La UMU confirma que las riadas contaminaron el Mar Menor con residuos agrícolas y metales

Dos personas pasan ante un bancal con canalizaciones de riego en Playa Honda, a orillas del Mar Menor, en marzo de 2017. / antonio gil / agm
Dos personas pasan ante un bancal con canalizaciones de riego en Playa Honda, a orillas del Mar Menor, en marzo de 2017. / antonio gil / agm

Un estudio revela que solo en 2015 se dispararon en la zona sur los niveles de nutrientes y de plomo y zinc, lo que causó un riesgo potencial para la salud y el medio ambiente

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ

La investigación seguida en un juzgado de Cartagena sobre las inundaciones ocurridas en la zona sur del Mar Menor desde 2011 a 2015, y su presunta vinculación con la transformación de terrenos y la construcción de infraestructuras para la agricultura intensiva, ha arrojado nuevas evidencias sobre la aparente falta de control y la pasividad de las administraciones públicas en la aplicación de las normativas de medio ambiente y agua, incluso a día de hoy. Además, ha sacado a la luz datos que acreditan la contaminación de la laguna por residuos orgánicos y tóxicos y la consecuente generación de riesgos potenciales para la salud y el entorno natural.

En una declaración como perito en el Juzgado de Instrucción 2, que admitió una querella de la Fiscalía contra 17 empresas -unas son propietarias de fincas y otras alquilaron la tierra para cultivarla-, el científico Ángel Pérez-Ruzafa ratificó ayer las conclusiones de un informe sobre los efectos de las últimas lluvias torrenciales incluidas en la causa. Son las ocurridas los días 24 y 27 de octubre y 1 y 2 de noviembre de 2015 en Los Nietos y Mar de Cristal.

El catedrático de la Universidad de Murcia (UMU), conocido por su labor de portavoz del Comité Científico del Mar Menor, coordinó a un equipo de investigadores que analizó las repercusiones en la zona de influencia de las avenidas de agua. Y entre las conclusiones de ese estudio -solicitado por el Ayuntamiento de Cartagena, entregado a este en enero de 2016 y remitido a su vez por el Consistorio a la Fiscalía en febrero de aquel año-, destaca la acreditación de un problema específico de la «cubeta sur» del Mar Menor, más allá del problema general de contaminación de este por la entrada masiva de nitratos y la consiguiente eutrofización (la 'sopa verde').

La Fiscalía pidió hace tres años al juzgado suspender regadíos que ocupan 300 hectáreas junto a la laguna

Según el documento, al que accedió 'La Verdad', «los resultados obtenidos indican un claro efecto diferencial de las entradas de materiales alóctonos y de las aguas de escorrentía en la zona de estudio más afectada por actuaciones antrópicas sobre la cuenca de drenaje». La clave fue el aumento de la turbidez, el empeoramiento de la transparencia de las aguas y el «incremento» en las concentraciones de plomo y zinc.

Los científicos de la UMU, del Departamento de Ecología e Hidrología de la Facultad de Biología, dejaron clara la existencia de «un riesgo importante para la integridad ecológica de las comunidades» de flora, sobre todo las praderas de Cymodocea nodosa», por el «enterramiento» que supone la descarga de materiales directos y por la menor entrada de luz. También apuntaron al aumento de la producción de algas y al especial deterioro de las zonas de baño en Los Nietos, Mar de Cristal y Playa Honda.

Perjuicios al baño y el turismo

En el caso de los compuestos nitrogenados, las muestras arrojaron «concentraciones máximas de nitratos por encima de los registros históricos desde 1997». La localidad «claramente menos contaminada» era la playa del Cavanna, en La Manga. Respecto a los fosfatos, los científicos apuntaron como hipótesis del origen «un mal funcionamiento u operaciones de mantenimiento en los sistemas de depuración próximos», y la llegada de «aguas urbanas y/o granjas y abonos animales».

La Comunidad no evaluó la alteración de suelos en Mar de Cristal y 150 hectáreas siguen sin derecho de riego

Asimismo, los expertos avisaron de que si bien «es difícil valorar los efectos que el incremento en la concentración de metales pesados pueda tener sobre la salud de las personas o de los organismos marinos», lo cierto es que «sí suponen el riesgo de que mientras están movilizados sean incorporados a las redes tróficas», es decir a la cadena alimentaria. Para llegar a conclusiones firmes, habría que analizar «el nivel de biodisponibilidad y del tiempo que tarden en quedar fijados por el sedimento».

Los investigadores aportaron datos sobre «el incremento especialmente notorio» de plomo en Mar de Cristal. Y desvelaron que, comparando las cifras con las del año 2010, cabía sostener que las riadas habían empujado sedimentos hasta el punto de afectar a «áreas relativamente distantes» de la rambla del Beal (que baja de la Sierra Minera) y «tradicionalmente poco contaminadas».

Los expertos temieron también efectos económicos y de ocio negativos. Indicaron que «el enfangamiento» y el «aumento claro de los riesgos de proliferación del alga Caulerpa prolifera» podrían causar «una pérdida de calidad de aguas y del fondo para el baño y la actividad turística». Apuntaron que las «arcillas rojas terrígenas» habían «cubierto la superficie de los fondos, con un espesor de entre 0,5 y 2 centímetros», lo que «hará que la pérdida de calidad del agua se reproduzca con el oleaje y con el uso de la zona de baño».

A la vista de este informe de la UMU y de otros datos, el fiscal pidió hace tres años la suspensión temporal de 300 hectáreas de cultivo. El juzgado rechazó la petición, a la que sumó también la acusación particular, que defiende a dos vecinos de Mar de cristal afectados.

Ayer, según fuentes conocedoras del caso Pérez-Ruzafa manifestó que lo más preocupante es el efecto del empuje de sedimentos y partículas desde tierra en el aumento de la turbidez del agua. Y añadió, respecto a las posibles afectaciones a la salud, que la preocupación es que haya avenidas de forma recurrente.

Los regantes se defienden

En torno a la mitad de la superficie de cultivos bajo investigación, es decir 150 hectáreas, carece aún de derechos de riego, según admitió la semana pasada el excomisario de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) José Carlos González. Además, la exsubdirectora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Inmaculada Ramírez, reconoció en el juzgado, en julio de 2017, que no se hizo la obligatoria evaluación de repercusiones ambientales. La Comunidad Autónoma aún no ha aclarado si ha corregido esta deficiencia.

Este miércoles, según las fuentes consultadas, el representante de la Comunidad de Regantes Arco Sur, Eloy Celdrán, mostró en el juzgado su discrepancia con González. Respecto a si Arco Sur está obligada a controlar que no haya traspasos irregulares de agua entre parcelas, dijo no recordar con detalle lo que recogen los estatutos de la entidad. En todo caso, defendió que los agricultores cumplen con la legalidad.

«Olvido» del informe sobre un melonar en la zona de Calblanque

El técnico de la Consejería de Medio Ambiente Alfredo González, Rincón, quien fue durante años responsable de los espacios protegidos del parque regional de Calblanque, reconoció ayer en el juzgado que una finca de unas 25 hectáreas situada en esta zona, y cultivada como melonar, carece del preceptivo informe de Medio Natural. Atribuyó la ausencia de esta evaluación a un «olvido» y afirmó que no consideró que hubiera un impacto ambiental relevante. Así lo afirmaron fuentes conocedoras de la querella impulsada por la Fiscalía. El también funcionario de Medio Ambiente y actual responsable de Calblanque, Juan Faustino Hernández, declaró ya la semana pasada que estos suelos carecen del citado permiso autonómico.