El Consejo Jurídico dirá si son legales las normas contra el bloqueo urbano

Imagen de parte del casco histórico, con la grúa de un edificio en reformas, y del ensanche de Cartagena, tomada ayer desde el Cerro de la Concepción./ j. m. Rodríguez / AGM
Imagen de parte del casco histórico, con la grúa de un edificio en reformas, y del ensanche de Cartagena, tomada ayer desde el Cerro de la Concepción. / j. m. Rodríguez / AGM

La Comunidad carga al órgano consultivo la responsabilidad de dar luz verde a esas reglas, tras meses de dudas y parón inmobiliario

Eduardo Ribelles
EDUARDO RIBELLESCartagena

El desbloqueo de las normas urbanas transitorias de las que dependen 130 millones de euros en proyectos inmobiliarios e industriales, según datos del Ayuntamiento, está ahora en manos del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. La secretaria general de la Consejería de Fomento, Yolanda Muñoz, anunció ayer la petición de un dictamen a ese órgano consultivo para resolver las dudas que dividen y los temores que asaltan a los letrados de la Comunidad Autónoma. Ninguno quiere revivir una anulación judicial como la que hubo en 2017 del Plan General de Ordenación Urbana aprobado solo cinco años antes. La alcaldesa, Ana Belén Castejón, aceptó la propuesta, siempre y cuando el trámite sea rápido. En septiembre quiere tener aprobado el documento con todas las garantías.

Muñoz y Castejón comparecieron después de asistir a una reunión entre técnicos del Ayuntamiento y de la Comunidad, en el Palacio de Aguirre. En ella los funcionarios de Fomento informaron a sus homólogos municipales de las soluciones que han dado a las 64 alegaciones al documento preparado para dar a Cartagena unas reglas de ordenación urbanística mientras no tiene un nuevo Plan General. «En su mayoría son solicitudes de información para conocer el ámbito de aplicación de las normas, para conocer como afectará a casos concretos. También para saber si pude resolver cuestiones que son del ámbito de un Plan Urbano», explicó la secretaria de Fomento.

Además de informar, la Comunidad instó a evaluar conjuntamente las respuestas a esas alegaciones y obtener un visto bueno municipal. «Estamos encantados de que compartan información con nosotros, pero el Gobierno regional es el competente para dar esos pasos, como deja claro el artículo 145 de la Ley del Suelo», aclaró Castejón. Miembros de su equipo recordaron que la anulación del Plan Urbano se debió a errores en la tramitación por parte de la Administración regional, razón de más, según ellos, para que sea ésta la que asuma ahora toda la responsabilidad.

El Ayuntamiento urge desde abril a la aprobación de las normas y asegura que trabaja en un nuevo Plan General

El problema industrial

El escollo en el que han quedado varadas las normas transitorias no está en Fomento, que ha dado por «cerrado» el documento, aseguró Muñoz, sino en Presidencia. Y el motivo es que son los letrados de esta Consejería los encargados de impulsarlo con todas las garantías de legalidad para que lo apruebe el Consejo de Gobierno. Estos técnicos recelan de la fórmula utilizada para admitir la instalación de nuevas empresas en el Valle de Escombreras, que con la anulación del Plan Urbano de 2012 ha quedado como suelo urbanizable sin clasificar.

Las normas transitorias no puede reclasificar suelo, sino solo redistribuir y ordenar edificabilidades. Eso obliga a trámites específicos para cada proyecto que se reciba y al que haya que dar licencia de obra. Esta fórmula fue incluida en el documento base de las normas transitorias, aprobado hace un año por el Pleno municipal. A continuación, fue sometido a exposición pública, en otoño, y entregado a la Comunidad, el pasado febrero, en una reunión en la que también participaron Muñoz y Castejón. La primera se negó entonces a dar una fecha para su entrada en vigor; la segunda aventuró que sería en abril y desde entonces cuenta los meses transcurridos.

Las discrepancias surgen en la Comunidad por la implantación de empresas en el Valle de Escombreras

El consejero de Fomento, Patricio Valverde, fue el primer responsable regional que dio motivos para empezar a hablar de retrasos achacables a la Comunidad, al asegurar en mayo, en presencia del concejal de Desarrollo Sostenible, Francisco Aznar, que las normas estarían aprobadas «en doce días». Ni las previsiones del Ayuntamiento ni las de la Comunidad se han cumplido. Mientras, los empresarios de Cartagena siguen esperando con impaciencia.

Así lo ven

Yolanda Muñoz. Fomento: «Este documento debe tener máximo respaldo legal y técnico»
«Llegados a este punto, con las alegaciones validadas y dado el precedente de la nulidad del Plan Urbano de 2012, este documento tiene que contar con el máximo respaldo jurídico. Por eso lo remitiremos al Consejo Jurídico antes de llevarlo al Consejo de Gobierno».
Ana Belén Castejón. Alcaldesa: «Pedimos celeridad y tenerlas en vigor al inicio del curso político»
«Recalcamos la necesidad de actuar con celeridad y tener las normas en vigor al inicio del curso político. Así, a la vez que trabajamos en el nuevo Plan General, activaremos una decena de proyectos urbanísticos que actuarán como revulsivo económico y crearán empleo».

El motivo es que hay diez proyectos bloqueados que suman 130 millones de euros en inversión y darían lugar a 600 viviendas. Entre los que tienen que ver con Escombreras están la ampliación de las instalaciones de Ership, con una nave nueva (4 millones), y la adición de unas instalaciones de captación de CO2 en Ecocarburantes-Messer (9 millones). La mercantil Aemedsa tiene en primera línea de salida la construcción de un bloque de oficinas valorado en 15 millones.

En el casco urbano destaca el plan para construir un edificio con 42 viviendas de primer nivel en el solar anexo al Colegio Adoratrices, con una inversión estimada de 15 millones de euros. Asimismo, en un solar de la calle Wssel de Guimbarda, cerca del Pabellón Central, hay previsto otro bloque con 40 viviendas, cuya inversión rondaría los 40 millones. Asimismo, hay un proyecto de edificación de 27 viviendas en el Paseo de Alfonso XIII.

Diez proyectos parados

También en los barrios ha habido que parar en seco iniciativas inmobiliarias de calado, como un residencial junto al Hospital de Los Pinos, compuesto por 210 viviendas, y otro en la calle Brunete (José María Lapuerta), con 208 viviendas en varias fases. El plan de Licor 43 de darle un aprovechamiento urbanístico al solar que dejó libre su fábrica en San Antón también está condicionado.

Por último, hay iniciativas de utilidad pública que el Ayuntamiento quiere desbloquear, como la de los terrenos del antiguo cuartel de Los Dolores, que ocupa la UCAM y que con este vacío legal tienen uso militar y no educativo. Asimismo, la ampliación de la Escuela de Hostelería, en la calle Ingeniero de la Cierva, cae en zona verde según el Plan Urbano de 1987.

La exigencia de tener las normas en septiembre, por parte de la alcaldesa, y la ausencia de respuesta de la secretaria de Fomento llevó a un periodista a preguntar si hay alguna posibilidad de que las normas no estén listas en esta legislatura. Muñoz dijo que era optimista al respecto, pero no dio una respuesta firme.

La secretaria general de Fomento advirtió de que las normas transitorias no son la panacea, sino solo un documento puente con una vigencia tasada (dos años) en espera de la redacción, aprobación y puesta en funcionamiento de un nuevo Plan General. «Por eso, en el propio documento se insta a la Administración local a revisarlo», apuntó.

Por ahora, el Ayuntamiento ha avanzado poco en ese trámite. Ha sacado a contratación, por unos 150.000 euros, las labores de promoción de la participación ciudadana, tal y como se aprobó en Pleno. En el mismo encargo se incluye el inicio del avance del planeamiento.

 

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