Fin a los incentivos para las prejubilaciones de funcionarios municipales de Cartagena por razones legales

Fuentes municipales informaron a este periódico que el equipo de gobierno dio luz verde a la modificación urgente de los acuerdos adoptados en 2019, 2022 y 2023 relativos a estas ayudas. En particular, lo que se propone, detallaron, «es dejarlos sin efecto ante la confirmación de ilegalidad derivada tanto del dictamen jurídico regional como de sentencias judiciales recientes».

La decisión judicial, no obstante, no afectará a todos los funcionarios por igual, añadieron. El ejecutivo municipal establece situaciones diferenciadas según el momento y el estado administrativo en que se encuentran los funcionarios afectados. Para aquellos empleados públicos ya jubilados que recibieron la ayuda en apariencia de legalidad, la declaración de ilegalidad no tendrá efectos retroactivos, conservando las ayudas ya percibidas.

Asimismo, las fuentes municipales señalaron que, en el caso específico de cinco empleados municipales que se jubilaron antes de la firmeza judicial y que aún no han percibido la ayuda, se acuerda abonar las cantidades prometidas. «Esto no se hará como una ayuda a la jubilación, sino como reconocimiento de situaciones jurídicas individualizadas mediante responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento», explicaron.

Los empleados que solicitaron la ayuda antes de conocerse la ilegalidad, pero que aún no han sido concedidas, serán los más perjudicados. «La situación jurídica ha cambiado y, por tanto, no se les concederá la ayuda al entenderse que solo tienen una expectativa de derecho, no un derecho adquirido».

Pese a la situación, el equipo de gobierno aseguró que «iniciará negociaciones con los representantes sindicales para revisar las aportaciones al plan de pensiones del personal municipal, conforme al marco normativo actualizado, especialmente atendiendo al Real Decreto Legislativo 1/2002, modificado en 2022, sobre planes y fondos de pensiones».

La alcaldesa, Noelia Arroyo, fue quien, a través de sendas diligencias enviadas a este órgano en diciembre y enero, pidió opinión jurídica sobre la legalidad del procedimiento seguido por el Consistorio cartagenero. El dictamen del Consejo Jurídico despertó las críticas de la oposición. Según MC, los pagos aprobados desde 2019 podrían superar los dos millones de euros.

Fue con el anterior equipo de gobierno cuando, a inicios de la legislatura pasada, se impulsó desde el Ayuntamiento una línea de incentivos a la jubilación voluntaria entre los funcionarios municipales.

Así lo recogen también los antecedentes previos citados en el propio dictamen, que recogen que el 24 de junio de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia la Fase VIII del PORH, que introdujo las ayudas por jubilación anticipada. Entre esas ayudas, como recogió este periódico, se incluían incentivos desde los 40.000 euros para aquellos que aceptaran la jubilación a los 59 años, según la edad de jubilación y los 5.000 euros para los que abandonaran el servicio público a escasos cuatro meses de cumplir los 65 años.

A partir de ese mismo año, señala el mismo documento, la intervención municipal comenzó a advertir de la falta de cobertura legal de estos incentivos en todos los informes de fiscalización de nómina.

El 28 de noviembre de 2022, la Mesa General de Negociación acordó externalizar mediante póliza de seguro los incentivos a la jubilación y Hacienda elevó la propuesta a la Junta de Gobierno, a donde llegó el 1 de diciembre para su aprobación.

Con los informes favorables de la Asesoría Jurídica y la Intervención Municipal, en marzo de 2023, el Ayuntamiento adjudicó la póliza a la única aseguradora de las dos consultadas que presentó oferta, valorada en 238.930,33 euros para nueve funcionarios que se jubilarían anticipadamente en 2024.

En octubre del año pasado llegó un primer varapalo del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Cartagena, que desestimó la demanda de un funcionario que reclamaba el cobro de la ayuda. El juez aplicó la doctrina del Supremo y declaró que la ayuda carece de cobertura legal.

La decisión de la Junta de Gobierno de este jueves no ha sorprendido en el seno de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Cartagena. El presidente de este órgano de representación de funcionarios, Daniel Guirao (CC OO), reconoció a este periódico que, tras los últimos varapalos judiciales, era una noticia que se esperaban.

El representante de los funcionarios municipales agradeció la predisposición del equipo de gobierno a negociar con los sindicatos y afirma a este periódico que solicitará, tal y como ya ha avanzado el gabinete de Noelia Arroyo, que se aproveche la coyuntura para mejorar por otra vía las condiciones laborales del personal municipal. «Pediremos que ese dinero se pueda destinar a incrementar las aportaciones del Ayuntamiento al plan de pensiones municipal», adelantó.

El representante sindical lamentó la situación y afirmó que los gabinetes jurídicos de cada uno de los sindicatos con representación en la Junta de Personal estudiarán si existen vías posibles para intentar salvar el plan de jubilaciones anticipadas.

Señaló que el Ayuntamiento era uno de los primeros interesados, al igual que ellos, en mantener estos incentivos a la retirada anticipada de la vida laboral porque supone un importante ahorro para las arcas municipales.

El presidente de la Junta de Personal lamentó también la incertidumbre que puedan estar experimentando aquellos compañeros que se acogieron a estas ayudas del Ayuntamiento. «Para ellos es un fastidio muy grande porque aceptaron la prejubilación contando con que iban a ingresar ese dinero. Hay compañeros que pierden pensión y ese dinero era para compensar dicha perdida».

Guirao señaló que comprende que los que fueran a jubilarse el año que viene no puedan acogerse a estos incentivos, pero pidió que se respete las cantidades prometidas a los que iban a retirarse a este año del servicio público en el Consistorio.

Guirao ostenta la presidencia de la Junta de Personal desde el pasado diciembre. Aquel mes los funcionarios municipales estaban llamados a elegir en las urnas a sus representantes en el principal órgano de representación sindical. El resultado de los comicios arrojó una victoria de SIME, que obtuvo siete delegados, seguido de CC OO, con seis.