Cultura deja ahora en manos del TSJ el derribo de la cárcel de San Antón

Una de las torres, parte del muro y una zona auxiliar de la antigua cárcel de San Antón, en una imagen reciente. / Antonio Gil / AGM
Una de las torres, parte del muro y una zona auxiliar de la antigua cárcel de San Antón, en una imagen reciente. / Antonio Gil / AGM

La Comunidad autorizó la demolición parcial para hacer un parking, pero acepta suspender la obra por si la Justicia obliga a proteger todo el edificio

Eduardo Ribelles
EDUARDO RIBELLESCartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ha conseguido, por la vía judicial, el informe de la Comunidad Autónoma que necesita para mantener intacta, por ahora, la cárcel de San Antón, si así lo considera el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia. En un documento remitido a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, la Dirección de los Servicios Jurídicos regionales explica que no pone objeciones a que la prisión abandonada siga en pie, entera. Además, desaconseja el derribo del pabellón de internos para construir un aparcamiento, como pretende la empresa propietaria, hasta resolver judicialmente si debe quedar amparado por la protección que incluye el resto del complejo.

El informe, al que ha tenido acceso 'La Verdad', expresa la «no oposición» de la Comunidad a la medida cautelar solicitada por el Ayuntamiento: bloquear la licencia de derribo pedida por la empresa del Hospital Perpetuo Socorro, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

Para tenerlo claro

Decisión judicial
El informe jurídico de la Comunidad servirá a la Sala para decidir si admite la suspensión cautelar del derribo, pedida por el Ayuntamiento.
Postura municipal
El Consistorio se resiste a dar el permiso de demolición, para ver si puede conseguir la protección integral del complejo por parte de la Comunidad.
Los propietarios
El Hospital Perpetuo Socorro tiene presentada una querella por presunta prevaricación, al haber transcurrido casi un año desde que solicitó la licencia para hacer un parking.

El penal de San Antón quedó en desuso hace 15 años. La Administración del Estado la sacó a subasta en 2017 y la empresa que gestiona el centro hospitalario ubicado al lado se hizo con ella. Su intención es construir en su interior un parking, pero este proyecto suscitó enseguida el rechazo de parte del vecindario de San Antón. Estos residentes prefieren abrir allí un centro sociocultural y de asociaciones de la Memoria Histórica, para resaltar la singularidad de esta cárcel, construida durante la Segunda República.

La solicitud a la Comunidad de un grado de protección patrimonial que impida su derribo llevó a la Consejería Cultura a abrir un expediente para catalogarlo como bien inventariado. La lentitud del procedimiento hizo que caducara, sin resolver qué zonas hay que proteger. El trámite fue reiniciado y dio lugar, el año pasado, a una resolución que consideraba inviolable solo una parte del conjunto. Las torres de vigilancia, el pórtico y la mayor parte del muro perimetral quedaron protegidos. No así el pabellón de internos, en el interior del inmueble. Además, se autorizó al Perpetuo Socorro a abrir entradas en los muros para el acceso de coches.

Con este informe en la mano, el Perpetuo Socorro pidió una licencia de demolición, hace casi un año. En los meses transcurridos sin concederla, el Ayuntamiento solicitó aclaraciones y recurrió administrativamente el supuesto «cambio de criterio» de la Comunidad, que, a su juicio, primero dejó caducar un expediente de protección del complejo y luego «incoó uno nuevo en el que admite un derribo parcial». Al no obtener la respuesta que esperaba por parte municipal, decidió acudir a la vía contenciosa.

Castejón y el Perpetuo chocan

La tensión con el Perpetuo se desbordó en marzo. El gerente de la empresa, José Hernández, registró el día 14 en el Ayuntamiento un escrito donde expresaba su indignación por la «ilegalidad manifiesta y continuada» y por la «contumacia de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, en su actuación prevaricadora continuada omisiva de conceder la licencia que es preceptiva y obligada según ley». A estos supuestos delitos, Hernández les añadió el de «malversación de caudales públicos, porque según su parecer dilapida dinero en un acto ilegal», y una reclamación de 700.000 euros.

A la vista de todo esto, Castejón manifestó ante la Fiscalía, el día 21, que «ni ha prevaricado ni ha malversado fondos públicos», y que Hernández «ha podido incurrir en un delito de calumnias». La respuesta de Hernández llegó cuatro jornadas más tarde, en forma de querella criminal por un presunto delito de prevaricación por omisión continuada» de la concesión de la licencia, cuyo «plazo legal máximo es de tres meses».

Con este frente abierto, la Sala de lo Contencioso del TSJ recibe ahora el informe de la Comunidad sobre la suspensión temporal del derribo. Tanto el Ayuntamiento como el Perpetuo Socorro confían en que los magistrados acoja sus respectivas razones y resuelvan a su favor.