales pide cinco años de cárcel. Les atribuye un delito de alzamiento de bienes y solicita, como pena accesoria, la inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, una multa de 20 meses con una cuota diaria de 25 euros (unos 15.000 euros) y el pago de las costas judiciales. La Fiscalía, que después de tres años de investigación ha interesado la apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial, ha solicitado también que los imputados indemnicen de forma solidaria con 1,92 millones de euros a Casco Antiguo.

Esta cantidad, fijada en concepto de responsabilidad civil, corresponde a la deuda que Puerta Nueva acumuló con la compañía pública entre los años 2007 y 2010, según reconoció en una sentencia la Audiencia Provincial en 2014. El dinero corresponde a las plusvalías extra generadas con la venta de viviendas, locales comerciales y garajes, y cuya cuota municipal no fue reclamada por los gobiernos locales del PP, pese a lo establecido en el contrato. En esa época, los concejales fueron Agustín Guillén y Joaquín Segado, este último actual presidente del PP en Cartagena y de la Autoridad Portuaria. La alcaldesa era Pilar Barreiro.

La empresa concedió 9 millones en préstamos a varias sociedades y debe aún al Ayuntamiento 1,9

Cinco años a cada uno

En vista de que la promotora había entrado en 2012 en concurso de acreedores, y de que apenas había posibilidad de cobrar el dinero, Casco Antiguo -aún con el PP en el gobierno local- decidió en 2015 complementar su demanda civil contra Puerta Nueva con una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Ésta vio indicios de un delito de alzamiento de bienes y de otro societario, y el juez instruyó diligencias por el primero de ellos y por otro de insolvencia punible.

Sin embargo, según fuentes judiciales, a la vista de las declaraciones de los investigados y del análisis de la documentación, la Fiscalía no ve ahora argumentos para sostener que los cuatro se quedaran con el dinero de los préstamos. Lo previsibles es que, tal y como han hecho durante el periodo de instrucción, los investigados requieran al juez que ordene el archivo del procedimiento; y que, si el magistrado rechaza el sobreseimiento, presenten un recurso ante la Audiencia Provincial.

En cuanto al Ayuntamiento, que ejerce la acusación particular, optará por ceñirse a la petición del fiscal o ampliarla en cuanto a delitos y penas, sobre todo para tratar de cubrir uno de los 'agujeros' que amenazan de cierre a su entidad urbanística.

En una tercera vía judicial, el Ayuntamiento reclama el cobro de las cantidades adeudadas por Puerta Nueva. Lo hace ante el Juzgado de Lo Mercantil 1 de Madrid, encargado del concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).

En lo relativo al ámbito penal, el escrito dirigido por la Fiscalía al Juzgado de Instrucción 1 recuerda que todo se remonta al 24 de febrero de 2003. Según el documento, al que ha accedido 'La Verdad', en esa fecha Sociedad Municipal Casco Antiguo SA vendió (por concurso público) por 5,5 millones de euros varias parcelas de propiedad municipal, calificadas como edificables de uso residencial. Las compradoras fueron las empresas Sethome SL y Promociones Alumbres SL, que se hicieron con los terrenos integrados en la Unidad de Actuación 1 de Plan Especial de Reforma Interior CA4 (PERI CA4 Campus Universitario de Cartagena).

Pues bien, esas dos mercantiles privadas «se obligaban a constituir una promotora, que fue a la postre Residencial Puerta Nueva SA, encargada de la ejecución del PERI», y obligada a entregar a la administración local todos los años el 30% de los ingresos no previstos. Para eludir ese compromiso, los directivos antes mencionados urdieron supuestamente una trama.

Ésta se materializó en la concesión de estos préstamos por parte de la promotora a sociedades con participaciones en ella: uno de 3,6 millones de euros (el 40%) a Sethome SA, cuyo presidente del Consejo de Administración era Jesús Espelosín -exconcejal de Urbanismo de Madrid por el PSOE- y consejero delegado Santiago López; otro de igual cantidad a Medi Valencia SL (luego llamada Cartera de Gestión Levante), cuyo administrador único era Antonio Lleó; y otro de 1.840.000 euros a Mistral Inversiones, administrado por Agustín Alonso, hermano del exalcalde socialista de Cartagena y exgerente de Puerta Nueva José Antonio Alonso.

La devolución fue fijada en «vencimientos aplazados» entre el 15 de diciembre de 2010 y el 15 de diciembre de 2012. Sin embargo, «respecto a Mistral SL, Residencial Puerta Nueva aceptó como pago, mediante un contrato de cesión firmado el 1 de marzo de 2010, los créditos de Mistral SL con las mercantiles Narkanda SL, Atalia SL y Zima SL. «Dicho contrato -concluye el representante del Ministerio Público- se realizó con el ánimo relatado de proceder a una descapitalización que impidiera satisfacer los derechos de la empresa pública Casco Antiguo, y a sabiendas de no poder hacerse efectivos los créditos, dado que dichas empresa no tenían solvencia»; de hecho, entre septiembre y diciembre de 2011, esas firmas «entraron en concurso de acreedores.

Barreiro y Alonso

El proyecto de expropiación de inmuebles y construcción de nuevas viviendas fue ideado con José Antonio Alonso en la alcaldía, y él mismo lo gestionó durante un tiempo desde el sector privado. Para entonces, era alcaldesa por el PP su amiga Pilar Barreiro, quien entró en el Consejo de Administración de Puerta Nueva con el compromiso de velar por los intereses municipales.

La exregidora estaba en ese órgano cuando el Consejo aprobó los préstamos. Al lograr el acta de diputada nacional, Barreiro (ahora senadora del Grupo Mixto desde que fue imputada, como José Antonio Alonso, en el 'caso Púnica' de presunta corrupción) dejó el Consejo y ningún otro edil la relevó. Fue una inspección de Hacienda, de la que se hizo eco el concejal de MC José López, la que destapó la deuda. Aún sin cubrir, el 'agujero' continúa en los tribunales.

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