El Consejo Jurídico recomienda mantener el freno urbanístico en El Vivero y Novo Carthago

Lo hará avalado por un dictamen emitido el pasado lunes por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que considera que la moratoria de tres años que establece la ley de protección y recuperación de la laguna, aprobada por la Asamblea Regional en julio de 2020, afecta a todos los desarrollos urbanísticos que en el momento de su entrada en vigor no tenían aprobado el correspondiente proyecto de urbanización.

Ese es el caso de Novo Carthago, la urbanización de seis mil viviendas con campo de golf que promueve Hansa Urbana en el entorno del monasterio de San Ginés de la Jara. Pero también del Plan Parcial de El Vivero, proyectado por las sociedades Portmán Golf y Herhospha. Se trata de un complejo de 634 casas y alojamientos turísticos en unos terrenos ganados al mar hace décadas junto a las Salinas de Marchamalo, en el entorno de Cabo de Palos y La Manga.

El Pleno de Cartagena aprobó en octubre solicitar al Consejo Jurídico de la Región de Murcia un informe aclaratorio acerca de cómo afecta la moratoria urbanística establecida por la ley del Mar Menor a algunos de los proyectos previstos junto a la laguna. Los técnicos consideran que hay «indefinición» en la norma y eso genera inseguridad a la hora de aplicarla. Previamente elevó la consulta a la Consejería de Fomento, cuya contestación fue de poca ayuda: dijo que es cuestión municipal y la interpretación corresponde a sus técnicos.

En los casos de Novo Carthago, cuya tramitación está además judicializada, y de Las Lomas de Mar de Cristal, en el Ayuntamiento no tienen dudas sobre el freno administrativo, ya que ni tan siquiera tienen planes parciales. Tampoco hay discusión técnica para permitir que continúe el desarrollo previsto junto a la iglesia de Los Belones y autorizar la reforma de Las Dunas.

En el primero de los casos, tiene el proyecto de urbanización aprobado y se considera, además, una ampliación del casco urbano. Está, por lo tanto, dentro de las excepciones que permite la Ley del Mar Menor. En cuanto al centro comercial, también posee plan de urbanización y, además, está ubicado en el ámbito geográfico del Mediterráneo.

La principal duda, indicaron fuentes municipales, reside en el proyecto de El Vivero, cuyo plan parcial fue aprobado hace 42 años y ratificado por el Tribunal Supremo. Sin embargo, carece de proyecto de urbanización aprobado, por lo que, según el criterio del Consejo Jurídico, está afectado por la moratoria. El informe de ese órgano consultivo de la Comunidad no es vinculante, pero en la Concejalía de Urbanismo consideran que está en línea con los criterios de sus técnicos y les permite afrontar con garantías cualquier reclamación judicial que puedan interponer los promotores ahora.

La Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor estableció la moratoria urbanística por tres años para hacer y aprobar, mientras tanto, un plan de ordenación territorial de la cuenca vertiente a la laguna. Pero todos los expertos auguran que, transcurrido un año y medio de la aprobación de la ley, será necesario ampliar el plazo porque la Comunidad aún no ha comenzado a elaborarlo.

Por la trascendencia del asunto, el Consejo Jurídico plantea establecer un «mecanismo de comunicación y facilitación» entre los órganos urbanísticos de la Comunidad y los ayuntamientos para conocer los avances del plan de ordenación del Mar Menor.