Código rojo, carga sospechosa

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil vigilan a diario la salida y entrada de los cargamentos en las dos dársenas

Antonio López
ANTONIO LÓPEZ

Un grupo de mozos de almacén aguardan junto a un contenedor de 45 pies (unos 14 metros de largo). Llegan agentes de la Guardia Civil y Aduanas y con una radial o unas grandes pinzas para quitar los sellos de seguridad cortan los precintos. En la central de la Dependencia de Aduanas de Cartagena ha saltado el código rojo y toda la maquinaria de los servicios de inspección de la Agencia Tributaria se ha puesto en marcha. Los funcionarios estatales, junto a trabajadores del puerto del sector de la estiba y desestiba, se ponen manos a la obra, para evitar que se 'cuelen' en el territorio español artículos de contrabando o sin pagar los impuestos que les corresponden.

Ellos forman la Unidad de Análisis de Riesgos, el equipo encargado de inspeccionar un contenedor sospechoso de no cumplir con la legislación. Lo hacen de manera aleatoria, en unos casos, o después de que un sistema informático avise de un posible fraude tras pasar una serie de filtros, basados en la información que aporta el exportador o importador. Cuando eso ocurre, a través de un camión o una grúa es trasladado a la zona del puerto conocida como PIF (Puesto de Inspección Fronterizo) donde proceden a vaciar el contenedor y a realizar una inspección física, a veces paquete a paquete.

Rompen los cierres

Los funcionarios sacan paquete a paquete y, si es necesario, llevan muestras al laboratorio

Los funcionarios rompen los cierres para abrir los portones, siempre tomando imágenes de cada movimiento para no incurrir en irregularidades. «Nuestro trabajo es verificar que la mercancías es la establecida en la documentación presentada y que se ajusta a la legalidad y por supuesto comprobar que no es de contrabando. Si tenemos dudas, tomamos muestras, que llevamos a nuestros laboratorios, para analizar el producto. Así nos aseguramos de que está conforme a la declaración realizada al entrar al puerto», explica la jefa de Dependencia Aduana de Cartagena, María Luisa Cuadrillero, momentos antes de abrir un contenedor.

Tras ello se pueden dar varias opciones: que el dueño de la mercancía subsane todas las irregularidades cometidas y el contenedor pueda continuar su camino o que no pueda cumplir la ley. En este caso, los artículos deben volver a su lugar de origen, aunque también pueden quedar abandonados si la mercancía ya no es rentable. En estos casos, transcurridos 90 días, el puerto destruye el cargamento, algo costoso para el estado, o subasta la mercancía, algo que en el puerto de Cartagena se ha hecho en varias ocasiones.

 

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