Castejón y el Perpetuo Socorro se cruzan denuncias sobre la cárcel de San Antón

Torralba y Castejón, en el centro, ayer en la alcaldía con delegados de la plataforma de defensa de la cárcel de San Antón. /pablo sánchez / agm
Torralba y Castejón, en el centro, ayer en la alcaldía con delegados de la plataforma de defensa de la cárcel de San Antón. / pablo sánchez / agm

La alcaldesa lleva a la Fiscalía por presuntas calumnias al gerente del hospital y este se querella contra la regidora por no dar la licencia de derribo

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ y ANTONIO LÓPEZ

La polémica sobre el proyecto de derribo parcial de la antigua cárcel de San Antón por parte de la empresa que gestiona el Hospital Perpetuo Socorro, en Cartagena, ha saltado al ámbito judicial. La alcaldesa denunció el 21 de marzo ante la Fiscalía al gerente del centro sanitario, José Hernández Mondéjar, por un posible delito de calumnias y este presentó este lunes 25 en un juzgado una querella por prevaricación contra la regidora. La empresa que gestiona el centro sanitario privado pretende ampliar las instalaciones y habilitar un aparcamiento de vehículos.

Fuentes municipales y empresariales confirmaron a 'La Verdad' la presentación de ambas denuncias, en medio de una creciente polémica a nivel político por la decisión del Ayuntamiento de recurrir en la vía contencioso-administrativa la autorización de obras de demolición dictada por la Comunidad Autónoma. El Consistorio de Cartagena solicitó en un juzgado la suspensión cautelar del permiso y recurrió la incoación, por parte de la Dirección General de Bienes Culturales, de la declaración de la cárcel como bien inventariado.

La corporación local mostró su discrepancia sobre el «cambio del criterio de la Administración autonómica, que primero protegió los pabellones interiores del Centro Penitenciario de San Antón y dejó caducar el procedimiento, para incoar después uno nuevo». Según el Consistorio, Cultura «desprotegió» esas zonas e inició los trámites para proteger el resto pero, «sin resolver el recurso de alzada presentado por el Ayuntamiento, autorizó las demoliciones de los pabellones».

En respuesta a este movimiento del Gobierno local, del PSOE, el gerente del hospital registró un escrito el 14 de marzo, en el que expresó la «ilegalidad manifiesta y continua del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena». Mencionó también «la contumacia de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, en su actuación prevaricadora continuada omisiva de no conceder la licencia de demolición que es preceptiva y obligada según Ley». En ese documento, José Hernández indicó que «Ana Belén Castejón puede haber cometido, además del delito de prevaricación, un delito adicional de malversación de caudales públicos, pues está dilapidando el dinero para un acto ilegal».

Reclama 700.000 euros

«A la vista de tales manifestaciones», Castejón decidió acudir a la Fiscalía para poner en su conocimiento que la alcaldesa «ni ha prevaricado ni ha malversado fondos públicos», y que es Hernández quien puede haber incurrido en un delito de calumnias. Según el escrito presentado por la Asesoría Jurídica Municipal ante el Ministerio Fiscal, debe ser tenido en cuenta el artículo 215.1 del Código Penal, que «señala que se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos».

El Ayuntamiento recordó a la Fiscalía que ya en mayo de 2018, el abogado del hospital, el exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Manuel Abadía, advirtió de que se reservaba «acciones penales» por prevaricación contra la alcaldesa, los miembros de la Junta de Gobierno «e incluso funcionarios invitados a la misma». La respuesta de la empresa llegó este lunes por medio de una querella criminal por un presunto delito de prevaricación por omisión continuada, según confirmó a este diario Abadía. El letrado explicó que «cuando se solicita licencia de demolición, la ley establece un plazo máximo de tres meses para concederla». Añadió que el Perpetuo Socorro pidió la autorización hace más de dos años, en concreto lo hizo el 6 de febrero de 2017.

El hospital también ha reclamado una indemnización de 700.000 euros, por daños y perjuicios. Abadía indicó que la posible condena a la alcaldesa llevaría aparejada una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de 10 a 15 años.

Castejón y el concejal de Servicios Públicos, Juan Pedro Torralba, se reunieron ayer por la tarde en el Palacio Consistorial con miembros de la plataforma ciudadana en defensa de la cárcel para abordar la situación.