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Martes, 15 de mayo 2018, 03:25
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La empresa propietaria del Hospital Perpetuo Socorro, que el año pasado compró la cárcel por más de medio millón de euros, ha pedido a sus abogados que estudien la interposición de una querella por un presunto delito de prevaricación. El motivo es la presunta dilación en la concesión de la licencia de demolición parcial, de manera supuestamente indebida. Los responsables serían los políticos y los técnicos municipales responsables. Los dueños consideran que el dictamen de Cultura explica claramente lo que hay que proteger y lo que no, por lo que no ha lugar a más peticiones de aclaración por parte del Ayuntamiento. Para los propietarios, desde que la cárcel cambió de manos, hay una reiteración en las gestiones municipales para dilatar la concesión de la licencia, desde la petición de que el inmueble sea considerado Bien de Interés Cultural (BIC), hasta el recurso anunciado ayer.
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