El Estado tiene inmuebles sin usar y subasta otros pese a la falta de sitio para los juzgados en Cartagena

El Ministerio de Defensa, con el cual negoció durante dos años el Ayuntamiento la compra de la Factoría de Subsistencias de la Armada o del Hospital Naval para ubicar el Mercantil, acaba de sacar a subasta un piso de 403 metros cuadrados en la calle Mayor. Es casi el doble de los 250 metros cedidos por el Consistorio en el cercano Palacio Molina, que está en la calle Jara.

El Ministerio mantiene abierto hasta el 13 de enero el plazo de recepción de ofertas económicas a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied). Este organismo ha fijado un precio de la primera puja en 334.552,30 euros y de la segunda, en 301.097,07 euros. Y según detalla en su página web, la propiedad se halla en la segunda planta del edificio de calle Mayor 27-29. Es «un local comercial que en origen eran dos viviendas unidas» y que tiene dos ascensores y dos entradas independientes: una por Mayor y otra por la calle Almendro.

Entre tanto, el Ministerio de Trabajo mantiene cedidas a UGT cuatro de las siete plantas de un edificio de la Plaza de España, pese a llevar años sin uso. Según fuentes del sindicato, que utiliza una planta (la otra la tiene cedida la patronal COEC), el Ministerio iba a subastar el inmueble este año, pero suspendió la operación urbanística por la pandemia. Diversas fuentes indicaron que las plantas desocupadas están en un estado precario de conservación y señalaron que hubo un promotor local interesado en adquirir el edificio completo para construir viviendas. El plan, añadieron, no llegó a cuajar porque el empresario descartó la viabilidad de la operación, porque debía presentar un aval de unos 8 millones de euros. Una idea era derribar el bloque y construir uno nuevo en su lugar .

Representantes de UGT y de COEC mantuvieron una reunión en Madrid con delegados estatales, para abordar el asunto. En ámbito sindicales se manejó la posibilidad de trasladar las dependencias sindicales y de la patronal al bajo de los antiguos cines que hay en el Paseo de Alfonso XIII.

En Cartagena, el Gobierno de España tiene, por lo tanto, espacio suficiente para albergar potencialmente nuevos juzgados, pero no los usa o los pone en venta. Y, mientras, el retraso en la apertura del Mercantil ha derivado en un conflicto entre el Ayuntamiento de Cartagena y el Ministerio, ante la decisión de éste de abrir el próximo 31 de diciembre el Juzgado Mercantil 3 de la Región (el de la ciudad portuaria será el 4). Estará en la Ciudad de la Justicia de la capital, una infraestructura cuya construcción en Cartagena facilitará el Ayuntamiento, al ceder una parcela frente al Hospital Santa Lucía.

A propósito del aprovechamiento de los edificios para la ciudad, la Plataforma por la Justicia de Cartagena (que entre otros colectivos agrupa a los colegios de abogados y procuradores) ha pedido que el Ministerio habilite un lugar que reúna de forma temporal a los cinco juzgados que están en locales alquilados, hasta que esté listo el campus judicial. Por ahora, no consta que hay ninguna respuesta al respecto.

Según la plataforma, esa sede provisional evitaría que haya nuevas demoras en la creación de órganos necesarios para el partido judicial, como un juzgado de Menores, el octavo de Primera Instancia y una segunda sección desplazada de la Audiencia Provincial. Los abogados calculan que la Ciudad de la Justicia (que sustituirá al saturado Palacio de Justicia de la calle Ángel Bruna) no abrirá antes de 4 años.

No obstante, fuentes conocedoras del proyecto en el Ministerio afirmaron que la actuación podría irse a ocho años vista, dado que antes de contar con el solar de titularidad municipal son necesarios varios trámites urbanísticos. Para justificarlo, recordaron que es imprescindible redactar y aprobar primero un proyecto de reparcelación y de otro de urbanización.