MC critica al Ayuntamiento por no recurrir la anulación de un delito en Puerta Nueva

López acusa al PSOE de «dejar pasar el asunto» de la presunta apropiación de 9,2 millones y al PP, de facilitar la prescripción en el barrio universitario

C. R.

El Grupo Municipal MC criticó ayer al Ayuntamiento de Cartagena por no haber presentado un recurso ante la Audiencia Provincial, tras la decisión del Juzgado de Instrucción 1 de retirar la acusación un delito de apropiación indebida de 9,2 millones de euros contra cuatro directivos de Residencial Puerta Nueva. El portavoz de la formación, José López, acusó al equipo de gobierno, del PSOE, de «dejar pasar el asunto» de presunta corrupción en el barrio universitario y facilitar con ello que los imputados «se escapen».

La Audiencia ha archivado el caso al ver prescritos los hechos, porque la Fiscalía presentó la querella pasados los cinco años que exige la ley. Y, además, ha advertido de que no había base para una condena penal, porque los directivos no quisieron «despatrimonializar» la empresa, mediante la concesión de préstamos, para evitar el pago de plusvalías a la Sociedad Municipal Casco Antiguo. Para el tribunal, se trata de un asunto civil.

MC considera, sin embargo, que el Consistorio y la Fiscalía debieron haber agotado todas las posibilidades de defensa, en lo relativo a que sí hubo apropiación indebida, y no limitarse a oponerse a los dos recursos presentados por los imputados para ser exculpados del delito de insolvencia punible.

Fuentes de MC indicaron que las acusaciones debieron haber hecho valer ante la Audiencia, mediante el correspondiente recurso, que los directivos «vaciaron la caja» con créditos concedidos a las propias empresas que formaban el accionariado. Para el partido comarcalista, se trató de una «maniobra» clara de desfalco, con el ánimo de evitar la obligación de abonar al municipio el 30% de las plusvalías extraordinarias por la venta de viviendas, locales y garajes.

Puerta Nueva dejó un 'agujero' de 2 millones, que Casco Antiguo reclamó por la vía civil y para cuyo cobro solo le queda una remota posibilidad: que el Juzgado de Lo Mercantil 1 de Madrid declare punible el concurso de acreedores de la promotora y los socios respondan con su patrimonio por la deuda de esta firma: 22 millones de euros.

El concejal y exalcalde López, quien impulsó desde la oposición las denuncias, lamentó que este asunto haya dejado «esa repugnante sensación de impunidad que mantenemos los cartageneros cuando leemos que se llevaron 9 millones de euros, pero que la cosa está prescrita». «Es la segunda vez que la prescripción salva a los Alonso y Barreiro en Puerta Nueva», añadió el concejal.

Aludió así al archivo de una investigación de la Fiscalía, en 2013, pese a que había indicios de prevaricación administrativa en la adjudicación del proyecto municipal de urbanización a Puerta Nueva. Esta tuvo como gerente al exalcalde socialista José Antonio Alonso.

Ferrovial tenía mejor puntuación técnica, pero el Consejo de Casco -formado por ediles de PP, PSOE e IU- otorgó el contrato a Puerta Nueva, por las mejoras económicas y la supesta mejor solvencia de esta última sociedad. «La Fiscalía archivó la causa contra Barreiro, porque estaba prescrita la adjudicación del contrato en 2002, a pesar de los indicios de criminalidad y, ahora prescribe la operación por la que vaciaron la sociedad» los responsables de Puerta Nueva, resumió López.

«Las dos caras de la moneda»

Quien fue también concejal de Urbanismo llamó a los cartageneros a «que no olviden qué gobiernos han permitido esto». Y cargó contra «el PSOE de Castejón» por su pasividad judicial y contra el PP, por no haber exigido desde 2007 a 2010 el pago de las plusvalías y haber permitido la prescripción de los hechos. López concluyó: «Si alguien tenía dudas de que PP y PSOE son las dos caras de la misma moneda, la del pelotazo impune y una lacra para Cartagena, ya tiene otra razón para abrir los ojos».

La oposición, contra la subida de sueldo al jefe de Urbanismo

La oposición ha rechazado la subida de sueldo de mil euros al mes al jefe de Urbanismo, Jacinto Martínez, por ser apoderado de la Sociedad Municipal Casco Antiguo. El funcionario cobra más de 4.000 euros al mes, según fuentes municipales. El Ejecutivo de Ana Belén Castejón dice ahorrar un 75% respecto al posible fichaje de un gerente. Francisco Espejo, del PP, sostiene «que no se debe hacer concesiones a personas o a grupos, cuando no hay presupuesto» para 2019. MC ve «un despropósito que Castejón duplique las funciones del jefe de Urbanismo, «cuando este debe estar al frente de la revisión del Plan General y del día a día del área»; y ve «curioso que los socialistas obreros todo lo quieran tapar con dinero». Manuel Padín, de Cs, dice que el tener apoderado «se justificó por la tramitación de la disolución de la sociedad, que no se ha producido», y recordó que «Cartagena se desangra en condenas por decisiones urbanísticas erróneas en la época del PP». Y Pilar Marcos, de Podemos, afirmó que Castejón «le pega una bofetada en la cara a todos los cartageneros cuando premia a los responsables de un modelo urbanístico fracasado y perjudicial para el interés general».