Las dudas de Defensa amenazan con retrasar hasta 2020 el campus judicial

Vista de la Factoría de Subsistencias de la Armada, desde la calle Ángel Bruna. / antonio gil / agm
Vista de la Factoría de Subsistencias de la Armada, desde la calle Ángel Bruna. / antonio gil / agm

El Ayuntamiento confía en firmar en septiembre el protocolo de cesión de la Factoría de la Armada con el Ministerio, frenado por la interinidad del Gobierno

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ

La situación de interinidad del Gobierno central mantiene bloqueados ya más de tres meses los trámites para sacar adelante el proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia de Cartagena. El Ministerio de Defensa mantiene dudas jurídicas en torno a la firma del protocolo de cesión de la Factoría de Subsistencias de la Armada, cuya parcela acogería el nuevo inmueble. Así lo admitieron ayer fuentes del Gobierno local, que mostraron su confianza en que el Ayuntamiento destaasque la situación en septiembre.

De no hacerlo por una nueva investidura fallida del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y una eventual convocatoria de elecciones generales para noviembre, el plan quedaría aplazado de nuevo hasta la formación del nuevo Ejecutivo; es decir, hasta 2020.

«El 7 de marzo, el director general de infraestructuras del Ministerio de Defensa mandó un protocolo, para firmar con el Ayuntamiento, sobre la cesión de la Factoría de Subsistencias. Al convocarse dos comicios electorales, no se firmó, porque no se puede hacer en época electoral», explicaron fuentes municipales. Y añadieron que «el protocolo se podría firmar en breve», en concreto en septiembre, aunque no es seguro.

Castejón espera poder compensar los 7 millones que cuesta la parcela con la deuda de Defensa por el IBI

Será entonces, explicaron en el Consistorio, cuando «habrá que buscar la forma de pago, teniendo en cuenta las deudas que Defensa mantiene con el Ayuntamiento». Una pretasación de la finca ocupada por la Factoría situó su valor en unos siete millones de euros, una cifra que el Ayuntamiento evitaría tener que desembolsar si consiguiera que Defensa aceptar compensarla con los cerca de 8 millones de euros que, según las fuentes consultadas, debe ya al municipio por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Se trata de los recibos de varias anualidades, relativos a edificios que la corporación local considera que no están adscritos a la defensa nacional, incluidos unos tres millones por intereses de demora. Entre estas construcciones figura la propia Factoría, que el Ayuntamiento intenta que pase a manos del Ministerio de Justicia, para que este costee las obras del nuevo complejo judicial.

Entre tanto, el senador del PP Domingo Segado anunció ayer que ha registrado una pregunta en la Cámara Alta, en la que solicita información al Gobierno de España sobre la puesta a disposición del Ayuntamiento de la parcela planteada por este para la Ciudad de la Justicia.

El PP lo lleva al Senado

El parlamentario recordó que «han trascurrido casi ocho meses desde que el Ministerio dio su visto bueno a los terrenos que ocupan las actuales dependencias de la Armada, sin que hasta la fecha tengamos noticias de avance alguno de la cesión de los terrenos al Consistorio».

Segado argumentó que es un proyecto «que no puede esperar más, ya que los profesionales están trabajando en unas condiciones precarias y el municipio necesita espacio para albergar nuevos juzgados».

A su juicio, como también han defendido abogados y funcionarios, la Factoría es el espacio «más idóneo», «por si situación en pleno centro de la ciudad y por su extensión, ya que dispone de los 25.000 metros cuadrados reclamados por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia». Añadió que la cesión «debería hacerse de forma gratuita, para que los cartageneros no tengamos que pagar una infraestructura necesaria e imprescindible».

El concejal portavoz de MC, Jesús Giménez, mostró también la «inquietud» de su formación ante «la persistente idea de Castejón de pagar siete millones de euros al Estado por unos terrenos que ya son del Estado». Giménez insistió en que «hay alternativas mucho más asequibles, como el antiguo Hospital Naval» y la zona del Mandarache.