La Comunidad sigue sin fechas para sellar la Balsa Jenny y otros suelos mineros de Llano

Sin embargo, salieron del encuentro en Murcia al que les convocó el consejero, Antonio Luengo, previa presión vecinal, sin un calendario para cuestiones que consideran preferentes para la protección de la salud pública y del entorno natural. Dos de ellas son el sellado definitivo del solar de la antigua Balsa Jenny, cuyos desechos acaban en las afueras de este pueblo, en las ramblas y en el Mar Menor; y la resolución de los dos expedientes sobre la restauración de la Balsa San Agustín, que acumula metales pesados a pocos metros del colegio público del Llano. Esto último permitiría su descontaminación por el Ayuntamiento de Cartagena y por la empresa Portmán Golf (o por la Administración regional).

Luengo y el director general de Medio Ambiente, Francisco Marín, se comprometieron a avanzar en estos asuntos y resolverlos lo antes posible. Pero se refirieron a la complejidad administrativa y jurídica de estos asuntos y, como intervención a corto plazo, señalaron que en los terrenos donde estaba la Balsa Jenny «la Comunidad está tramitando ejecutar una obra de emergencia». Esta «se hará en el menor plazo posible, teniendo en cuenta la normativa en materia de contratación administrativa y ambiental aplicable», informaron fuentes de la Consejería.

Añadieron que se actuará «con apoyo técnico en cuanto al control medioambiental, de seguridad y de salud» y que el proyecto «incluirá las actuaciones requeridas por el juzgado, como la de implantar una barrera de carbonato cálcico». Aludieron así a la orden dictada el de 5 de abril por el Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena, que dio veinte días a la Comunidad, titular del solar, y a Portmán Golf, propietaria de una finca anexa, para instalar un «filtro activo de carbonato cálcico» que retenga las escorrentías de agua y los lixiviados que arrastran elevadas dosis de cadmio, plomo, níquel y zinc. El objetivo es que «no alcancen poblaciones cercanas, cultivos y las ramblas de Mendoza y de Ponce, cuyo destino final es el Mar Menor», expuso el juzgado.

La Comunidad tiene pendiente el sellado definitivo de la finca desde hace años e intentó que las obras fueran asumidas por el Ministerio para la Transición Ecológica, dentro de la regeneración de la cuenca del Mar Menor. Su hoja de ruta pasa por resolver ahora el enésimo vertido causado por las lluvias y, después, sacar a licitación el proyecto de clausura final del solar. De él trasladó un millón de toneladas de residuos a la corta Los Blancos en 2005, previa inversión de 6,5 millones de euros.

En este asunto y el resto de cuestiones el objetivo es «avanzar en las soluciones necesarias para lograr reducir los riesgos derivados de la minería metálica en el entorno de Llano del Beal, Cartagena», aseguraron en la Consejería. Y el director general elogió a la plataforma de afectados, que «lleva años defendiendo los intereses de los vecinos del Llano del Beal». «Por ello, debemos seguir trabajando y colaborando en la puesta en marcha de las soluciones planteadas para reducir al máximo posible la afección de los metales pesados en la población».

Sobre la Balsa San Agustín, cuyos informes y resoluciones acumulan cuatro años de trámites en Medio Ambiente, fuentes de la Consejería indicaron que el asunto «quedará resuelto tan pronto sea posible». El Ayuntamiento sigue insistiendo a la Consejería y a Adif, del Ministerio de Transportes, en que autoricen la descontaminación. Y en Medio Ambiente aseguraron que ponen este asunto «todo el interés y la prioridad, pero depende de aspectos jurídicos en cuanto a la vigencia de la concesión (minera) y las obligaciones de restauración de los titulares» de la misma.

Al margen de este expediente, Francisco Marín destacó que la plataforma ciudadana «recibirá el listado de priorización de actuaciones» elaborado por el Comité de Expertos del Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (Prasam), que abarca el periodo 2018-2028. En este documento «se detallan las iniciativas necesarias que el Gobierno de España debe acometer con los 40 millones de los fondos Next Generation [de la Unión Europea] comprometidos para ejecutar en la Sierra Minera».

«El Gobierno regional defiende que a la hora de priorizar acciones en suelos afectados por la minería metálica es relevante y necesario actuar primero en entornos de núcleos de población, como Llano del Beal», concluyó.

El portavoz de la plataforma, Juan Ortuño, acudió a la reunión junto a Juani García Valdivia y Antonio José Márquez. Y comentó a LA VERDAD que su colectivo espera «que las obras urgentes en la Balsa Jenny empiecen cuanto antes» y que «saquen ya a licitación el sellado definitivo». Añadió que «insistirán a Medio Ambiente y a las direcciones generales de Minas y de Salud Pública [de las consejerías de Empresa y Salud] para dar prioridad a la protección de las personas».

La plataforma también «leerá con detalle el documento de prioridades del Prasam y exigirá conocer en qué medidas se traduce, con presupuestos y plazos». Todo ello, tras «años de retraso en un asunto donde está en juego la salud, sobre todo de los niños, el entorno de los pueblos y el Mar Menor».

Fuentes municipales indicaron que la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha pedido a los técnicos evaluar la posibilidad de habilitar una balsa de emergencia y dar al agua un «uso ciudadano». Añadieron que hubo «parámetros pluviométricos totalmente inusuales, con más de 630 litros por metro cuadrado», y que «la gestión del agua la llevan los regantes, que regulan la gestión de las balsas».