Cierre judicial de una planta que reciclaba escombros en El Beal sin licencia en regla
La paralización de la actividad es una medida cautelar tras una querella por presunto delito ambiental presentada por vecinos de la zona
«Precintado por el puesto de la Guardia Civil de El Algar, el 21 de julio de 2020, por las diligencias previas que instruye el ... Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena». Así reza el documento que ayer cumplía su quinto día adherido a la puerta de entrada de la planta de reciclaje de escombros de la empresa Contenedores Astesa SL. La clausura de las instalaciones fue ordenada por la autoridad judicial como medida cautelar dentro de la investigación de un presunto delito contra el medio ambiente, a instancias de al menos un vecino de El Beal. La decisión tiene lugar porque la explotación carece de licencia en regla para esa actividad y ha funcionado, al menos desde 2013, con un permiso que primero fue suspendido por orden municipal y después caducó. La existencia o no de una conducta criminal aún debe ser dilucidada.
«La querella fue interpuesta por un particular hace dos años», explicó ayer Carlos Bernabé, que ejerce como representante legal de la mercantil ubicada junto a la vía rápida e La Manga. «Desde entonces, nadie ha presentado ni un solo papel que acredite ese daño ambiental del que habla el denunciante», añadió. El juzgado está a la espera de un informe solicitado sobre esta cuestión a la Dirección General de Medio Ambiente de la Administración Regional. «Estamos finalizándolo y pronto será remitido al juzgado», indicó un portavoz de la Comunidad.
La actividad de Contenedores Astesa SL ya causó revuelo en 2012 y 2013. Por entonces, este diario se hizo eco de las quejas de vecinos que decían que cada vez que soplaba viento, las rachas arrastraban considerables cantidades de partículas hasta sus propiedades. En apariencia, la forma de depositar los residuos no era la adecuada, dado que el recinto dejaba escapar nubes de polvo que generaban molestias a vecinos de la zona de El Beal y podían resultar nocivas para su salud.
Por entonces, la empresa contaba con una licencia provisional e intentaba tramitar la definitiva. La primera fue suspendida por el Ayuntamiento, con Francisco Espejo como concejal de Urbanismo y Agustín Guillén como vicepresidente de la Gerencia Municipal.
Incompatibilidad urbanística
Pese a sus reiterados intentos, tampoco ha conseguido el permiso definitivo. Sus promotores pidieron una autorización ambiental integrada a la Comunidad Autónoma. Pero, en junio de 2019, las autoridades regionales archivaron el procedimiento «por incompatibilidad urbanística». Así pues, «la empresa no está o no puede estar en activo, al no tener autorización ambiental», añadió la fuente consultada en la Administración regional.
La querella fue presentada el año anterior a la decisión de la Comunidad Autónoma. Según Bernabé, en ella figuraban más presuntos implicados, además del gerente de Astesa SL. El abogado aseguró que Espejo y Guillén estaban entre ellos, al igual que Amador López, que era el director general de Medio Ambiente en 2013.
El portavoz consultado en la Comunidad aseguró que Espejo, que actualmente es director general de Agricultura, no figura en ninguna de las peticiones remitidas por el juzgado. «Además, él no tiene ninguna constancia de que se le implique en la querella». Sin embargo, no dijo nada de los otros dos ex altos cargos, uno municipal y el otro autonómico.
La suspensión de la actividad en la planta de residuos ha dejado a quince personas sin trabajo. «Son quince familias las que se ven afectadas por esto», subrayó Bernabé. Para revocar esta medida cautelar, este letrado ha preparado un recurso que ayer presentó ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial con sede en Cartagena. Además, la empresa a la que representa también tiene en preparación un estudio científico para demostrar que no hay evidencia alguna de que su actividad cause los problemas ambientales y para la salud que sostiene la querella. «Se habla de la afección a una rambla cercana que no han quedado acreditada de ninguna manera», apuntó.
Así pues, a su juicio, la clausura no tiene sentido, ya que está planteada como parte de una querella, hasta que se dilucide si hay delito ambiental y daños para la salud. Otra cosa son las consecuencias administrativas de carecer de los permisos de actividad actualizados. Pero eso, según Bernabé, no es algo que esté en cuestión ahora porque el cierre no parte de una orden de la Concejalía de Urbanismo ni de la Comunidad Autónoma.
Mamparas de seis metros y riego continuo para fijar el polvo
La escombrera clausurada está junto a la vía rápida de La Manga y a 800 metros de distancia del núcleo de El Beal. Los responsables de su actividad señalan que eso desactiva ya en gran medida las quejas de los vecinos. Además, argumentan desde 2013 que el recinto cuenta con mamparas de seis metros de altura y resistentes a rachas de viento de hasta 120 kilómetros a la hora, que ejercen de barrera. Su gerente ya indicó hace siete años que la oleada de denuncias podían deberse a los intereses particulares de dos vecinos muy concretos. Las escombreras son humedecidas continuamente para evitar nubes de polvo y la limpieza de los accesos para retirar el escombro que cae de los camiones es diaria, añadió entonces.
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