Castejón estudia pedir la nulidad de la recalificación, por sugerencia del fiscal

Sin necesidad de esperar a una posible sentencia penal condenatoria contra los procesados por presunta corrupción, algo que dejaría sin efecto la Modificación Puntual 113 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana, el Consistorio puede aplicar sus competencias y «declarar nulo» o revisar de oficio el cambio de planeamiento. La clave es la falta de «informes preceptivos».

La institución municipal, que optó por suspender la tramitación del expediente, a la espera de la vista oral y del fallo de la Audiencia Provincial, puede invocar irregularidades por parte de la Comunidad para cargarse la polémica urbanización. Fuentes de la alcaldía indicaron ayer que Castejón estudia ya con los técnicos de Urbanismo iniciar la revisión de la recalificación, mediante la solicitud de un informe al Consejo Jurídico de la Región. «No se aprecia ninguna exigencia ni necesidad de autorización del Juzgado de Instrucción» 2 de Murcia para que las autoridades municipales den marcha atrás a la recalificación, «si esa fuera la voluntad de la corporación», asegura el fiscal. Y añade que «sería una decisión que entra en su ámbito competencial».

En un escrito fechado el 9 de julio, dirigido al juez y al que ha accedido 'La Verdad', Lozano argumenta que «el Ayuntamiento ha acordado la suspensión de la reparcelación, y si lo entiende procedente, puede ir más allá». Y se remite a los «defectos de legalidad existentes, de carácter administrativo», incluso aunque aquellos «carezcan de entidad penal».

«A mero título de ejemplo -da una pista el fiscal-, el incumplimiento de un trámite de información pública podría determinar la nulidad en el ámbito de lo administrativo». Y apunta que, dado que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de los Espacios Naturales e Islas del Mar Menor no fue sometido a información pública antes de su modificación en 2003, se «podría retomar la regulación del PORN de 1998». Eso abocaría a «abandonar la fraudulenta regulación del PORN de 2003 e impedir la ejecución de la Modificación Puntual número 113». La organización ecologista ANSE lleva años exigiendo a las autoridades locales y regionales que usen esta fórmula para tumbar la urbanización.

El Ministerio Público cita como antecedente el 'caso Zerrichera', donde las irregularidades relativas al Plan de Gestión de la Sierra de La Almenara (Águilas), llevaron al Gobierno regional a derogar el proyecto de macrourbanización. Y eso «pese a que el procedimiento penal estaba en fase de instrucción».

Lozano también viene a indicar que, en Novo Carthago, el Ayuntamiento podría acogerse a «la ausencia de cualesquiera otros informes preceptivos», una falta que «determina la nulidad» del procedimiento administrativo. En concreto, menciona «la falta de informe favorable de la CHS» (Confederación Hidrográfica del Segura) sobre la disponibilidad de agua para el residencial , «aunque tuviera el visto bueno del Ente Público del Agua» de la Comunidad.

La revisión de oficio la iniciaría la Junta de Gobierno Local y la acabaría el Pleno. Este órgano inició el cambio del planeamiento en agosto de 2003, con los votos a favor del PP (con Pilar Barreiro de alcaldesa) y del PSOE. Este partido cambió después de postura y se opuso. Ahora, la corporación está integrada por PP (10 ediles), PSOE (6), MC (5), Ciudadanos (3) y Podemos (3).