La Comunidad advierte de que la obligación de limpiar El Hondón es del Ayuntamiento de Cartagena

Un vecino toma una foto de los terrenos de El Hondón, abandonados desde 2001 y cuarteados por el viento y el agua. / antonio gil / agm
Un vecino toma una foto de los terrenos de El Hondón, abandonados desde 2001 y cuarteados por el viento y el agua. / antonio gil / agm

El consejero recuerda que el municipio compró suelo a Solvia con «cargas» que dejó Potasas, y Castejón dice que el coste podría asumirlo el urbanizador

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ

La Comunidad Autónoma recordó ayer que son el Ayuntamiento de Cartagena y la propia administración regional, y no el grupo industrial Ercros ni la inmobiliaria Solvia, quienes tienen la obligación de descontaminar los terrenos de El Hondón. El consejero de Medio Ambiente, Javier Celdrán, dejó abierta la puerta a buscar una fórmula para reclamar a los antiguos dueños que asuman el coste de la limpieza de la parcela, afectada por metales pesados y material radiactivos, pero hizo hincapié en que los actuales propietarios del suelo son los afectados por el principio legal de que «quien contamina, paga».

En medio de la polémica por el abandono de los terrenos, 17 años después del cierre de la fábrica de abonos y fertilizantes Potasas y Derivados, y por la reciente compra del sector de Solvia por el Ayuntamiento (que ha pagado 500.000 euros por 180.000 metros cuadrados, Celdrán dio una versión distinta a la de la alcaldesa, Ana Belén Castejón.

A propósito de las críticas de Podemos, MC, Cs y PP por esta operación, tras conocerse que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) prevé catalogar El Hondón como suelo radiactivo y que la Comunidad lo declarará también contaminado, Celdrán declaró a los periodistas que «cuando alguien adquiere una propiedad con cargas», asume estas.

La alcaldesa indica que es «demasiado pronto para hablar de quién» limpia, pues hay que aclarar «si finalmente se urbaniza»

Al haber acordado con Solvia, inmobiliaria de Banco Sabadell, la transmisión de sus terrenos sin exigirle antes su descontaminación, el Consistorio debe presentar un proyecto y afrontar los gastos de la regeneración. Eso sí, Celdrán se mostró dispuesto a apoyar al Consistorio, si encuentra alguna vía para exigir responsabilidades a la empresa.

Solvia heredó la carga ambiental de Ercros cuando se hizo con la parcela industrial que ocupaba Potasas. La factoría, cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XIX y que dejó su huella en forma de residuos y de suelos contaminados por el depósitos de estos restos, funcionó también en esta misma zona de Cartagena bajo la marca de la empresa de Unión de Explosivos Río Tinto.

La factura para la institución municipal será aún mayor en breve, pues tras haberse hecho con la parte de Solvia pasará de disponer del 75% del suelo a tener el 90%. El motivo es que, para impulsar casi en solitario el proyecto de descontaminación, ha acordado con la Comunidad quedarse con el 15% que esta tiene en El Hondón. Lo hará previa liquidación de Podecasa, una sociedad creada por ambas administraciones para acometer un proyecto de descontaminación voluntaria.

Según declaraciones de Castejón a 'La Verdad', es «demasiado pronto para hablar de quién» regenera la zona, que ocupa un millón de metros cuadrados y que está afectada por depósitos de los dos fosfoyesos con uranio -238 y por metales pesados como cadmio, zinc, mercurio y plomo. «Si finalmente se urbaniza, el urbanizador podría hacerse cargo de la descontaminación del suelo. Hay que esperar a que la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) termine su estudio, pues con él podremos hacer un proyecto de urbanización y determinarlo todo con más concreción», argumentaron en la alcaldía. La idea es encapsular los terrenos en el propio solar, ubicado en la entrada a la ciudad por la autovía de Murcia, y construir cientos de viviendas y un parque.

Niegan que haya pasividad

Tanto la alcaldesa como el consejero defendieron la actuación de sus respectivas instituciones. Castejón rechazó haber hipotecado al Ayuntamiento, con un proyecto que la UPCT calcula en 17 millones de euros y que Podemos cuantifica en 80, y Celdrán negó que haya pasividad.

«El Ayuntamiento ya tenía terreno en este proceso, por lo que la compra de más suelo no implica un cambio sustancial en su situación. Además, las parcelas adquiridas son las menos contaminadas, ya que está demostrado que en ellas no hay fosfoyesos», argumentaron en la alcaldía. Y añadieron que cuando el CSN apruebe el censo de suelos radiactivos de España -solo hay seis-, el Ayuntamiento «podrá solicitar ayudas a otras administraciones, regional, estatal o europea, para poder acometer la descontaminación, si así lo requiere» la autoridad ambiental correspondiente.

A través de un portavoz, Celdrán indicó que Medio Ambiente supervisa el proyecto de descontaminación voluntaria presentado y pagado por Podecasa, según la normativa vigente y a las recomendaciones del Consejo de Seguridad Nuclear. El Ayuntamiento, añadió, debe aclarar las «dudas» surgidas acerca del «uso futuro de los terrenos», porque el proyecto de descontaminación se establece en función de a qué irán destinados. En Medio Ambiente indicaron que si se mantiene la opción residencial, habrá que analizar su compatibilidad con el tipo almacenamiento de los residuos; y si se opta por dejar el suelo como está, bastaría tener un vallado íntegro, pues el CSN ve un riesgo «no significativo» para la población.

Sin riesgo radiactivo alto

Justo a las puertas de la disolución de Podecasa, el Gobierno regional ha anunciado que iniciará los trámites para la limpieza obligatoria. La Consejería de Medio Ambiente argumenta que el Ayuntamiento, pese a ser el propietario mayoritario del suelo, lleva años incumpliendo las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), como acabar la verja e impedir el acceso de personas y vehículos a la parcela, para no remover el suelo.

El sábado, este diario desveló que técnicos de Medio Ambiente, la Policía Local y vecinos del Sector Estación han detectado en varias ocasiones, desde 2016, trasiego de camiones, palas y obreros en la finca, en unos casos para verter escombros y en otros para revisar tuberías.

Sobre esto último la concesionaria municipal del servicio de aguas, Hidrogea, asegura que siempre ha actuado con permiso del Ayuntamiento, para revisar canalizaciones. El Gobierno local señala, sin embargo, que no le constan tales autorizaciones.

El fiscal reabre la investigación por delito ambiental

El fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, anunció ayer que ha ordenado reabrir la investigación sobre la contaminación de El Hondón, archivada en enero de 2016. Actúa así tras la repercusión del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre los terrenos contaminados por radiactividad en España. En la Cadena Ser, Díaz Manzanera indicó que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente. «Se podría plantear la existencia de un delito por sustancias tóxicas, por la obligatoriedad de los responsables de tener los terrenos en buenas condiciones, o ver si las responsabilidades por el vertido están prescritas o no», dijo. Y añadió: «Es una situación a la que deben darse respuestas; la administración competente debe tomar medidas para evitar que el suelo esté en esas condiciones y el procedimiento está regulado. Deberá verse en vía administrativa, y si procede, en vía penal», concluyó. El consejero de Medio Ambiente, Javier Celdrán, y la alcaldesa, Ana Belén Castejón, señalaron que sus instituciones colaborarán con el fiscal.

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