Antonio Navarro: «Es un esperpento seguir sin fecha para construir la Ciudad de la Justicia»

–¿Por qué ha renunciado a optar a la reelección?

–Fundamentalmente porque necesito más tiempo para mí, en lo profesional y en lo personal, y quizás ver otras posibilidades de ayudar a la sociedad. También es verdad que, con motivo de la pandemia, estos dos últimos años han resultado durísimos. Me han supuesto más trabajo que en cualquier otra época en el Colegio. Ha sido una labor oscura, pero agotadora a todos los niveles.

–¿Qué balance realiza de sus cuatro años como decano y de toda su etapa como directivo del Colegio en distintos cargos?

–Eso es una cuestión a la que tendrían que responder mis compañeros y, en todo caso, en lo que tiene el Colegio de actividad exterior, vosotros y los ciudadanos. Sí puedo valorar que he puesto mi máxima capacidad de trabajo y mucha ilusión.

–¿Cómo evalúa la falta de fechas y presupuesto para construir la Ciudad de la Justicia de Cartagena y abrir el Juzgado de lo Mercantil? Tampoco se habilita una sede provisional para reunir los órganos repartidos por la ciudad.

–Es todo un esperpento. Y lamento utilizar esta expresión. Llevamos quince años para construir algo esencial para la comarca. Llego a creer que no existe una verdadera voluntad del Ministerio de Justicia. Si no es así, la situación no tiene explicación. Lo mismo podríamos decir de la ubicación provisional de los juzgados. Respecto al Juzgado de lo Mercantil, vuelvo a utilizar el término esperpéntico. La historia de este juzgado lo es. Un juzgado comprometido desde hacía más de un año acaba, de repente, en Murcia. Se nos concedió otro, después, por presión de la sociedad y un año más tarde no se han empezado ni las reformas para ponerlo en marcha. El local ha tenido que ser cedido por el Ayuntamiento, cuando es competencia de la administración central. Es todo un dislate y es muy triste.

–¿Cómo evalúa que el Ayuntamiento no haya convocado aún la reunión de la Mesa de la Justicia solicitada por la plataforma judicial a la alcaldesa en junio? ¿Le parece justificado el argumento de que se convocará cuando haya novedades que comunicar?

–Aquí distingo dos cosas, tal y como las he vivido. Por una parte, creo que por el equipo de gobierno del Ayuntamiento sí ha existido una voluntad decidida de traer la Ciudad de la Justicia a Cartagena y comarca, e igualmente del resto de partidos políticos que conforman el arco político del Ayuntamiento. A veces con diferencias, pero con una voluntad unánime de hacerlo, lo que es muy importante. Respecto de la pregunta inicial, no me parece bien, Se lo hemos planteado los empresarios, las asociaciones de vecinos y colegios profesionales, toda la plataforma por la Ciudad de la Justicia, que representa a la casi totalidad de la sociedad civil y colectivos profesionales. Entiendo que se debería haber convocado ya. Respecto de la segunda pregunta, no. Nosotros se la pedimos con presencia del Ministerio de Justicia, para que nos explicaran a los representantes de los ciudadanos de una vez qué ocurre y coadyuvar a desbloquear el problema. ¿Ha aceptado el Ministerio el solar de Santa Lucía después de más de un año? Si la respuesta es sí, empecemos a trabajar ya; si es no, pasemos a trabajar en otro lugar sin dilación, pero no podemos permanecer eternamente anclados esperando una respuesta, sin novedades.

–¿Qué le parece la decisión del Ministerio de crear solo un juzgado en 2021 en la Región de Murcia y que sea en la capital?

–Pues me parece que sigue la misma política de inversión cero en Cartagena y su comarca. Los datos sobre la llegada de juzgados a la Región y sobre dónde se ubican los pocos que vienen están ahí, en la página del web del Ministerio o del Consejo General del Poder Judicial. Para el Ministerio, estos últimos años, parece que la Justicia empieza y acaba en una sola ciudad de la Región.

–¿Cree que la Comunidad Autónoma, la Asamblea Regional y el Ayuntamiento están presionando de forma suficiente para mejorar la situación de la Administración de Justicia en Cartagena?

–La Comunidad Autónoma ha elaborado el Plan de Justicia y la Asamblea ha aprobado varias mociones. Sí creo que han intentado hacer lo que pueden dentro de sus competencias, pero desde que se creó la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia esta tiene poco peso efectivo a nivel nacional; y en este ámbito se nota y mucho. Con respecto al equipo de gobierno del Ayuntamiento, sí ha puesto voluntad en que el Partido Judicial de Cartagena tenga Ciudad de la Justicia por entender su necesidad, si bien noto que en los últimos dos meses el tema se ha estancado. Y eso me preocupa mucho.

–¿Por qué diría que son importantes las elecciones en el Colegio de Abogados, tanto a nivel de la profesión como en la proyección pública de la institución?

–La Abogacía es una profesión extremadamente importante, la única liberal que aparece expresamente reconocida en la Constitución Española. De ella dependen las peticiones de derechos y defensa de los ciudadanos. Es necesario, para un mejor servicio a la ciudadanía, un control deontológico de la misma, una formación continua, etcétera. Y eso lo da un Colegio de Abogados. Por otra parte, nos hacemos cargo del Turno de Oficio en nuestro partido judicial. La justicia gratuita ha llegado este año ya a 11.000 personas, un 22% más que en 2020. Y somos la punta de lanza en las reivindicaciones sobre instalaciones judiciales. El Colegio de Abogados tiene una proyección pública muy importante.

–De nuevo, la Justicia está siendo objeto de controversia nacional por el retraso en la renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Hay críticas a la politización por la negociación entre PP y PSOE para desbloquear estas instituciones. ¿Le preocupa la situación? ¿Qué cambios ve necesarios?

–La valoro muy negativamente, porque hace perder la credibilidad de la Justicia frente al ciudadano y con toda la razón. Se habla de jueces conservadores o progresistas como si la función de impartir justicia tuviera que ver con una ideología, y nada más lejos de la realidad. La falta de renovación del Consejo ha incrementado por ejemplo, según la Unión Europea, el riesgo de injerencia política en el sistema judicial español. Es un peligro del que Europa ya venía alertando desde hace casi una década y que ocurre a costa, sobre todo, del sistema de elección de los vocales del Consejo. En este país es anómalo, por convertirse en el producto de una negociación política. Los miembros deberían ser elegidos por los propios jueces. El poder judicial es una forma de control del poder político y eso garantiza el Estado de Derecho. Mal se entiende que sean estos los que escojan a los miembros del CGPJ.