El contrato de jardines de Cartagena costará 6 millones al año para incluir podas y juegos infantiles

El procedimiento estaba bloqueado desde hace meses por un problema de competencias entre concejalías, resuelto con su fraccionamiento en tres o quizás cuatro lotes geográficos. El sector litoral es el que más controversia genera en el seno del Gobierno municipal, dado que el PP se encarga ahora de cuidar las zonas de costa sin contar los jardines.

Una reunión monográfica entre el concejal de Servicios, Juan Pedro Torralba, afín a la alcaldesa Ana Belén Castejón, y la edil de Infraestructuras y Litoral, María Casajús, del PP, pretende zanjar la cuestión la próxima semana. El objetivo es poder contar con el nuevo servicio en funcionamiento el 1 de enero. En caso contrario, se ejecutaría la prórroga de un año a cargo de la actual concesión, cosa que el Ejecutivo no quiere que ocurra.

El mal estado del bulevar José Hierro del barrio universitario, del que LA VERDAD informó el pasado fin de semana, es solo un síntoma de que el contrato actual no ha colmado las expectativas, ni mucho menos. Las quejas vecinales sobre lo descuidados que están los jardines de barrios y diputaciones dan muestra del descontento generalizado.

Actúa-Acciona fue elegida porque presentó la oferta con mayor número de plantación de vegetación, detalle que también está en entredicho. Sin embargo, no tiene ninguna obligación de realizar tareas de pequeña albañilería para reparar bordillos y mobiliario urbano dentro de los jardines. Tampoco tiene por qué ocuparse de los parques infantiles. Ni se ocupa de todas las podas. Las de las palmeras siguen siendo una asignatura pendiente y han dado muchos quebraderos de cabeza en Isla Plana y La Azohía, por ejemplo.

Esas lagunas del contrato suponen que zonas verdes con parterres bien cuidados tengan áreas de juegos deterioradas, bancos que se estropean y árboles singulares sobrecargados. «El nuevo pliego incluirá todos estos aspectos a cargo de una sola empresa por demarcación», aseguraron fuentes municipales.

En la reunión de la próxima semana habrá que dilucidar también si los lotes se los puede quedar una sola empresa o si se establece algún tipo de incompatibilidad que obligue a los del litoral, por ejemplo, a ser cuidados por una mercantil distinta. Este último extremo tendría a favor a técnicos a las órdenes de María Casajús, que abogan por una atención integral en las zonas de costa.

Al margen de esa cuestión, todo el equipo de gobierno respalda la tesis que Juan Pedro Torralba ya estableció en una sesión plenaria de finales de febrero, ante una petición de Unidas Podemos para que se rescinda el contrato de Actúa-Acciona. Entonces, el edil reconoció que en 2019 fue necesario gastar 6,1 millones de euros para realizar todas las tareas necesarias en parques y jardines, entre las incluidas en el contrato de Actúa-Acciona (4,3 millones) y las adicionales que no figuran en él (1,8 millones más). Hasta 8,9 millones de euros podría costar un servicio integral que llegara a todas las zonas verdes y espacios libres, pero el Ayuntamiento cree poder recortar.

Torralba indicó que solo hay que echar un vistazo a los contratos de mantenimiento de zonas verdes en ciudades importantes del entorno de Cartagena. En Alicante, que tiene 200 hectáreas de parques, el Ayuntamiento se gasta 8,5 millones de euros al año. En Almería, que cuenta con 220, el contrato es de 7,1 millones por anualidad. Y en Murcia, que tiene 290, hay presupuestados 9,5 millones de euros en cada ejercicio, según los datos esgrimidos por Torralba.

En Cartagena, en 2018 se optó por un contrato que ponía el acento en el número de plantas que ofrecían las empresas. Actúa-Acciona se lo llevó a cambio de incluir cuatro millones por año. Posteriormente, se renegoció el acuerdo y se canjeó parte de ese número por otras tareas que no se habían establecido.

Sobre la prestación del servicio pesa además un fallo judicial del Tribunal Supremo, que a finales de marzo consideró improcedente la anulación del procedimiento de contratación del servicio en 2016. Ese proceso había sido iniciado por el Ejecutivo local del PP, en 2014. La coalición MC-PSOE lo anuló en 2016 y comenzó otro que desembocó en la contratación de Actúa-Acciona. Pero FCC, mercantil que fue desplazada tras muchos años al frente del cuidado de las jardines, presentó el recurso que el alto tribunal estimó hace cinco meses. «Ese fallo no afecta a la nueva contratación, pero tomaremos nota para no repetir errores del pasado», indicó un portavoz municipal.

El nuevo contrato tendrá, como mínimo, tres años de vigencia para que a la empresa o las empresas elegidas les compense la inversión en nueva maquinaria y más personal.