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El Ayuntamiento de Cartagena pide a la ministra Ribera que compre El Vivero de La Manga para evitar su urbanización
El Pleno municipal solicita al Consejo Jurídico de la Región que aclare cómo afecta la ley de protección del Mar Menor a ese proyecto urbanístico de La Manga y a otros cuatro
El Ayuntamiento pidió ayer al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que le ayude a impedir la construcción de una urbanización en El Vivero, al inicio de La Manga, para evitar un daño ambiental al Mar Menor. Para ello, el Pleno aprobó una moción en la que insta «al Gobierno de la Nación a que inicie los trámites para adquirir esos terrenos, e impedir el crecimiento urbanístico» de una zona frente a la que en verano «aparecieron muchos peces muertos».
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Según la moción presentada por el equipo de gobierno, el Ayuntamiento pidió a la Comunidad informes para aclarar si la Concejalía de Urbanismo debe autorizar o no este y otros cuatro desarrollos en el entorno de la laguna, en cumplimiento de la Ley regional de recuperación y protección del Mar Menor aprobada en 2020. Una respuesta, recibida el 24 de septiembre y a la que ha tenido acceso LA VERDAD, se refiere al plan parcial de Los Belones (LB-2). En ella, la Dirección General de Territorio y Arquitectura de la Consejería de Fomento contesta que el objeto de la consulta no es una competencia suya y que el Ayuntamiento debe resolver el asunto. Sin embargo, en la iniciativa de ayer se alega que la Comunidad «no aclara las posibles contradicciones» de la ley autonómica y «remite al Ayuntamiento la resolución de cada asunto sin dar un criterio unificador», pese a ser «un asunto de ordenación supramunicipal».
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Cientos de viviendas
El Plan Parcial de El Vivero, promovido por Portmán Golf y la sociedad Herhospha propone un complejo de 634 casas y alojamientos turísticos junto a las Salinas de Marchamalo y en el entorno de Cabo de Palos. Hay otros cuatro planes urbanísticos cuya tramitación también plantea dudas al Ayuntamiento. Como la Urbanización Novo Carthago, en San Ginés de la Jara, un proyecto de más de 6.000 viviendas y campo de golf, cuya tramitación está judicializada; el plan de reactivación del centro comercial Las Dunas de Cabo de Palos, con supermercados y tiendas; el mencionado plan urbanístico; y otro en las Lomas de Mar de Cristal. Todos tienen en trámite su planificación urbanística sobre terrenos incluidos en la franja que delimita la ley del Mar Menor para la suspensión de nuevos desarrollos. Las excepciones establecidas en sus artículos 16.1 y 16.2 son que estén en suelo urbano o urbanizable, sean contiguos a suelos urbanos consolidados o tengan aprobado el proyecto de urbanización.
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La moción aprobada incluye la solicitud de un dictamen al Consejo Jurídico de la Región sobre este tema. También la petición al Miteco de que compre El Vivero para incluirlo «en el corredor verde anunciado por su máxima responsable, Teresa Ribera, para rodear y preservar la laguna «dado que su desarrollo tiene una afección directa al Mar Menor». Se trata de un área de relleno ganada al mar con materiales sobrantes, incluidos los de la minería.
La propuesta salió adelante gracias a los siete ediles del PP, los seis no adscritos expulsados del PSOE y los dos de Ciudadanos, con el apoyo de Gonzalo Abad, exconcejal de Vox. MC y Vox se abstuvieron y Unidas Podemos votó en contra y reprocharon no haber sido consultados hasta ayer. Asimismo, el secretario general del PSOE. Manuel Torres, consideró «una desvergüenza» pedir al ministerio que compre terrenos de «un promotor amigo», en vez de usar los mecanismos del Ayuntamiento contra su urbanización.
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Por último, la moción aprobada en el Pleno insta «a las administraciones competentes a agilizar los trámites para la licitación del contrato municipal» para eliminar fangos y secos de las playas» del litoral cartagenero del Mar Menor con el compromiso de que la Comunidad lo financiará.
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Por otra parte, en la sesión salió adelante una moción en defensa del sector agrícola frente a quienes lo responsabilizan de la contaminación de la laguna. La iniciativa de Vox, apoyada por el ejecutivo de coalición y el edil no adscrito Gonzalo Abad, insta al Gobierno local a que «muestre su solidaridad con los agricultores, ante el acoso por parte de sectores e instituciones que lo señalan» como causantes del problema.
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La portavoz del Grupo Mixto, Pilar García, de Vox, subrayó que la propuesta pretende «proteger» a un sector básico para la economía local. En la moción incluyó la petición de «un compromiso para asegurar que la solución a la crisis del Mar Menor se acuerda con los agricultores». MC no sacó adelante una enmienda crítica con la agricultura intensiva y con los vertidos, incluidos los agrícolas. Unidas Podemos votó en contra de la moción porque «no dice nada contra la agricultura intensiva». «Queda claro quien apoya al sector y quién no», subrayó Pilar García.
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