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Jueves, 24 de enero 2019, 01:37
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La cárcel de San Antón tiene una última opción de permanecer íntegramente en pie y ser utilizada para fines socioculturales. La alcaldesa, Ana Belén Castejón, ha iniciado una negociación con representantes de Hospital Perpetuo Socorro SA, empresa propietaria del antiguo penal, para evitar su derribo parcial y convertirla en un centro público capaz de dinamizar la actividad del barrio, en lugar de una ampliación del centro sanitario.
Castejón se ha visto ya con la directora de Relaciones Institucionales de la compañía, María Dolores Flores. Después ha habido al menos un encuentro más entre técnicos de Urbanismo y de la sociedad. En ambos casos se han sucedido ofertas y contraofertas acerca de los términos de un acuerdo de adquisición por parte del Ayuntamiento.
Descartado el pago en metálico, la contraprestación más probable sería por medio de una permuta por terrenos que le pueden interesar al Perpetuo Socorro para mantener el plan de ampliación de sus instalaciones que pretendía realizar en los terrenos que ocupa la cárcel. Para ello, se barajan varias opciones de suelo que el Ayuntamiento podría facilitarle.
El tiempo corre en contra del Ayuntamiento, que debe llegar a un acuerdo en breve, para no tener que expedir la licencia de derribo parcial del edificio, que ya cuenta con el permiso de la Consejería de Cultura. Este departamento, máximo órgano competente sobre la protección de patrimonio histórico artístico en la Región de Murcia, dio hace un mes el visto bueno definitivo a la demolición del pabellón de reclusos, en estado ruinoso, y a la perforación de los muros exteriores para hacer puertas que permitan la entrada y la salida de vehículos.
Hospital Perpetuo Socorro SA se hizo con el inmueble en una subasta celebrada en enero de 2017 por el Ministerio del Interior, que llevaba años deseando deshacerse de la propiedad de este penal en desuso desde hace década y media. El Ayuntamiento, con José López (MC) como alcalde, no hizo ninguna oferta y la cárcel acabó en manos privadas por medio millón de euros. Sin embargo, la tramitación posterior de la licencia de derribo tropezó con las gestiones municipales para proteger el edificio en su integridad, en respuesta a la presión ciudadana. Castejón, del PSOE, ha insistido en esa línea desde que es primera edil.
La Administración regional inició entonces un expediente de Bien Inventariado, que se resolvió el 11 de abril del año pasado. En la documentación se recoge la obligación de mantener en pie las cinco torres de garitas, el área de oficinas y la mayor parte del muro exterior. Sin embargo, autorizó la eliminación de pabellón de internos. Entre los recursos presentados a esa decisión hubo uno del Ayuntamiento, que consideró «contradictorio» proteger unos elementos y permitir el derribo de otros, en lugar de obligar a la conservación íntegra de la única cárcel construida en la Región durante la Segunda República. Sin embargo, no ha surtido efecto ni su reclamación ni ninguna de las otras. Todas han decaído, por lo que el Ayuntamiento se ha visto obligado a iniciar la negociación para evitar que los propietarios hagan uso del dictamen de Cultura y pidan licencia de demolición. La resolución autoriza también a rebajar los muros exteriores a su altura original.
La intención expresada ya por la empresa propietaria es emplear parte del recinto como aparcamiento para los clientes del hospital, que está justo al lado. Sin embargo, en las negociaciones recién iniciadas se ha mostrado dispuesta a considerar otras opciones. En el Ayuntamiento, no obstante, creen que el acuerdo es difícil.
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