La descontaminación de El Hondón sigue sin fecha pese a su trascendencia nacional

Cartel de advertencia en El Hondón, donde aún no hay muro exterior. /A. Gil/ AGMGráfico
Cartel de advertencia en El Hondón, donde aún no hay muro exterior. / A. Gil/ AGM

El Ministerio dice que no hay «riesgo» alto por radiactividad, la Comunidad urge otra vez a vallar el solar y el Ayuntamiento espera un informe de la UPCT

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ

Diecisiete años después del cierre de la fábrica de Potasas y Derivados, y a pesar de la repercusión generada en los dos últimos días por aparecer en el listado de los seis únicos terrenos de España con riesgo radiactivo, la descontaminación de El Hondón sigue sin fecha. En la parcela, de un millón de metros cuadrados y situada en la entrada a Cartagena por la autovía de Murcia, hay depósitos de lodos de fosfatos con Uranio-238. También hay presencia de metales pesados, por los residuos de la antigua factoría de abonos y fertilizantes del Grupo Ercros.

Ninguna de las tres administraciones públicas implicadas en este asunto -el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Transición Ecológica- se atreven, todavía, a dar siquiera fechas aproximada para el inicio de las tareas de limpieza. Y eso a pesar de las tres novedades de resonancia autonómica y nacional de esta semana.

Qué es
El uranio es un elemento químico presente en la naturaleza, en formaciones minerales.
Riesgo
Las partículas de uranio -238 se mantienen activas miles de millones de años. Los elementos inestables se van desintegrando y transformando en otros, hasta ser estables. El uranio -238 se convierte en radón antes de convertirse en plomo.
Control
El Consejo de Seguridad Nuclear vigila que el control de este proceso se haga en condiciones adecuadas y en lugares apropiados, para evitar daños a la salud y el medio ambiente.

Una ha sido la publicación, por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de las seis zonas de España que el Gobierno central tiene pendiente, desde 2008, incluir en un censo de terrenos contaminados por radiación. Asimismo, el Defensor del Pueblo ha advertido sobre las responsabilidades legales en que pueden incurrir políticos y funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente, por su pasividad.

Transición Ecológica pone la bajada de la luz y la Ley de cambio climático por delante de la modificación de la normativa nuclear

En tercer lugar, este departamento del Gobierno regional anunció, tras los movimientos del Defensor y de la autoridad nuclear, que declarará oficialmente El Hondón como área contaminada por metales pesados (como cadmio, zinc, mercurio y plomo) y fosfoyesos con radiación natural. La Consejería asegura, no obstante, que tenía tomada esta decisión, a raíz de un informe técnico propio realizado en julio.

El Defensor pide un estudio «definitivo» y el Senado, rapidez

El Defensor del Pueblo ha advertido a la Consejería de Medio Ambiente de que la citará en su informe anual para las Cortes Generales, por desatender sus peticiones de información sobre la descontaminación de El Hondón. Ya en marzo pasado, avisó de que «si bien se ha manifestado que la radiactividad es de origen natural», esto «no se ha justificado por ninguna Administración, al no haberse elaborado el informe definitivo por el CSN», es decir por el Consejo de Seguridad Nuclear. Un portavoz autonómico indicó que hubo problemas internos y que el consejero, Javier Celdrán, ha ordenado el envío inmediato de los datos a la oficina de Francisco Fernández Marugán. En medio de la polémica nacional sobre los suelos contaminados por radiactividad, el Senado intervino ayer. La Comisión para la Transición Ecológica aprobó, por unanimidad, una moción de Unidos Podemos para acabar el inventario de terrenos y masas de agua afectadas, para» identificarlas correctamente y acometer su rehabilitación». El PSOE incorporó una enmienda, para realizar un desarrollo legislativo orientado a prevenir riesgos potenciales para las personas y para el medio ambiente.

Esto último obligará a adoptar medidas a los propietarios, acogidos hasta ahora al régimen legal de limpieza voluntaria. El 75% de la titularidad corresponde al Ayuntamiento de Cartagena desde junio, cuando la alcaldesa, y desde ayer concejal de Urbanismo, Ana Belén Castejón (del PSOE), acordó con Solvia, inmobiliaria de Banco Sabadell, la compra de su parte, 182.000 metros cuadrados, por 500.000 euros.

La cuota municipal crecerá próximamente hasta el 90%, con la liquidación de Podecasa, la sociedad que el Ayuntamiento y la Comunidad, que tiene 422.000 metros cuadrados, crearon para impulsar la regeneración ambiental y urbanística del futuro Ensanche Este. Empresas y particulares tienen el 10% restante.

El Ministerio se vio obligado ayer a dar explicaciones sobre su gestión, a raíz de la nota de prensa divulgada el miércoles por la noche por el Consejo de Seguridad Nuclear acerca del retraso en la publicación del censo sobre zonas contaminadas por radiactividad. A su vez, el Consejo reaccionó a informaciones del diario 'El País' sobre la existencia desde 1970 de lodos con radiación en varias zanjas del canal de riego del río Jarama, afluente del Tajo, en distintos municipios de Madrid y Toledo.

Ni personas ni vehículos

Junto a Cartagena, la autoridad nuclear incluyó en el futuro catálogo oficial Palomares, la pedanía del municipio almeriense de Cuevas de Almanzora donde en 1966 cayeron cuatro bombas atómicas tras la colisión en vuelo de dos aviones militares estadounidenses, y donde aún queda plutonio-239 y americio-241 sobre 40 hectáreas; Marismas de Mendaña (Huelva), situadas en el estuario del río Tinto (1.600 m2 con presencia de cesio-137); el estuario del río Tinto, también en Huelva (balsa de fosfoyesos de 1.200 hectáreas con presencia de radio-226); y el embalse del río Ebro, en la localidad tarraconense de Flix (lodos de fosfatos con uranio-238 ya retirados).

El CSN volvió a hacer hincapié ayer en que todos estos casos eran ya conocidos y que no existe «riesgo radiológico significativo para la población». Eso sí, defendió su decisión de recordar cuál es la situación general, ante el interés informativo por la «ausencia de regulación específica sobre terrenos contaminados radiológicamente» por actividades humanas, accidentes o prácticas del pasado. Esta clasificación, añadió, «requiere de una declaración explícita de la autoridad», una vez que «se ha verificado que la contaminación presente en el terreno está por encima de niveles previamente determinados».

El reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas obliga, desde 2008, a elaborar un inventario de los suelos y masas de agua contaminadas. Pero, según el CSN, el asunto se ha ido atascando en distintos ministerios. Su última propuesta data de 2014, cuando el área de Industria, Energía y Turismo le remitió su borrador para la nueva Ley.

Por lo que se refiere al Ministerio de Transición Ecológica, un portavoz aseguró a 'La Verdad' que este departamento «tiene en su agenda» impulsar el cambio legal necesario para forzar la descontaminación de los suelos radiactivos. Eso sí, advirtió de que la tramitación parlamentaria será «compleja», al afectar a la Ley sobre energía nuclear, de 1964, y estar el Ejecutivo en minoría.

En el Ministerio que lidera Teresa Ribera, y que gestiona este asunto a través de la Secretaría de Estado de Energía, tienen otras «prioridades». Citaron la bajada del precio de la luz y la presentación del Plan Nacional de Energía y Cambio Climático, cuya fecha tope es el 31 de diciembre.

La Consejería recordó que elevó una consulta al CSN sobre el proyecto de descontaminación voluntaria presentado en 2013 por Podecasa. Fuentes de Medio Ambiente indicaron que el Ayuntamiento, como «principal propietario», ha hecho caso omiso a varios requerimientos para reparar el vallado perimetral, como pidió el CSN en 2017; y que, ante el riesgo que implica el posible paso de personas y vehículos, declarará el suelo contaminado por la presencia de residuos peligrosos.

Viviendas y un gran parque

También, sobre la base de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, urgirá a «establecer las condiciones de almacenamiento conforme a lo establecido en la normativa». Las exigencias sobre la descontaminación estarán en función del uso pretendido para la parcela.

El Ayuntamiento, que no da fechas para el muro y para liquidar Podecasa e impulsar el plan en solitario, quiere construir viviendas y un gran parque. Para ello, presentará un proyecto basado en un nuevo estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), que calculó un coste de 17 millones de euros. Los resultados estarán en noviembre.

MC, CS y Podemos culpan a populares y socialistas

MC pidió ayer que el Gobierno central y la Comunidad Autónoma destinen dinero para descontaminar los terrenos, ante la «evidencia» de que es un problema de salud pública «a escala nacional». El portavoz de MC, exalcalde y exedil de Urbanismo, José López, cargó contra el PP por obviarlo en sus «dos décadas» en la alcaldía, e instó a Madrid y a Murcia a decidir si permitirán que los cartageneros sigan «soportando un cinturón contaminado a la entrada de la ciudad» o «van a aportar voluntad política y recursos presupuestarios para su descontaminación». De la alcaldesa, Ana Belén Castejón, criticó sus «ocurrencias y bandazos», como la compra de suelo a Solvia por 500.000 euros. Ese desembolso es «dinero de todos los cartageneros gastados en veneno», denunció la portavoz de Cartagena Sí Se Puede (Podemos). Criticó al PP por su pasividad y calificó de «impresentable la osadía de la alcaldesa socialista, por cargar sobre los bolsillos de los ciudadanía cartagenera la descontaminación de los terrenos, en vez de exigirla a la empresa responsable». El portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín, arremetió contra PP y PSOE por «permitir» a nivel nacional, regional y local que Cartagena sea el «municipio más contaminado de España».

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