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Jardineros de la anterior concesionaria, FCC, en el parque infantil de Tráfico, en abril de 2017. PABLO SÁNCHEZ / AGM
El TSJ condena al Ayuntamiento de Cartagena por no otorgar en 2016 el servicio de jardines

El TSJ condena al Ayuntamiento de Cartagena por no otorgar en 2016 el servicio de jardines

Da la razón a FCC y ordena valorar las ofertas económicas y adjudicar el contrato, ganado por la UTE Actúa-Acciona en una licitación posterior

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ

CARTAGENA.

Domingo, 29 de marzo 2020, 00:55

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La lista de sentencias contrarias a decisiones municipales que implican el manejo de millones de euros sigue creciendo. En esta ocasión, afecta a la gestión de las zonas verdes. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha admitido un recurso de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y ha ordenado que el Ayuntamiento retome el procedimiento de contratación del servicio de parques y jardines, cuya licitación dejó sin efecto en 2016 por la supuesta falta de garantías para elegir la mejor oferta económica.

La Junta de Gobierno Local, formada entonces por concejales de MC y PSOE, tumbó el proceso iniciado en 2014 por el gobierno de Pilar Barreiro, del PP. Ahora, la Justicia considera irregular esa actuación del ejecutivo de José López (MC), alcalde y titular de Infraestructuras y Servicios, que apoyaron los ediles de su grupo y los socialistas de la entonces vicealcaldesa, Ana Belén Castejón.

La propuesta fue llevada a la Junta el 15 de enero de 2016 por el concejal delegado del área de Hacienda e Interior, el socialista Francisco Aznar, quien sostuvo que según los informes técnicos había un «error no subsanable» en la fórmula matemática de valoración de las ofertas económicas. Añadió, según consta en el acta de la reunión, que para acordar el desistimiento del proceso no era preceptiva la intervención de la Mesa de Contratación, «cuya competencia se limita a la valoración de ofertas». En la Mesa había funcionarios y concejales del gobierno y de la oposición.

El actual equipo de gobierno de Castejón, integrado por su grupo de ediles no adscritos, por PP y por Cs, presentará un recurso ante el Tribunal Supremo. Fuentes municipales señalaron a LA VERDAD que existe el riesgo de tener que indemnizar por daños y perjuicios a FCC con unos 3 millones de euros, pero en la alcaldía creen que no habría tal obligación. El abono obedecería a que, tras suspender esa licitación, el Ayuntamiento convocó otra y la ganó la Unión Temporal de Empresas (UTE) Actúa-Acciona en septiembre de 2018. Hasta el 31 de enero de ese año siguió gestionando el servicio FCC, que entre unas cosas y otras tuvo seis años de prórroga.

En la segunda licitación, Actúa-Acciona ofreció 9.924.100 euros por dos años. Cabe una prórroga de dos años, pero el ejecutivo ya ha anunciado que no la habrá, pues el contrato no cumple todas las demandas del municipio y es necesario licitar uno nuevo.

Respecto a la sentencia, en 2016 el Ayuntamiento desistió de la licitación cuando debía abrir el tercer y último sobre, con las ofertas de cada aspirante. Hasta ese punto, la puntuación situaba en primer lugar a STV Gestión SL, con 41,19 puntos, seguida de Grupo Generala SB, con 40,52, y de FCC SA, con 40,05. Después iban Acciona Medio Ambiente SAU, Audeca Grupo Elecnor y UTE González Soto SA-Trecarsa SL.

Informes erróneos

«Las ofertas económicas de los distintos licitadores no llegaron a valorarse. Y es destacable que entre la primera, segunda y tercera clasificadas apenas hay un punto de diferencia, con lo que cualquier diferencia en la puntuación del sobre número 3 habría inclinado la balanza a favor de una determinada licitadora», expone el TSJ. A pesar de ello, la Junta de Gobierno Local suprimió el proceso, sobre la base de dos informes técnicos.

Uno lo firmó el director general de Infraestructuras. Advirtió de que en la licitación del contrato de servicios postales del Ayuntamiento el Tribunal Administrativo Central de Recurso Contractuales (TACRC) declaró «no conforme a derecho una fórmula matemática de valoración de las ofertas económicas equivalente a la establecida en el pliego» de los jardines. El otro dictamen lo hizo la Asesoría Jurídica Municipal.

El TSJ concluye que el TACRC analizó una fórmula de forma abstracta. Y añade que el Ayuntamiento debió evaluar los efectos «de forma concreta». «Antes de decidir sobre el desistimiento», el órgano de contratación «debió advertir de que la fórmula era válida y eficaz para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa», añaden los magistrados. Pero según expuso Aznar, el órgano de contratación era la propia Junta.

Los magistrados reconocen que, «en general y en abstracto», la fórmula «quizá pudiera ser clasificada como no idónea» por desincentivar bajas superiores al 3%. Pero lo cierto es que era «apta» y que la diferencia entre una bajada del 1% y una del 3% podía ser «crucial».

Castejón recurrirá al Supremo y cree que no habrá que indemnizar

Fuentes de la alcaldía apuntaron que la decisión del TSJ «contradice al Tribunal Administrativos de Recursos Contractuales, que dio la razón al Ayuntamiento en su día». Pero destacaron que «no entra a anular la adjudicación» a Actúa-Acciona. Agregaron que el «contrato acaba a finales de año, por lo que entendemos que cuando el Tribunal Supremo resuelva nuestro recurso, es muy posible que el contrato esté terminado y que la sentencia, si es desfavorable, no tenga ningún efecto real». En el gabinete de Castejón recordaron que FCC «estuvo facturando sin contrato varios ejercicios, por su litigiosidad con el nuevo contrato». Fuentes de MC señalaron que la propuesta de desistir «la hizo el PSOE, previo informe de Infraestructuras y Asesoría Jurídica». Y defendieron «el contexto» de la decisión: «Estábamos convencidos de que era la más oportuna, porque así lo informaron los técnicos y porque el pliego era insuficiente. El posterior también lo es, como reconoció el concejal [de Servicios] Torralba» en el Pleno. Este edil, a preguntas de Podemos, dijo en febrero que el gasto de subir de los 4,3 millones a 8,9.

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