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La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, evitó ayer hacer autocrítica sobre la responsabilidad municipal en la pérdida de 435.000 euros para la restauración del antiguo fuerte militar de Despeñaperros. Se limitó a constatar que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenó en diciembre pasado devolver el dinero disponible para estas obras al Ministerio de Fomento, porque el colectivo Aforca no le presentó un proyecto ni un presupuesto. Y pasó por alto que los magistrados basaron también su decisión, desvelada por 'La Verdad', en que el Ayuntamiento no entregó documentación sobre el desarrollo del convenio firmado con esa asociación para impulsar las obras en este monumento del siglo XIX.
«El tribunal lo que dice es que tiene que haber un proyecto concreto, no un anteproyecto ni protocolo», afirmó Castejón. Y añadió que está «hablando con el Ministerio para que esa ayuda que ellos [Aforca] solicitaron» sea mantenida. «La obligación del Ayuntamiento es intentar interceder ante el Ministerio para que le dé una oportunidad a Aforca para que pueda seguir optando a esa ayuda, porque es buena para Cartagena; y el gobierno municipal va a ser su gran aliado», añadió Castejón.
En el borrador de Presupuestos Generales del Estado de 2019, presentado a principios de este año, el Gobierno central no incluyó ninguna partida de Fomento para Despeñaperros. El dinero del fuerte no es una ayuda o subvención, sino la indemnización cuyo pago fue impuesto al Ministerio en 2008 en una sentencia judicial, por haber autorizado la colocación de una corona o pretil en la Muralla de Carlos III. Previo acuerdo con Fomento, con el Ayuntamiento y con la Comunidad, condenados todos ellos por la alteración de este Bien de Interés Cultural (BIC) en 1999, como demandante Aforca consiguió en 2015 que la Justicia permitiera usar el dinero en un proyecto alternativo, de menor complejidad técnica y presupuestaria. Se trataba de construir una réplica de las Puertas de Madrid, al inicio de la calle del Carmen.
Ya en 2017, con José López (de MC) en la alcaldía, Aforca firmó un convenio con el Ayuntamiento, y se comprometió a presentar un proyecto distinto, el de Despeñaperros. El Consistorio limpió la zona.
Aforca alegó que no podía redactar el proyecto, hasta que el TSJ liberara el dinero; y que confió en que el Consistorio le echara una mano ante la Justicia y ante la Consejería Cultura, para un informe preceptivo.
El concejal de MC Jesús Giménez denunció «el desinterés del Ejecutivo de Castejón, la falta de implicación de la Comunidad y la negligencia del director de la asesoría jurídica municipal». Giménez exigió ayudar a Aforca a «recuperar el dinero o involucrar al Gobierno regional en recuperar el fuerte». La edil de Unidas Podemos (UP) Pilar Marcos criticó que «el Ayuntamiento, con Castejón a la cabeza, escribe otra página en la pérdida de ayudas, esta vez en Patrimonio, haciendo gala de su incompetencia».
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