Así cazaron al guardia civil chivato de la trama ilegal del atún rojo

Guardias civiles inspeccionado un camión en las instalaciones de la firma Ricardo Fuentes e Hijos, el pasado junio. /JAVIER CARRION / AGM
Guardias civiles inspeccionado un camión en las instalaciones de la firma Ricardo Fuentes e Hijos, el pasado junio. / JAVIER CARRION / AGM

«Hay un tío grabando a un chófer mío del caladero; a ver qué puedes hacer», se escucha decir en una grabación a José Fuentes mientras pide ayuda a un agente de la Benemérita

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Los 'perros de presa' de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) llevan días siguiendo muy de cerca los pasos de José Fuentes, el máximo representante de la firma cartagenera Ricardo Fuentes e Hijos, la empresa líder en Europa en la producción y comercialización de atún rojo. El rastro es tan nítido como lo sería el reguero de sangre dejado por un jabalí herido para un viejo téckel de pelo duro. Los agentes lo están sometiendo a seguimientos, vigilancias encubiertas y controles de actividad, le están haciendo grabaciones ocultas, tienen sus teléfonos intervenidos... El empresario es un chollo, pues no se corta un pelo a la hora de hablar por el móvil y les está aportando datos de gran importancia sobre el funcionamiento de una supuesta trama ilegal de puesta en el mercado de pescado de origen furtivo, que estaría siendo comercializado con documentos falsificados y sin las debidas garantías sanitarias.

Pero el 6 de junio, a las 11.22 horas, se disparan todas las alarmas. José Fuentes echa mano del móvil y se le escucha decir: «Hola, Jordi. Hay un tío grabando a uno de mis chóferes del caladero. Mira a ver qué puedes hacer. El otro día lo estaban grabando en el mercado de Alcantarilla y hoy otra vez en La Palma».

El interlocutor desconocido solo responde: «Dame la matrícula y lo miro».

El empresario cartagenero marca el teléfono de su conductor. «Oye, acércate y le haces frente. Y le coges la matrícula para que la miremos». Pero el empleado no las tiene todas consigo, porque no sabe si la mercancía que lleva está correcta. «Mira, yo antes quiero saber cómo está el pescado que llevo», se atreve a responder. Finalmente, a regañadientes, se aproxima un poco, y le dice que «la tía está allí aparcada, en un Renault Megane gris», del que proporciona la placa de matrícula.

Un segundo más tarde, a las 11.27 horas, Fuentes vuelve a llamar a 'Jordi'. «Pueden estar vigilando nuestras actividades», viene a decirle. «Necesito saber quién lo está haciendo o a quién pertenece el vehículo». El interpelado le confirma que se pone en marcha: «Hago la consulta y te informo». En tono de gran confianza, el industrial se despide: «Gracias, mi capitán».

El agente que está escuchando esas conversaciones -intervenidas por orden judicial- es tan consciente de la gravedad de los hechos que se traslucen de las mismas que informa en el acto a los especialistas del Ucoma. Viene a decirles que en la investigación se les ha metido un bicho y que corren el riesgo cierto de que todo se les acabe pudriendo. Que no sabe quién es el 'topo', pero que el asunto pinta feo y que ya veremos si no es alguien de su propia 'empresa'. Luego les da el número del móvil al que ha llamado José Fuentes, para que empiecen a tirar del hilo.

En ese momento, con todas las alarmas sonando ya en la unidad, se activa una investigación muy puntual, una línea derivada de la llamada 'Operación Tarantelo', cuyo único objetivo es tratar de dar con el 'soplón' en el menor tiempo posible para, seguidamente, cruzar los dedos y confiar en que los daños derivados de la filtración no sean irreparables.

«No quiero hablar por...»

A las 11.50 horas, el magnate del atún rojo contacta de nuevo con 'Jordi' y este le dice: «Estoy en ello. Verás, es un coche... Ahora te explico».

A las 12.28 horas es 'Jordi' quien llama. «¿Dónde estás?». Fuentes le hace saber que está «en la comercializadora, pero mejor nos vemos en los frigoríficos». El otro le da el ok. «Es que tengo que comentarte eso y no quiero hablar por...».

Trece minutos más tarde, 'Jordi' vuelve a telefonearle solo para preguntar al empresario dónde se encuentra. «Sube», le responde este.

El chivatazo, supuestamente, se ha consumado. Y así parece demostrarlo el hecho de que, a las 14.19 horas, José Fuentes habla con su hermano Juan Pedro y le informa de que «el coche pertenece al Ministerio del Interior y no se sabe si es de la Policía o la Guardia Civil. Y no sabemos si es por cosa nuestra o por cosa del chófer». En su contestación, Juan Pedro deja en evidencia que él también cuenta con algún confidente de alto nivel: «En Madrid lo mismo; tampoco han sabido decirme». La preocupación se deja traslucir en toda la conversación. «Vamos ver. Igual no es cosa nuestra y es cosa del chófer», insiste. «Vamos a controlar a ver qué pasa».

Pero, pasar, ya pasa. Por el momento, José Fuentes cambia drásticamente de actitud. Deja de largar por el móvil como lo había venido haciendo, e incluso cambia de número de teléfono, obligando con ello a los investigadores a redoblar sus esfuerzos para no perderle el rastro. Cuando el día 8 habla por teléfono con uno de sus lugartenientes, Francisco S.L. y a este se le ocurre mencionar que no tiene papeles para los atunes que va a poner en el mercado, José le reprende con dureza: «Ahora nos vemos. ¡No lo digas más por aquí!».

«Datos absolutamente restringidos»

Los investigadores no tienen que hacer grandes esfuerzos para concluir que «la organización cuenta con distintas personas que realizan cometidos distintos, como las consultas de bases de datos de seguridad absolutamente restringidas», y se ponen en marcha para tratar de identificar a los 'soplones'. El primero de ellos es rápidamente identificado. Tirando del teléfono al que José Fuentes había llamado, la base policial SIGO (Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana), que almacena información sobre delitos, delincuentes, automóviles y diligencias policiales, desvela que un agente de la Guardia Civil ofreció ese mismo número como como contacto cuando, meses antes, presentó una denuncia por un motivo particular. Un agente destinado en el cuartel de Torre Pacheco.

Seguidamente, el instructor de las diligencias de la 'Operación Tarantelo' reclama del Ministerio del Interior que averigüe quién consultó la matrícula del Renault Megane camuflado entre las 9.00 y las 12.30 horas del 6 de junio pasado. La respuesta viene a confirmar las sospechas, pues establece que fue ese mismo guardia quien hizo la consulta desde un terminal informático del acuartelamiento pachequero. Lo hizo a las 11.50 horas, precisamente en el momento en que a una llamada de José Fuentes, 'Jordi' respondió: «Estoy en ello. Es un coche... Ahora te explico».

La mencionada auditoria sobre consultas de la base de datos restringida desvela que Juan Pedro Fuentes tampoco iba de farol cuando hablaba con su hermano de sus contactos «en Madrid». De hecho, ese mismo día 6 alguien consultó esa misma matrícula desde la Dirección General de Infraestructuras y Material de Seguridad de la Guardia Civil. Un rastro que ahora se está siguiendo en busca del segundo topo.

El daño estaba hecho

El daño, con todo, ya estaba hecho. En el atestado elaborado sobre este asunto concreto por la Ucoma se deja constancia de que el soplo ha obligado «a sacar de la zona de investigación a parte de los integrantes de la unidad que desarrollaba labores operativas sobre los investigados, con el fin de proteger la seguridad de los mismos». Por supuesto, al coche camuflado descubierto por los presunto miembros de la trama delictiva hubo que proporcionarle otra matrícula y destinarlo a otro servicio diferente.

El principal sospechoso, José Fuentes, «ha dejado de mantener conversaciones de interés judicial para el esclarecimiento de los hechos delictivos investigados». Esto es, que se había cerrado en banda y además había cambiado el número de teléfono, «obligando a los investigadores a tener que solicitar otras medidas extraordinarias».

Por todo ello, los especialistas del Ucoma advirtieron al juez instructor de que «el grave perjuicio causado a la investigación ha sido tal que, para poder controlar el traslado por vía terrestre de ejemplares de atún rojo capturado furtivamente para su venta en Mercamadrid, se han debido desarrollar numerosos servicios de vigilancia y seguimientos discretos, con manifiesto peligro para la investigación». Y concluyen que «las consecuencias de la información que ese guardia civil transmitió a los investigados es de una gravedad incuestionable y sumamente perjudicial para la investigación en curso. No en vano, los objetivos no solo han extremado sus medidas de contravigilancia o la utilización de otros medios tecnológicos de comunicación, sino que de igual forma pueden hacer desaparecer numerosas pruebas de extremada necesidad para conocer el alcance de la comisión delictiva, como movimientos de dinero B que tenga oculto, documentación que los pueda vincular directamente con los delitos investigados, transmisión de propiedades, fondos monetarios, etc.».

A partir de ese momento, mejor no estar en el uniforme del sospechoso.